La nueva Ley de Vivienda plantea un escenario complicado para los inversores del sector inmobiliario español, al generar una serie de condicionantes y externalizar el Gobierno sus responsabilidades en el sector privado. "Se está demonizando el papel del propietario, alguien que lícitamente ha comprado un inmueble y, después de muchos años pagando una hipoteca, lo quiere poner en alquiler para rentabilizar la inversión", afirma Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit y presidente de AIC y ANAI