El Observatorio Jurídico de Legálitas ha analizado más de novecientas mil consultas recibidas por sus abogados a lo largo del pasado año 2021, en el que la pandemia ha seguido condicionando la vida de muchos ciudadanos afectados por los nuevos marcos normativos y la inestabilidad económica, que se ha traducido en complicadas situaciones familiares, sociales y laborales por las que han tenido que atravesar.
2021 fue un año en el que la preocupación por pagar o cobrar el alquiler, reclamar al banco banco o solicitar una prestación a la Seguridad Social se convirtieron en las consultas más recurrentes a lo largo de los meses. A tenor de los datos, Consumo volvió a ser la materia más demandada, suponiendo un 23,34% de las consultas recibidas en Legálitas, por delante de Inmueble que, pese a bajar con respecto al año anterior, representó el 17,43% de las consultas recibidas, y de Laboral, que ocupó la tercera posición en el ranking con 17,04%.
En Consumo, a las clásicas reclamaciones a la banca, sobre el cobro de comisiones, cambio de condiciones o pagos de hipotecas, se sumaron este año las tarjetas “revolving” o las quejas por no conseguir ser atendidos más allá de los cajeros. La subida de la luz, las nuevas tarifas e incluso el cambio de compañía sin conocimiento del cliente han sido argumentos muy presentes; como también el famoso caso del “Cártel de los concesionarios” que planteaba la irregular subida de precios en la venta de vehículos durante varios años; o esta vez, en un segundo plano, las compras o a los problemas con el ocio y los viajes, sobre todo, por anulaciones y reservas.
Inmueble destaca un año más en el Observatorio Jurídico de Legálitas por todo lo referido al sector del alquiler, ya sea como inquilinos o como propietarios. Como viene siendo habitual, más del 40% de las consultas recibidas son de arrendamientos urbanos, que, sumadas a las recibidas por desahucio, suponen casi el 50% del volumen anual.
La compraventa de viviendas supuso uno de los mayores incrementos, no solo por las consultas acerca de los trámites, sino también por las consecuencias de éstos, sus incumplimientos, vicios ocultos, etc.
Las consultas sobre Seguridad Social y desempleo representaron la mitad de todas las recibidas en materia Laboral, motivadas por la nuevas normativas y el desconocimiento del ciudadano sobre la compleja materia de las prestaciones de la Seguridad Social. Por un lado, de aquellas denominadas “clásicas” o de tipo prestacional (desempleo, bajas médicas, procesos de incapacidades temporales y permanentes y todos los procedimientos de reclamación de Seguridad Social derivados de lo anterior) y dentro de este apartado, las pensiones y, en especial, las de jubilación en sus diversas formas; y por otro lado, otras más “novedosas” que están asociadas a la creación de nuevas prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital, o aquellas asociadas a colectivos como los autónomos, con la ampliación del espectro legal de ayudas a este sector, donde destaca la afectación a la denominada prestación por cese de actividad.
Los derechos del trabajador como las reducciones de jornada, excedencias o todo lo referente a conciliación, como el teletrabajo, tuvieron un importante volumen de consultas; a diferencia de aquellas relacionadas con despidos, reducidas por la influencia de las medidas dictadas por el Gobierno.
En Civil, las herencias y testamentos volvieron a ocupar el mayor volumen de consultas. La incertidumbre económica generada por la propia crisis, con los cierres de negocios, ERTE, despidos… provocó que el número de consultas sobre separaciones y divorcios disminuyese, aumentando en cambio las relativas a modificaciones de medidas: posibles rebajas en las pensiones de alimentos, o las discrepancias de los padres en el ejercicio de la patria potestad a la hora de vacunar a los menores.
Los constantes cambios normativos y restricciones que han ido acompañando desde el comienzo de la pandemia han influido notablemente en el departamento de Administrativo, donde el volumen de consultas sobre restricciones y limitaciones de movilidad se redujo, pero, por el contrario, aumentó el de consultas relacionadas con la vacunación y al pasaporte COVID, así como las referidas a las entradas y salidas del territorio español.
En el área Fiscal destacaron las consultas producidas entre los meses de abril y junio, fechas clave para la presentación del impuesto sobre la Renta. Muy importantes fueron las referidas a la derogación, por parte del Tribunal Constitucional, de la llamada “Ley de la plusvalía municipal” que provocó un aumento de un 61,09% de consultas en un periodo de 2 meses.
Los típicos robos y hurtos físicos continuaron disminuyendo debido a la pandemia según constataron en Penal. En cambio, aumentaron los delitos relacionados con la informática y los robos de identidad, incorporándose a las estafas online, asuntos relacionados con estafas en el ámbito de las criptomonedas.
Pese a que hogar sigue siendo la materia más consultada a raíz de los datos extraídos del Observatorio Jurídico de Legálitas, el departamento de Seguros ha detectado un importante aumento de consultas al respecto de darse de baja en un seguro, con una variación de un año a otro de un 43%.
Por último, la Ley de Segunda Oportunidad, estuvo muy presente en las consultas recibidas por los abogados del departamento de Mercantil, debido al aumento del nivel de endeudamiento de la población. Por el contrario, no existió un aumento relevante de consultas de nueva creación en cuanto a tipologías o referidas a cuestiones societarias, a priori, motivadas por el estancamiento económico y la existencia de mucha incertidumbre entre los ciudadanos.
Qué esperar de 2022
La nueva normativa existente o la que entrará en vigor a lo largo del año, afectadas por la coyuntura económica y social, provocará que las consultas generales vayan en aumento. La necesidad de contar con un abogado será un hecho, no solo cuando se tenga el problema, sino de manera preventiva para poder evitarlo.
Este año se hablará de la reciente entrada en vigor de normativas relativas a la ampliación de garantías de las compras; se atisba un incremento de consultas asociadas a la materia prestacional de Seguridad Social, al igual que en materia de despidos si no se renuevan las medidas legales de incentivación del mantenimiento del empleo o de desincentivación de su destrucción; se consultará sobre todo lo que traiga la Ley de Vivienda, que prevé una regulación de precios en alquileres; de la eutanasia, cuya ley entró en vigor el pasado año, del nuevo estatus jurídico de los animales; de lo que suceda finalmente con la denominada Ley Trans; de la normativa de regularización de la interinidad o de todo lo relacionado con extranjería debido al colapso por el que atraviesa la Administración.
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