El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estudia mejorar el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes irregulares, sin derecho a tarjeta sanitaria desde la reforma de la exministra Ana Mato en 2012, para que también puedan ser atendidos en los centros de salud por médicos de Atención Primaria.
Así lo han confirmado fuentes del departamento de Alfonso Alonso en declaraciones a Europa Press, que precisan que esto no contraviene la reforma de Mato ni implica que este colectivo vaya a tener una tarjeta sanitaria como sucedía antes de dicha reforma.
El nuevo sistema de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que impulsó Mato en abril de 2012 y entró en vigor en septiembre de ese mismo año, dejó sin derecho a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, que desde entonces sólo tienen garantizada la atención en caso de urgencias, embarazo, menores de edad y enfermedades infecciosas.
La medida suscitó las críticas de los profesionales sanitarios, las ONG y varias comunidades, incluidas algunas del PP, lo que hizo que algunas idearan sistemas para ampliar esta atención y facilitar su acceso a la Atención Primaria.
Precisamente este hecho es el que lleva ahora al Ministerio a replantearse la situación y mejorar ese acceso, para lo que están recabando información de las comunidades para diseñar un “procedimiento común” que garantice que puedan ser vistos en Atención Primaria.
Cuando se concrete dicho procedimiento, Sanidad lo llevará al Consejo Interterritorial del SNS para que reciba el visto bueno definitivo de las autonomías, pero no precisará ningún cambio normativo, según aclaran las mismas fuentes.
ABOGACÍA: EL DERECHO A LA SALUD ES UNIVERSAL
El Consejo General de la Abogacía Española aseguró, en una nota de prensa publicada el 30 de abril de 2012, que el Gobierno no puede restringir la atención sanitaria mediante un Real Decreto-ley. La atención sanitaria, en cuanto parte esencial del derecho humano a la salud, es un derecho universal e igualitario reconocido por un importante número de tratados internacionales y recogido en la Constitución y en diferentes Estatutos de Autonomía. En la misma nota, la Abogacía Española recordó además que en el derecho a la salud no cabe la discriminación y por ello cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones.
Este mensaje ha sido reiterado en otras ocasiones, recordando que el derecho a la salud es universal y no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal.
