La situación en la frontera sur de Europa analizada desde tres puntos de vista: el de la orilla mediterránea de Norte de África y Oriente Próximo; el de los refugiados y desplazados forzosos especialmente de las zonas en conflicto armado, y el de la migración de los menores africanos a Europa, fue el tema de la jornada “No hay fronteras para los derechos humanos”, que se celebró en el Consejo General de la Abogacía el pasado 3 de junio.
Organizada por la Fundación Abogacía Española y la asociación LiberPress contó con la intervención del intelectual y exministro libanés Georges Corm; la delegada de ACNUR en España, Francesca Friz-Prguda, y la Presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal. Rosalía Perera, Presidenta del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz, y gran conocedora de la difícil situación que viven los migrantes ante los que se interponen el Mar Mediterráneo y la fría acogida de los Estados europeos a los que llegan, fue la encargada de moderar la mesa.
El presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, que cerró el acto, aseguró que la abogacía es una profesión comprometida con los derechos humanos, y citó el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos para recordar que nuestra obligación es tratar a todo el mundo “fraternalmente” y respetar y defender los derechos de los migrantes, independientemente del lugar de donde provengan.
Por su parte, George Corm, apuntó que los países mediterráneos no pueden mirar a otro lado cuando en sus aguas están muriendo miles de personas que buscan una vida mejor, o simplemente tratan de huir de una muerte segura. Apeló a la “unión de las dos riberas del Mediterráneo para luchar contra el neoliberalismo loco” y ha pedido acabar con la violencia en la región para evitar que “mueran miles de personas que intentan huir de su infierno”. “No se puede castigar a los pueblos por los errores de sus mandatarios”, zanjó.
Corm dijo que debemos evitar que se suprima el pluralismo y la riqueza cultural y pidió que consideremos las dos riberas del Mediterráneo una patria común.
Francesa Fritz-Prugda, representante de ACNUR en España, alertó de que hoy hay ya más refugiados que en la II Guerra Mundial y denunció que la política migratoria de la UE no tiene un enfoque de Derechos Humanos. «Hoy estos derechos son de aquellos que buscan seguridad y protección en nuestras fronteras o aquellos que buscan una vida mejor. Mañana pueden ser tuyos, míos o nuestros».
Por ello, debemos ser conscientes de que el principio internacional de protección debe ser de obligado cumplimiento para todos los estados, así como reconocidos para todas las personas sin importar la raza, el sexo o su nacimiento, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 14 de la Constitución Española).
La representante en España de ACNUR aseguró que el Mediterráneo se ha convertido en un “gran cementerio” de personas que buscan “una vida mejor” y ha subrayado que este “drama” tiene “dimensiones épicas, bíblicas”. La respuesta que las instituciones europeas den a este fenómeno servirá para “definirnos como Europa” y para constatar si los “valores comunes” de solidaridad del Viejo Continente siguen vigentes o “se han perdido”, y ha resaltado la “universalidad” de los Derechos Humanos y del derecho de asilo.
Calificó de “avance tímido pero positivo” la propuesta de un sistema de cuotas para distribuir a los demandantes de asilo en la UE y apeló a la solidaridad de los países miembro al considerar que esas cuotas son “insuficientes” y que no hay suficientes vías legales de entrada en Europa. Finalmente, rechazó las modificaciones introducidas por el Gobierno español en la Ley de Extranjería para dar cobertura a las devoluciones en frontera o “devoluciones en caliente” ya que, en su opinión, “vulneran derechos fundamentales”.
La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, denunció la situación de los niños migrantes no acompañados que llegan a España y que, según ella, son sometidos “sistemáticamente” a pruebas para determinar su edad incluso si presentan documentos legales que acreditan su minoría de edad.
Reyzábal denunció una vez más que esas pruebas se hacen “en muchos casos sin consentimiento de los afectados y sin asistencia letrada”, y que derivan en decretos que no se pueden recurrir y que el Estado “emplea para no proteger a estar personas y poder abandonarlas en la calle, lo que afecta a su integridad”.
El presidente de la asociación LiberPress y vicepresidente de la Fundación Abogacía, Carles McCragh, anunció que se organizarán más jornadas sobre vulneraciones de los Derechos Humanos bajo el epígrafe “Es intolerable”.
