La reforma, que obliga a las chicas de 16 y 17 años a tener el consentimiento de los padres para abortar, supone esenciales pasos atrás en la lucha por la dignidad, la igualdad, la libertad y la salud de las mujeres más jóvenes y vulnerables, a la vez que constituye un fraude de ley, ya que uno de los principales problemas de muchas de las jóvenes que se tienen que enfrentar con estos casos es la falta de apoyo familiar.

Por este motivo, condicionar el acceso al ejercicio de este derecho al consentimiento parental constituye, en la práctica, la expulsión de las jóvenes del sistema sanitario, y el retorno a las antiguas prácticas clandestinas, sin control sanitario, ni garantías de higiene, con los riesgos para la salud y vida de las mujeres que ello conlleva. Por otra parte, con la reforma aprobada se promueve el retorno al mercado negro del aborto, y la desigualdad social en perjuicio de las mujeres con menos recursos económicos.

Por todos estos motivos, desde nuestra Comisión de Mujeres Abogadas exigimos que se detenga de inmediato el trámite de esta reforma perversa.