Teniendo en cuenta la importancia del derecho y de la justicia resulta cuestionable que el Estado español, a través del Congreso pueda aprobar una ley como esta, que pretende establecer barreras en la defensa de la justicia internacional y los derechos humanos, mientras que, por otra parte el Gobierno defiende la candidatura de España al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas