FSIE CV valora positivamente los planes de mejora de las infraestructuras educativas ya existentes que acaben con la precariedad de los barracones pero, a su vez, rehúsa la construcción de nuevos centros educativos públicos por parte del Consell que "no obedezcan a criterios objetivos de escolarización"

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunidad Valenciana (FSIE CV), sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, manifiesta su preocupación ante la falta de información sobre el programa Edificant de la Generalitat, que contempla la construcción de 200 centros escolares y la reforma de 500 centros públicos a través de la colaboración con los ayuntamientos.

Desde el marco de la defensa de la libertad de enseñanza y la libre elección de centro educativo, FSIE CV defiende “un sistema dual de centros sostenidos con fondos públicos, constituido por centros concertados y de titularidad pública, que garantiza la libertad educativa”.

Por un lado, FSIE CV valora positivamente los planes de mejora de las infraestructuras educativas ya existentes “que acaben con la precariedad de los barracones” pero, a su vez, rehúsa la anunciada construcción de nuevos centros educativos públicos por parte del Consell “que no obedezcan a necesidades objetivas de escolarización”.

“En estos momentos desconocemos la ubicación planeada para estos centros, pero tememos que muchos de ellos puedan solaparse con una oferta de puestos escolares que ya está plenamente garantizada en la red privada concertada en muchos municipios, con una oferta educativa de calidad y una demanda social sostenida y creciente en los últimos años”, afirman desde el FSIE CV. “Si esto ocurriese, peligrarían numerosos puestos de trabajo de los profesionales de centros concertados, que prestan un servicio de interés general con idénticos estándares de calidad y cualificación que sus compañeros homólogos en la función pública”.

Finalmente, FSIE CV insta a la Conselleria a dialogar con el sector para promover y prestar un servicio educativo de interés general y de calidad “bajo el principio constitucional de eficacia y eficiencia en la utilización y la asignación de fondos públicos”.