El 1 de diciembre se acaba el plazo para cumplir con la Ley 2/2023 de Protección al Informante, por el que las pymes se arriesgan a sanciones de entre 600.001€ a 1.000.000€ si no cumplen. EQS Group explica que las pymes españolas deberán contar con un gestor del canal, encargado de responsabilidades como externalizar las denuncias a las autoridades o guiar a los empleados a informar de irregularidades
