Respaldados hasta en un 80% por el ICO, se presentaron como una solución perfecta para garantizar la supervivencia de los negocios en tiempos de incertidumbre.
Sin embargo, la verdadera historia comenzó a gestarse en la letra pequeña. A pesar del aval estatal, los bancos exigieron garantías personales a quienes solicitaban los préstamos, obligándolos a comprometer no solo el futuro de sus negocios, sino también su patrimonio personal.
Ahora, con el fin de los periodos de carencia y las moratorias, la realidad ha cambiado drásticamente. Las entidades financieras han comenzado a reclamar el 100% de la deuda, incluso cuando el ICO debería cubrir una parte significativa. Esto ha dejado a muchos empresarios con la sensación de estar atrapados en una deuda que, en principio, pensaron que estaba parcialmente protegida.
Ante esta situación, la pregunta ya no es si la deuda está controlada, sino cómo enfrentarse a las exigencias de los bancos. La buena noticia es que existen alternativas. Los afectados por estos préstamos pueden iniciar un proceso legal para anular los avales personales o, al menos, reducir la carga que les han impuesto.
Desde Bufete Valero San Román, se han ayudado a numerosos autónomos y pymes a liberarse de estas reclamaciones. Mediante una estrategia legal adecuada, es posible defender los derechos de los prestatarios y evitar que tengan que pagar más de lo que realmente les corresponde.
La clave radica en la anticipación y la acción. Antes de que sea demasiado tarde, es fundamental buscar asesoramiento legal para proteger los intereses de aquellos que, en su momento, confiaron en una solución que ahora se ha vuelto en su contra.
En Bufete Valero San Román, se ofrece una consulta gratuita y sin compromiso para analizar cada caso y definir la mejor estrategia legal. Ante un problema tan complejo, contar con expertos puede marcar la diferencia entre ceder ante las reclamaciones o recuperar el control de su dinero.
