El decano del Colegio de Abogados de Valencia, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía y responsable de Relaciones Internacionales, Mariano Durán, participó ayer en una jornada sobre la Orden Europea de Protección en la que se abogó por impulsar la cooperación europea para evitar posibles “vacíos” que “impidan la libertad de movimiento de las víctimas de violencia de género con suficientes garantías de protección, por las diferencias entre las órdenes de protección de los distintos estados o la falta de reconocimiento de resoluciones judiciales penales en otros países, informa Europa Press.
En la jornada, organizada por la UIMP, también participó la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Carmen Llombart, quien subrayó la “total colaboración” del CGPJ para combatir “una lacra social que hay que erradicar a nivel internacional porque supera las fronteras nacionales” y ha alertado de que “la protección –de las órdenes dictadas– acaba cuando la mujer, por razón de trabajo, viaje o cualquier otra, pasa a otro estado”, ya que “se produce un vacío de contenido y se sabe, por experiencia, que el agresor persigue a la victima allá donde esté”.
En la apertura de la sesión, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, defendió que “el derecho ha de estar siempre pegado a la realidad si quiere satisfacer las necesidades del pacto social del que nace y que asegura justicia, libertad e igualdad” y, además, “necesita una visión global” de los agentes que “demandan justicia”.
En cuanto a la importancia de la Orden Europea de Protección, indicó que “la UE supone básicamente más integración, más cooperación, más acción judicial y menos sentimiento de soberanía nacional” y ha abogado por “impulsar más justicia para mayor igualdad y mayores libertades en el espacio judicial europeo”.
Para Torres-Dulce, “en tiempos en que se cuestiona la bajeza de comportamientos antidemocráticos como la corrupción, la escasez de dedicación de resortes financieros a implementar todas aquellas partes de la sociedad más vulnerables a la crisis económica o al avasallamiento por parte de los grupos más importantes, esa incompatibilidad supuesta entre la democracia y el ideal sublime de la protección de las victimas debería desaparecer”.
En declaraciones a los periodistas, indicó que “la cooperación europea es absolutamente esencial y especialmente en la protección de victimas”, con “instrumentos no solamente internos, sino internacionales, para que, desde indemnizaciones hasta políticas de protección y de mediación, tengan una efectividad muy real”.
AVANZAR EN “CESIONES DE SOBERANÍA”
A su juicio, para lograrlo, Europa debe avanzar “en cesiones de soberanía” en materia de justicia para dar “respuestas eficientes para los ciudadanos” y evitar “crear una enorme burocracia”. Además, destacó que “los ciudadanos tienen que convencerse de que el derecho está para asegurar libertades, pero también para generar igualdad” y de que los grupos más vulnerables “necesitan que la administración de justicia demuestre eficientemente que es el punto de equilibrio de estas tensiones sociales”.
A su vez, Mariano Durán defendió que compartir experiencias “ayuda a tomar conciencia de las limitaciones que impiden avanzar en protección de las victimas, concienciación y eliminación de la violencia”, así como los “puntos críticos” que pueden colocarlas “en situación extrema de vulnerabilidad”, para lograr una adecuada coordinación, con la protección de las víctimas como objetivo común.
CONVENIO PARA FORMAR A JURISTAS EN IBEROAMÉRICA
Apuntó asimismo que los abogados deben “unir esfuerzos y formar a profesionales competentes”, punto en el que ha anunciado “la firma en breve de un convenio con Naciones Unidas para formar a juristas en Iberoamérica para mejorar la protección y los derechos en materia de violencia de género”.
Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de género, Blanca Hernández, afirmó que “España es pionera en el ámbito internacional en tratamiento, visibilización y voluntad de erradicar la violencia de género” y, en este asunto, habla “por todas las mujeres del mundo”, que “en otros países no tienen la misma voz”.
Además, avanzó que en 2015 realizarán la cuarta macroencuesta estatal sobre esta materia y, por primera vez, estará “alineada con las encuestas europeas y de Naciones Unidas para que sean datos comparables y poder trasvasar conocimiento entre las instituciones”.
Según Hernández, hay que “trabajar por prevenir, sobre todo en grupos vulnerables, mujeres mayores, con discapacidad, en ámbitos rurales o jóvenes”, así como por mejorar la protección de víctimas y menores a su cargo, visibilizar otras formas de violencia contra la mujer y dar más datos. Sobre esta cuestión, ha recalcado que “España es absolutamente transparente con los datos” mientras que “la mayoría de los países vecinos no tienen datos públicos sobre violencia de género”. “No es que tengan más o menos casos, que me atrevería a decir que tienen más, sino que, además, no lo cuentan”, ha zanjado.
