Las Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas están emitiendo con carácter retroactivo propuestas de liquidación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados basándose en las sentencias del Tribunal Supremo del 26 de noviembre de 2020. Dicha sentencia justificaba la imposición de la tributación en AJD al comprador de un negocio de farmacia por ser un acto de transmisión susceptible de inscripción