Sofosbuvir (Sovaldi) es un nuevo fármaco que aporta ventajas evidentes en la lucha contra la infección crónica por hepatitis C en pacientes en los que las complicaciones no permiten el uso de los medicamentos clásicos. Aunque faltan estudios a largo plazo, su principal "pero" es que se ha fijado un precio inaceptable: el coste del tratamiento a base de un comprimido diario de Sovaldi durante 12 semanas es, en principio, de unos 60.000 euros.
Ahora, la organización Médicos del Mundo ha impugnado ante la Oficina Europea de Patentes la patente sobre el medicamento sofosbuvir (Sovaldi), cuyo monopolio tiene el laboratorio Gilead. Para esta ONG sanitaria, Sovaldi es un adelanto terapéutico indiscutible, pero la molécula sofosbuvir no es lo bastante novedosa para justificar una patente.
Se trata de la primera vez que en Europa una ONG sanitaria lleva a cabo una acción de este tipo con el propósito de “propiciar el acceso universal a los tratamientos contra la hepatitis C en Europa” e “iniciar un debate público sobre la fijación de precios de los medicamentos y su impacto sobre el sistema de salud”. Esta posición que se alinea con la postura de las autoridades de la India, país que ha legislado un marco jurídico sobre patentes de medicamentos más razonable que el europeo y que también se ha negado a reconocer esta patente, abriendo la puerta a su fabricación como genérico.
Desde OCU también defendemos este debate: si algo tiene claro OCU es que los precios fijados para este medicamento son inaceptables y los gobiernos no pueden ser rehenes de los laboratorios, no pueden consentir que se juegue así con la salud de los ciudadanos.
Necesario, pero a un precio justo
En España se calcula que en torno a 900.000 personas han estado infectadas por el virus de la hepatitis C en algún momento. Entre un 20 y un 30 % de ese colectivo se han curado espontáneamente. Del resto, la mayoría se encuentran sin síntomas: en esos pacientes hay que realizar un adecuado seguimiento médico que permita identificar el momento idóneo de iniciar un tratamiento y con qué fármacos.
Pero hay unos 30.000 enfermos con cirrosis, que deben recibir tratamiento con Sovaldi, empezando de forma urgente con los 6.500 pacientes que presentan cirrosis descompensada, con un grave riesgo de fallecer: su caso es urgente y OCU considera que no es admisible retraso alguno. Para ellos Sovaldi es ya un fármaco imprescindible.
Con la salud no se juega
Para OCU sigue siendo imprescindible compatibilizar la sostenibilidad del sistema con la atención a los enfermos que lo necesitan.
El Ministerio de Sanidad está elaborando del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C. Algunos datos apuntan a la generalización de los nuevos tratamientos incluso a pacientes en estadio leve. Nos alegramos de que el acceso del fármaco a estos enfermos quede garantizado, pero nos preocupa que no se avance para racionalizar la política de fijación de precios.
Urge cambiar el sistema
La función de los gobiernos es defender el interés general y asegurar el acceso de la población a los medicamentos que precise, al tiempo que se asegura la sostenibilidad del sistema. Hay alternativas:
- Los estados deberían hacer valer su capacidad de compra para rechazar propuestas abusivas de los laboratorios y negociar precios razonables.
- En Europa se podrían hacer compras centralizadas de los nuevos fármacos, para tener una fuerza de negociación aún mayor.
- En casos concretos, podría incluso promoverse la emisión de licencias obligatorias que permitan su fabricación como genéricos, algo totalmente legal en caso de necesidad por razones de salud pública.
Es urgente empezar a trabajar en la reforma integral del sistema de concesión de patentes y de fijación de precios en Europa, de forma que se fijen precios racionales que garanticen que todos los que precisan medicamentos puedan acceder a los mismos. Es inadmisible que se juegue con la tranquilidad y salud de los pacientes, que se convierten en rehenes de los laboratorios para fijar precios exorbitantes: con la salud de los ciudadanos no se juega.
Desde OCU pedimos más información y transparencia y solicitamos una reunión con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para trasladar nuestra preocupación por lo que está sucediendo