La Secretaria de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, destacó  durante la apertura del Seminario informativo sobre las leyes de Tercer Sector de Acción Social y de Voluntariado "el diálogo, el consenso y la coordinación" mantenido  con las entidades del tercer sector que han hecho posible la aprobación de las nuevas leyes, “dos de las leyes más importantes que hemos aprobado en esta legislatura”.

Según Camarero, las nuevas normas son esenciales “para avanzar en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de quien más lo necesita”, así como para “fortalecer y modernizar la acción solidaria”. Las leyes reconocen, añadió, “a los que hacen de la solidaridad su vida”, y se han construido “pensando en los seis millones de personas que realizan acciones voluntarias en España, y las 30.000 entidades que componen el Tercer Sector de Acción Social”.  Sobre la Ley de Voluntariado, afirmó que, “tras 18 años” debía adaptarse "a los nuevos tiempos, retos, necesidades y caras del voluntariado"; y respecto a la Ley del Tercer Sector de Acción Social remarcó “el hito histórico” que supone el reconocimiento expreso del sector, “aún poco conocido” pese a ser imprescindible para “canalizar la solidaridad de los españoles y llegar a las personas en situación de necesidad”, alcanzando los sectores de la sociedad a los que  “las administraciones todavía no somos capaces de llegar".

En este apoyo al sector que supondrán las nuevas leyes, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad subrayó la necesidad desarrollar de un sistema de financiación estable para las entidades, por lo que afirmó que el reto del Gobierno “es encontrar una solución definitiva de futuro” que mantenga el sistema de  subvenciones procedentes de la recaudación para fines sociales del IRPF, que representa la solidaridad de los ciudadanos, “que no entiende de territorios ni de fronteras”.

Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, señaló por su parte, que se trata de unas normas “fruto del trabajo de muchísimos años” de las entidades del Tercer Sector en conjunto “con distintos Ministerios, sindicatos y empresarios”, que buscan “refortalecer el Tercer Sector, y redundarán en su mejora”. “Es la primera vez en la historia de la democracia que se reconoce al Tercer Sector”, afirmó, “y que se establecen por ley los órganos de interlocución y participación del mismo” en la elaboración de las políticas sociales.

Según Poyato, las nuevas leyes deben “servir a las personas destinatarias y a la participación democrática de la sociedad” y suponen “dos herramientas cargadas de futuro”, que “las propias entidades del sector tendrán la  responsabilidad de sacar adelante”.

Ley del Tercer Sector de Acción Social

Tras el acto de apertura, Rafael de Lorenzo, Secretario General de la Plataforma del Tercer Sector, profundizó en el contenido de la nueva ley del Tercer Sector de Acción Social. Una norma que supone, en su opinión, “el principio de la carrera para que el reconocimiento normativo se traduzca en una mejora real y cualitativa de la situación de las personas para las que trabajamos”. Según el Secretario General de la Plataforma, la norma, “de carácter más declarativo” supone el inicio del “ordenamiento jurídico de una realidad social nunca abordada desde esta perspectiva”, que reconoce “el papel crucial del Tercer Sector”, “más allá del cortoplacismo en que nos encontramos como consecuencia de la crisis actual, estableciendo las bases para su inclusión en los diferentes ámbitos ministeriales que estén relacionados con la acción social”.

Enel mismo sentido se pronunció Carlos Susías, Vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, quien afirmó que la nueva ley “nos pone a las entidades frente a nosotros mismos para sacarle todo el provecho”, y para seguir avanzando en el proceso paralelo de articulación del sector.

Yolanda Besteiro, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector,realizóun repaso de los principales hitos en el proceso de aprobación de las leyes, que marcan “un antes y un después para el sector tanto en cuanto a su propio reconocimiento, como al inicio de un marco jurídico que contribuya a la consolidación del sector y a su capacidad de interlocución y participación”.

Miguel Ángel Cabra, Director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, señaló que este es “un primer paso” que “necesita un desarrollo legal” más amplio, “una ley cuadro llena de grifos” (en relación a los “deberes” por cumplir) de la que las entidades serán responsables de su desarrollo, y por supuesto, de exigir su cumplimiento.