El aumento respecto al mes anterior es del 0,50, aunque mejora el dato del año anterior de este mismo periodo. Lo cierto es que son los mismos que establecen la legislación los que no dudan en saltársela cuando tienen que asumir los compromisos de pago. Y no parece que la mejora de la economía acabe repercutiendo en un pago en tiempo y forma para las pequeñas empresas. Y esta cultura también se refleja en los pagos entre empresas.
Porque son muchas pymes y autónomos los que están financiando de esta forma a la Administración. A pesar de los esfuerzos que muchos de ellos tienen que hacer para enviar las facturas electrónicas a través de facturae, para que no se queden olvidadas en el cajón, se sigue pagando tarde.
Los casos más sangrantes son los de Islas Baleares, Castilla y León y Madrid que incumplen el plazo máximo de 60 días. Y lo que es peor es que las corporaciones locales tienen plazos de pago con más retraso todavía que las Comunidades Autónomas. Esperemos que en esta legislatura se tomen medidas eficaces para el cumplimiento de estos plazos de pago.
Porque al final parece que el esfuerzo en este caso acaba recayendo en los mismos. Y lo que es peor, esto tiene un efecto perverso en muchos casos, expulsando de estas adjudicaciones a las micropymes y autónomos, ya que no tienen el músculo económico para aguantar el pago tardío. Lo peor de todo es que en muchos casos acaban ejecutando ellos el mismo trabajo, pero subcontratados por una empresa mayor y lógicamente por menos dinero.
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