El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de hoy miércoles, 28 de octubre de 2015, un Decreto por el que se autorizan otros sistemas de firma electrónica distintos a la firma electrónica avanzada o reconocida, en el marco de la sede electrónica de la Administración regional.
El objetivo es la incorporación de nuevas tecnologías que hagan más fácil y cómoda las relaciones de los ciudadanos con la Administración regional a través de la habilitación de sistemas de identificación y autenticación que les permitan relacionarse con ésta electrónicamente sin necesidad del uso del certificado electrónico.
Así, se pretende facilitar el acceso a los medios electrónicos a aquellas personas que no disponen de un certificado electrónico avanzado o reconocido, o bien carecen de las habilidades tecnológicas necesarias o de los medios económicos que permitan su explotación.
Se trata de evitar que determinados sectores queden excluidos del acceso a los servicios administrativos electrónicos, con garantías de funcionamiento, y con arreglo a los principios de integridad, confidencialidad, autenticidad y no repudio.
En concreto, se va a posibilitar que los ciudadanos puedan utilizar otros sistemas de firma electrónica asociadas a claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas de clave, en las que se adopten las medidas de seguridad pertinente que garanticen su creación, comunicación y utilización.
El sistema de firma con claves concertadas implica que la Administración, tras la inscripción previa en un registro, proporcionará al ciudadano un código y una clave de acceso que le permita acceder electrónicamente a realizar los trámites y actuaciones para los que se haya habilitado el sistema.
En cuanto al sistema de firma con información conocida por ambas partes, los ciudadanos aportarán los datos conocidos por ellos y la Administración, para trámites que no impliquen acceso o consulta de datos personales más allá de los propios del procedimiento e identificación del interesado al que va referido dicho trámite.
La finalidad de este Decreto es avanzar en la simplificación de la Administración electrónica de la Comunidad, así como establecer servicios públicos más accesibles e implementar servicios de gestión más rápidos y ágiles.
Además, el Decreto establece que se permite el uso de la plataforma CL@VE del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, contemplado en el reciente convenio para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración electrónica, firmado recientemente entre ambas administraciones.
Otros acuerdos
En el ámbito de sanidad y atención social, el Ejecutivo regional ha autorizado 414.952 euros para contratar las obras de construcción de la primera fase del Centro de Salud de San Antón, en Cartagena, así como la prórroga de los convenios suscritos con el Ayuntamiento de Murcia para el mantenimiento de un total de 80 plazas en los centros de día para mayores en situación de dependencia del barrio de Barriomar y de las pedanías de Cabezo de Torres y Beniaján, por un importe global de 79.799 euros.
Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una dotación de más de 461.000 euros para la ejecución de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Otos, en Moratalla.
Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno a la addenda a un convenio para la gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los terremotos en Lorca.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la incorporación de nuevas líneas de subvención al Plan Estratégico de subvenciones de la Comunidad 2015-2018, de acuerdo a lo establecido en la Orden de 21 de julio de 2014.
Además, el Consejo de Gobierno ha encomendado a la Consejería de Presidencia arbitre con carácter de urgencia las medidas de ayuda de emergencia pertinentes para atenuar las consecuencias inmediatas provocadas por las fuertes inundaciones en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), entre otros asuntos.
Por otra parte, el Gobierno regional ha realizado una declaración institucional sobre la vigencia de la Constitución española, ante la declaración registrada en el Parlamento de Cataluña.
