Las entidades sociales que se encargan de atender los usuarios a los que la administración no llega, han visto recortadas sus ayudas, siendo imposible en muchos casos mantener su actividad. Esto implica la desatención de un numeroso colectivo en situación de vulnerabilidad y exclusión social y el previsible aumento de infecciones por el VIH, imposibles de contabilizar ante la inexistencia de datos actualizados por parte del Ministerio de Sanidad.
Tras la publicación, el pasado 21 de noviembre, de la resolución de subvenciones destinadas al VIH para el año 2013, a sólo 40 días de que finalice al año, se hace evidente cómo la atención a las personas usuarias de drogas, la respuesta al estigma y la discriminación o el fomento de la participación comunitaria han dejado de ser prioritarios, llegando a desaparecer en algunos de los casos. Si atendemos a cuestiones territoriales podemos ver cómo proyectos de algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, han sido excluidos de la financiación a pesar de haber contado con la confianza del Ministerio de Sanidad a lo largo de años.
A esto podemos sumar la inexistencia de un Plan Estratégico vigente para dar respuesta al VIH en nuestro país. El anterior Plan, finalizado en 2012, no ha sido convenientemente evaluado, lo que impide conocer el efecto de las medidas aplicadas en dicho plan. Esta ausencia de políticas y de inversión en la respuesta al VIH pone en serio peligro a toda la ciudadanía en un momento crucial a causa de la exclusión sanitaria y el repago farmacéutico impuesto por el Gobierno. Además compromete a nuestro país frente a la comunidad internacional, al ser imposible que lleve adelante los compromisos adquiridos previamente.
Montse Pineda, representante de la Alianza de Plataformas, considera que "es evidente que el interés de este Gobierno no es atender a las necesidades de la ciudadanía. Consideramos que es una irresponsabilidad y una imprudencia gravísima cercenar la respuesta al VIH obviando el apoyo y la experiencia de la sociedad civil. Los recortes en materia de sanidad son inaceptables, en materia de VIH son además incomprensibles".
Julio Gómez, representante de la Alianza de Plataformas, valora que "los criterios políticos no pueden determinar en qué se invierte el dinero para responder a una cuestión de salud pública como es el VIH. Sólo con criterios sanitarios y con el asesoramiento de quienes estamos en contacto día a día con la realidad de esta infección se podrán establecer las medidas más adecuadas para ponerle freno. No podemos tolerar la ausencia de un Plan Estratégico durante un año entero y una resolución de subvenciones tardía, insuficiente y que no asegura el abordaje de todos los aspectos y colectivos implicados en la prevención del VIH".
Así mismo, la Alianza de Plataformas denuncia que el Plan Nacional sobre el Sida ha secuestrado la participación de la sociedad civil al no convocar los órganos consultivos creados al efecto. Carlos Varela, representante de la Alianza de Plataformas, considera que "a día de hoy no tenemos ningún motivo para sentirnos orgullosos, ya que: se ha reducido la inversión en un 75% por segundo año consecutivo, no se hacen campañas de prevención, se ignora a la sociedad civil, se retrasan las ayudas y se politizan las inversiones. La sanidad y la respuesta al VIH en este país han iniciado una caída en picado que nos llevará a estrellarnos de seguir en este camino".
