El despacho de abogados Arriaga Asociados ha obtenido dos victorias legales importantes en casos de phishing (suplantación de identidad), destacando su papel esencial en la protección de los derechos de los consumidores.
En un caso contra una de las entidades bancarias, el despacho obtuvo un fallo favorable para un cliente víctima de phishing, con una compensación de 2.168,96 € más intereses y costas. El engaño, que comenzó con un SMS fraudulento seguido de una llamada de un falso empleado bancario, pone de relieve la sofisticación de las tácticas de engaño y la necesidad de vigilancia constante.
Adicionalmente, en otro caso representativo de las crecientes tácticas de fraude, un cliente de otra entidad bancaria fue engañado por un impostor que se hizo pasar por un empleado de Microsoft, conduciendo a la pérdida de 3.900 € tras operaciones no autorizadas. A pesar de la resistencia inicial de la entidad de reembolsar el dinero, la justicia prevaleció en el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Pontevedra, que dictaminó a favor del consumidor, resaltando que las entidades bancarias deben asumir responsabilidades por las pérdidas derivadas de actos de phishing.
Estos casos no solo reflejan la creciente problemática del fraude electrónico y las estrategias cada vez más elaboradas que sortean las medidas de seguridad de las instituciones financieras, sino también la tendencia de dichas entidades a esquivar sus obligaciones legales, cargando injustamente la culpa sobre sus clientes. Frente a este panorama, el trabajo de Arriaga Asociados ofrece esperanza, demostrando que es posible superar los desafíos legales para asegurar la justicia y la compensación adecuada para las víctimas de fraude electrónico.
El éxito de Arriaga Asociados en estos casos reafirma la importancia de una asesoría legal especializada y dedicada, capaz de navegar por las complejidades del derecho bancario y de consumo para proteger a los ciudadanos de la creciente amenaza del fraude informático.
Además, estas victorias envían un mensaje claro a las instituciones financieras sobre su ineludible responsabilidad de garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas y de ofrecer soluciones justas cuando fallan en esta tarea.
