Ayer se celebró el «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales», organizado por Lefebvre, compañía líder en soluciones jurídicas y digitales para el sector legal. Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Luis Manuel Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Asociados, inauguraban un interesante evento virtual en el que destacados expertos en la materia analizaron las reformas legales que contiene el RDL 7/2021 de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como aspectos que afectan a las diversas actividades profesionales.
Durante la sesión de clausura, Gonzalo González de Lara Sáenz, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, Secretaria General del Tesoro, ha subrayado la tendencia actual hacia la armonización del marco europeo para una aplicación más coherente y homogénea. Además, ha confirmado la aprobación el próximo 20 de julio del conocido como “paquete de prevención de blanqueo de capitales” que supone la incorporación de cuatro nuevas normas. “En primer lugar, hay un reglamento por el que se crea una nueva autoridad europea de blanqueo de capitales con nuevos poderes y decisiones” con competencias más amplias de coordinación de las unidades de la inteligencia financiera. En segundo lugar, el reglamento va a implicar algunas obligaciones preventivas a desarrollar por sujetos obligados, fundamentalmente “los deberes de diligencia debida al cliente”. También habrá directivas; pero más relacionadas con las instituciones públicas que con el tipo de configuración que vayan a optar los países. La cuarta norma será una “modificación del reglamento europeo actual sobre giros y transferencias ya que se pretende incorporar toda la información de los intervinientes en las operaciones digitales, de transferencias de criptoactivos y criptomonedas”.
La normativa nacional frente a la normativa comunitaria
En el inicio de la jornada Rubí Blanc, afirmaba que “hay blanqueo de capitales cuando hay preguntas que no tienen respuesta”, ha llegado el turno de José Luis Gómara, Abogado del Estado en la Secretaría General del Tesoro, quien ha mencionado las novedades más importantes incorporadas en el Real Decreto Ley 7/2021. En la misma mesa también ha participado Álvaro Pinilla, responsable de Formación en SEPBLAC, quien ha señalado algunas de las modificaciones de las medidas normales de diligencia relacionadas con los sujetos obligados en el caso de que se delegue en terceros.
A continuación, han participado Isabel Payo Alcázar, experta en Regulación en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional; y Juan Antonio Aliaga, vocal asesor en la citada institución. Según Payo Alcázar, “el marco institucional tanto europeo como español va a cambiar porque ese marco implosiona en 2019, y son los propios legisladores los que invitan a la Comisión a acelerar los cambios previstos en análisis de la propia directiva”. Por su parte, Aliaga ha resaltado la existencia de una anomalía “que ocurre cuando el sujeto obligado exacerba la aversión al riesgo”.
Blanqueo de capitales: cómo afecta a los profesionales
En la ponencia relativa a las obligaciones de diligencia debida y comunicación, y prestadores de servicios a las sociedades, han participado Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y consejero del Consejo General de la Abogacía Española; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado; Eladio Acevedo, socio de Eudita, vicepresidente del REA-CGE; Joaquim Altafaja, vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN-CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA-CGE); y José Antonio Pena, socio director de DDC Economistas y Abogados. Durante su intervención, Jesús Pellón, ha analizado la importancia que tiene el secreto profesional para los abogados que lo consideran “el pilar esencial sobre el que asienta el derecho de defensa y que debe ser objeto de un escrupuloso respeto”. A continuación, Pedro Galindo ha argumentado las cuatro razones que dan origen a este organismo: “la complejidad de las operaciones de blanqueo de capitales y de las obligaciones impuestas a los notarios, la necesidad de profesionalización y la centralidad del notario”. Para Eladio Acevedo, “el auditor de cuentas presta un servicio calificado como de interés público, motivo por el que los auditores de cuentas tienen reserva de ley y están sometidos a unas normas de control de calidad interno”.
Analizando las tipologías y los factores de riesgo en materia PBC/FT
En la última mesa de la mañana han intervenido, Luis Manuel Rubí, socio director de Rubí Blanc Abogados, quién ha analizado Centinela Anti-Blanqueo, una herramienta diseñada por Lefebvre para definir la situación del sujeto obligado y que facilita que la información sensible sea tratada internamente antes de que se haga pública. También han intervenido Ignacio Fernández, director del departamento de PBC-FT en Grupo Adaptalia, y Gonzalo Velásquez, abogado responsable de PBC-FT en Grupo Adaptalia, quienes han abordado las diferentes tipologías y factores de riesgo en materia de PBC/FT de los asociados a las actividades profesionales. En su intervención, Velásquez ha destacado la importancia del informe de autoevaluación de riesgo y ha analizado el uso de las nuevas tecnologías en el sector reconociendo que “no solo la digitalización supone un valor añadido sino que hoy por hoy, debemos entenderlo como una necesidad para el cliente y una obligación para quienes damos servicio”.
Durante la sesión de la tarde, tuvo lugar la mesa redonda centrada en el análisis de las dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional, así como en la propuesta de mejora normativa. En ella participaron Manuel Vélez, socio de Uría Menéndez; Isabel Redel, directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues; Juan Palomino, socio del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca; y José María Álvarez Arjona, responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.
Por último Gonzalo García Bailón, product manager de prevención de blanqueo en EQA, se refirió en su intervención al valor de la acreditación en la prevención del blanqueo de capitales.
