La Plataforma del Tercer Sector ha pedido, en el marco de sus aportaciones al Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, una Ley de Segunda Oportunidad para deudores hipotecarios para casos de personas y familias que hayan perdido su vivienda y hayan contraído una deuda a la que no puedan hacer frente.

Se trata de una medida que ya anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Debate sobre el Estado de la Nación, por lo que la Plataforma insiste en la necesidad de que se incluya en el Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, que el Gobierno enviará a Bruselas, ya que podría suponer una gran ayuda para muchas familias en situación de vulnerabilidad social en España.

Del mismo modo que para los trabajadores autónomos, la Plataforma pide celeridad en la aprobación de una ley de segunda oportunidad individual para casos de personas y familias que han perdido su vivienda y, además, se han quedado con una deuda que no pueden pagar. En esta línea, recuerda que esta figura existe en la mayoría de los países europeos, además de en Estados Unidos y significará el respiro financiero de miles de hogares.

Según señala la Plataforma del Tercer Sector, España se caracteriza por un ínfimo desarrollo de las viviendas sociales, especialmente en el régimen de alquiler. Por ello, entre otras cuestiones, solicita activar el Fondo de vivienda social creado en enero de 2013 con la participación de la Plataforma y constituido por 5.891 viviendas a precios moderados para familias en situación más vulnerable.

Esta medida se enmarca en la puesta en marcha de un Plan de choque contra la pobreza, como una de las reivindicaciones históricas de la Plataforma, que contempla entre otras medidas el aumento del parque de viviendas actual a 15.000 viviendas y que las condiciones de acceso se limiten a la pérdida de la vivienda habitual y única vivienda producto de un procedimiento de ejecución hipotecaria y el correspondiente desahucio, así como en arrendamientos con resultado de lanzamiento, eliminando al máximo las demoras y los trámites, especialmente si hay menores de edad, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas graves o con discapacidad en las familias solicitantes.

Según la propuesta de la Plataforma, además de las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008, tendrán especial prioridad en la tramitación todas las familias que se encuentren en situación vulnerable debida a: percibir ingresos por debajo del umbral de la pobreza, padecer privación material severa o tener una baja intensidad de empleo en el hogar (componentes del indicador AROPE).

Además, la Plataforma plantea que, para todos los supuestos, la renta se sitúe entre 90 euros y 250 euros al mes (actualmente la horquilla es de 150 a 400 euros mensuales), con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Así mismo, la prórroga de los alquileres y las cuantías se deben mantener, mientras persistan las condiciones de adjudicación.

Para prevenir casos de sinhogarismo que afecten a familias vulnerables, la Plataforma propone suspender todos los procesos de desahucios de vivienda habitual y única vivienda a personas desempleadas y/o con cargas familiares, a menos de que se les ofrezca una solución habitacional estable y adecuada a sus circunstancias.