El acto conjunto celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española ha servido también para dar a conocer el plan de actuación del ICAB para frenar la aprobación de este proyecto de Ley.
El decano de los abogados de Barcelona ha denunciado que el proyecto de Justicia Gratuita, tal y como se aprobó el pasado 21 de febrero, perjudica gravemente al ciudadano. Para Rusca, no sólo habrá más burocratización en los trámites que se deben hacer para solicitar el beneficio de la justicia gratuita sino que además es intolerable que se considere como un ‘abuso del sistema’ por parte de los ciudadanos la necesidad de tener que recurrir tres veces en un año al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
El proyecto de Ley mantiene una duplicidad en la tramitación que supone un gasto público innecesario. El 95% de las resoluciones de la abogacía catalana son ratificadas por la Administración, por lo que mantener este sistema supone una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento definitivo del derecho a justicia gratuita. Por ello Rusca ha denunciado que con esta medida no se busca la calidad del servicio y ha añadido que el Ministerio de Justicia muestra una falta de sensibilidad hacia un servicio público esencial como es el Turno de Oficio.
Los Colegios de Abogados de Barcelona y Madrid y también el Consejo General de la Abogacía Española lamentan que el texto aprobado no garantice la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema. Por este motivo, tanto Rusca como Gumpert y Lara han coincidido en denunciar que el Ministerio de Justicia no está destinando suficientes recursos para sufragar el coste de este servicio. En este sentido, cabe recordar que si bien el ministro Gallardón afirmó que las tasas judiciales servirían para contribuir al pago de la justicia gratuita, los datos del mismo ministerio demuestran que esta medida recaudatoria no ha alcanzado la cifra prevista ni se están utilizando las tasas para garantizar el servicio.
El proyecto de ley de justicia gratuita tampoco resuelve las problemáticas actuales de los abogados adscritos al TO. La homogeneización a la baja de los módulos de pago, los pagos impuntuales, la falta de traductores para todo el proceso, o que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones son algunos de los principales aspectos que los Colegios de Abogados querían resolver aprovechando la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita. Por este motivo, Rusca ha considerado injusto que en la redacción de la Ley no se haya tenido en cuenta la opinión de los abogados que prestan el servicio y lo califica de desprecio hacia el trabajo del abogado de oficio, puesto que el hecho de no resolver estas situaciones va en detrimento del servicio al ciudadano que ve malversado su acceso a la justicia.
El acto también ha servido para presentar el plan de acción de los Colegios de Abogados de Barcelona y Madrid para combatir la ley de justicia gratuita; actuaciones presentadas en el Consejo General de la Abogacía española.
Plan de Actuación del Colegio de Abogados de Barcelona.
El próximo jueves, 10 de abril, por la mañana, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona se reunirá con todos los partidos políticos catalanes con representación en el Congreso. Rusca también tiene previsto reunirse con la Comisión de Justicia del Congreso, con los partidos políticos con representación en el Senado y realizará otras visitas institucionales, como por ejemplo con la presidenta del Parlamento catalán o la Defensora del Pueblo.
La rueda de prensa ha servido también para reivindicar la erradicación del proyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, así como el de jurisdicción voluntaria. Ambas iniciativas legislativas no sólo perjudican al colectivo de los letrados, sino también a los ciudadanos que verán mermado el servicio que se les presta.
