A tenor de la reciente redada policial contra una empresa de productos espía, por la supuesta venta, a través de tiendas físicas en España, de artículos espía a una red criminal y en la que se ha incautado más de un millón de euros en efectivo, vuelve a la actualidad el debate sobre el uso y comercialización de dispositivos espía.
Los expertos consultados en Espiamos.com, han comentado: “los equipos espía no son tecnologías destinadas a la comisión de delitos, al contrario, pueden contribuir a la investigación de los mismos, favoreciendo la resolución de amenazas diversas”
Frente a la creciente y alarmante utilización por bandas criminales, surgen las dudas sobre si es posible una comercialización legal y ética de dispositivos de vigilancia encubierta y contraespionaje como herramienta en la lucha contra delitos y fraudes o si son un riesgo para los ciudadanos.
Consultados al respecto Espiamos.com, afirma: “Este tipo de tecnología también se utiliza para evitar fraudes en exámenes mediante detectores de frecuencia, localizar desaparecidos gracias a los GPS, o esclarecer delitos de acoso sexual instalando cámaras ocultas, entre otros muchos ejemplos que redundan en un servicio a la sociedad”
Desde Espiamos.com, añaden: “cada empresa decide si asesorar sobre usos poco éticos (pinganillos para exámenes), comercializar equipos, de gran beneficio pero dudosa transparencia (teléfonos encriptados), o limitar la formación y venta de cierta tecnología a los profesionales y cuerpos policiales”.
Son muchas las voces que solicitan un mayor control sobre este tipo de empresas, que evite el acceso de grupos criminales a una tecnología y un conocimiento que pueda dificultar la acción policial.
El sector de las tiendas de productos espía vive años convulsos, en las que algunas empresas mantienen disputas legales por el uso inadecuado de marcas y la competencia desleal. Cuestionados al respecto , Espiamos.com sugiere: ”Sería deseable una mayor transparencia, que permita a los actores implicados competir en igualdad de condiciones y evitar que el público siga confundido sobre la legalidad en la compra y utilización de estos equipos”.
