Alberto Ruiz-Gallardón llegó al Ministerio de Justicia con el compromiso de poner en marcha numerosas reformas legislativas que cambiarían la Administración de Justicia de arriba abajo. Así, se comprometió a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que, entre otros asuntos, planeaba atribuir al fiscal la instrucción penal. Otra de sus propuestas estrellas era reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la idea de implantar tribunales de instancia y modificar el reparto territorial de los partidos judiciales.
Asimismo, desde el principio puso de manifiesto su intención de llevar adelante reformas de otras leyes importantes como la que regula el Código Penal o la que ahora le hecho dimitir, la reforma de la Ley del Aborto que impulsó el Gobierno socialista en 2010. También se ha eliminado durante su mandato más de 1.300 jueces y fiscales sustitutos.
Pero en estos casi tres años en los que ha sido responsable del Ministerio de Justicia, Gallardón no ha podido cumplir con todos los proyectos a los que aspiraba. Eso sí, son suyas algunas de las reformas más controvertidas del Ejecutivo.
LEY DE TASAS
En este tiempo, se ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, la cual fue reformada apenas unos meses después por vía de decreto ley para reducir la cuantía de los gravámenes. El ministro justificó la implantación de las tasas para “garantizar más la justicia gratuita”. Los grupos de la oposición y la Abogacía Española, así como la práctica totalidad de los colectivos judiciales, criticaron esta reforma, que se aprobó en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.
El Partido Socialista presentó el 23 de septiembre en el Congreso una Proposición de Ley para derogar las tasas judiciales. La proposición no fue aprobada tras la votación, con 168 votos en contra frente a los 157 a favor de la derogación de las tasas.
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LEY DE JUSTICIA GRATUITA
La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha sido una de las actuaciones más polémicas de Ruiz-Gallardón. La nueva ley lleva meses en trámitación parlamentaria y está pendiente de ser aprobada por el Congreso de los Diputados.
La reforma reduce para los colectivos más afectados por la crisis los umbrales de renta para acceder a la Justicia Gratuita y elimina la obligatoriedad de territorialidad en la colegiación de los abogados adscritos al turno de oficio. Será sospechoso de abuso el que solicite este derecho más de tres veces en un año. La Abogacía se ha opuesto a esta reforma, ya que la considera un empeoramiento de la ley anterior y pone en riesgo el buen funcionamiento actual gracias al servicio de los 42.500 abogados de oficio en España.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
El proyecto de reforma del Código Penal se encuentra en proceso de presentación de enmiendas en el Congreso e incluye la prisión permanente revisable. Esta nueva figura, se aplicará en delitos especialmente graves y supondrá que el reo no pueda obtener la libertad condicional hasta que cumpla, de forma íntegra, su privación de libertad durante un periodo de entre 25 y 35 años.
Otros nuevos delitos que incluye son el matrimonio forzado, la violencia de motivos racistas, la incitación al odio o realizar cualquier acto sexual con menores de 13 años.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
A pesar de todo, Gallardón no ha podido aprobar muchos de sus proyectos ‘estrella’, como la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, que aún no ha sido presentada como proyecto de ley, y tampoco ha eliminado los partidos judiciales.
La ley pretendía crear los Tribunales Provinciales de Instancia y los Tribunales Superiores tendrían más competencias, ya que asumirían las que tenían las Audiencias Provinciales en Materia Civil.
LEY DE ENJUICIAMENTO CRIMINAL
Además, el ministerio no ha llegado a encargar en estos tres años el informe de expertos sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por lo tanto, tampoco verá la luz en esta legislatura. El ya exministro pretendía renovar la ley de 1892.
Con esta ley, Gallardón proponía cambiar la figura de imputado por la de encausado. Por otra parte, el Ministerio Fiscal sería el encargado de instruir casos, en lugar del juez de instrucción. La Policía Judicial quedaría, por tanto, al servicio del Ministerio Fiscal y se restringirían las competencias de los jurados.
REFORMA DEL CGPJ
También se había comprometido a cambiar la forma de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar un mayor peso a la carrera judicial, aunque finalmente mantuvo el sistema de elección directa de los vocales por parte del Parlamento. Con la reforma, los seis vocales que pertenecen a la Comisión Permanente pasan a tener dedicación exclusiva y sueldo, junto con el presidente y vicepresidente del CGPJ.
Se ha simplificado, también, el sistema de mayoría en la toma de decisiones, salvo en casos especiales. La reforma tuvo una mala acogida entre jueces y fiscales, que se manifestaron en ciudades de toda España el 23 de noviembre de 2012 y realizaron un paro en febrero de 2013.
JUSTICIA UNIVERSAL
Durante su mandato, también se ha reformado la justicia universal, que aunque fue iniciativa del Grupo Popular en la Cámara Baja, resultó ser otra de las reformas más contestadas porque llevó a la Audiencia Nacional a avalar la puesta en libertad de Cs de medio centenar de narcotraficantes y aboca al archivo de más de una decena de causas por crímenes de lesa humanidad como las investigaciones de genocidio en el Tíbet o en Ruanda.
PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
La reforma ha causado mucha tensión entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia, ya que Gallardón anunció que se privatizaría la gestión del Registro Civil. Finalmente, al no llegar un acuerdo, las nuevas competencias las asumirán los registradores mercantiles. La decisión desató la indignación del colectivo.
EXAMEN DE ACCESO
En el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia, se ha implantado el examen de acceso a la Abogacía. Una prueba que los estudiantes de derecho deberán pasar para poder ejercer como abogados.
