Los hechos denunciados se relacionan con el proceso de externalización del servicio de limpieza y celaduría de la instalación deportiva en favor de la Fundación Rioja Deporte, con la licitación posterior y con el cese del personal público

Con fecha 21 de octubre de 2015, se ha interpuesto en los juzgados de lo penal de Logroño, a través de Decanato, una querella criminal por presunta corrupción administrativa contra un alto cargo y un técnico, como miembros, simultáneamente, de un órgano directivo y de un ente instrumental del Gobierno de La Rioja por todas ellas presuntas calumnias/injurias, falsedad documental, cesión ilegal de trabajadores, contra los derechos de los trabajadores, malversación, prevaricación, concierto en subastas y concursos públicos y utilización de letrados públicos para fines privados, en relación con el proyecto de privatización de instalaciones deportivas del Gobierno de La Rioja y con el cese y movilidad de sus empleados públicos.

Sobre los mismos hechos y relacionados con ellos hay procesos judiciales abiertos en el orden administrativo y social contra el cese y reasignación y por vulneración de derechos fundamentales.

El Gobierno de La Rioja es titular de tres instalaciones deportivas, el Palacio de los Deportes,  el CTD Adarraga  y el Centro Pradosalobre.  Los dos últimos se venían gestionando de forma directa con personal público mientras que el Palacio de los Deportes se gestionaba indirectamente a través de una encomienda de gestión a la Fundación Rioja Deporte. La Fundación Rioja Deporte es una Fundación cuyos miembros son altos cargos de la Consejería encomendante, se trata por tanto de una auto encomienda. Dicha Fundación no tiene personal de oficios para realizar los servicios encomendados, por lo que los saca a licitación.

Las irregularidades administrativas se relacionan con la progresiva ampliación de la encomienda original del Palacio de los Deportes hacia una parte de las funciones y los espacios ocupados por el personal público, y su utilización, separándose de la doctrina del Tribunal Supremo, como medio para desplazar al personal público por personal privado.

La querella criminal interpuesta denuncia como presuntos ilícitos penales los actos administrativos necesarios para justificar legalmente el proceso, entre otros, la alteración de los datos contables para constatar un ahorro inexistente en el nuevo modelo, falsedad en las causas alegadas para el cese, cesión ilegal de trabajadores, cesión de maquinaria pública a favor de la empresa privada, alteración del precio de subastas y concursos con alejamiento de licitadores, utilización de los servicios jurídicos públicos para fines privados, así como injurias/calumnias por las acusaciones vertidas en documento público por las que se sancionó cuantiosamente al empleado público que impugnó el proceso, sanción finalmente anulada por la justicia (Sala de lo contencioso-administrativo TSJ La Rioja PO 171/2013 s 6/2015 de 8 de enero de 2015).