Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, solo el 46% de las compañías en nuestro país se acogen a esta medida, recogida en la actual Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (LDP). Las organizaciones encuestadas en España coinciden en que, para incentivar la aplicación de la LDP, sería necesaria una revisión de las normas vigentes