Esta mañana se han reunido en el Ayuntamiento de Almuñecar su alcaldesa, Trinidad Herrera, junto con el Delegado Municipal de Urbanismo, Obras Públicas, Actividades y Medio Rural, José Manuel Fernández Medina, y los vecinos de la urbanización para comparecer en rueda de prensa con el objetivo de realizar un llamamiento a la Junta de Andalucía, y a su nueva presidenta, Susana Díaz, para que arrime el hombro a la hora de solucionar la situación en la que se encuentran las más de 400 casas de esta promoción

“Solicitamos que la Junta de Andalucía acometa de forma subsidaria las obras para garantizar la seguridad de estos vecinos. Asimismo, podemos adelantar que ya existe un procedimiento, a título privado de uno de los vecinos, en el que se dictan medidas cautelares que piden desde los juzgados, al Ayuntamiento y la Junta, que intervengan de forma subsidaria, ya que lo más importante en estos momentos son las familias que viven en Almuñecar y su seguridad, a lo que todavía no se ha obtenido ninguna respuesta”, ha afirmado Trinidad Herrera “Estamos sufriendo una emergencia real y pedimos a la Junta de Andalucía que ayude a los ciudadanos y que nos proteja. Se trata de un problema que tiene solución técnica y lo que hace falta ahora es voluntad política y deseo para ayudar a las más de 2000 personas afectadas”, ha comentado Ricardo López, portavoz de los propietarios afectados

 

 

Granada, 18 de octubre de 2013 – Esta mañana se han reunido en el Ayuntamiento de Almuñecar su alcaldesa, Trinidad Herrera, junto con el Delegado Municipal de Urbanismo, Obras Públicas, Actividades y Medio Rural, José Manuel Fernández Medina, y los vecinos de Cármenes del Mar para comparecer en rueda de prensa con el objetivo de realizar  un llamamiento a la Junta de Andalucía, y a su nueva presidenta, Susana Díaz, para que arrime el hombro a la hora de solucionar la situación en la que se encuentran las más de 400 casas de esta promoción, que podrían venirse abajo debido a que las técnicas utilizadas en la construcción de las casas no eran las adecuadas para el terreno inestable sobre el que se levantaron.

En el acto, Trinidad Herrera ha remarcado que se trata de “un asusto de gran importancia para un alto número de familias que viven en nuestro municipio y que el Ayuntamiento solo no puede solucionar” y que es, por este motivo, por el que se dirigen a las administraciones en la búsqueda de una solución, ya que no se tienen ni medios técnicos ni económicos desde la corporación local. “Pido a la Junta de Andalucía, por tener la competencia territorial, que sean sensibles a la situación de estas personas, con independencia de las responsabilidades finales que se decidirán en los tribunales. Se trata de  400 familias que están sufriendo desde el inicio de la compra de la vivienda las consecuencias del deslizamiento de las laderas, por lo que la mayoría de las viviendas sufren grietas, y algunas de ellas ya han tenido que ser desalojadas”, ha explicado la alcaldesa de Almuñecar.

“Solicitamos que la Junta de Andalucía acometa de forma subsidaria las obras para garantizar la seguridad de estos vecinos. Asimismo, podemos adelantar que ya existe un procedimiento, a título privado de uno de los vecinos, en el que se dictan medidas cautelares que piden desde los juzgados, al Ayuntamiento y la Junta, que intervengan de forma subsidaria, ya que lo más importante en estos momentos son las familias que viven en Almuñecar y su seguridad, a lo que todavía no se ha obtenido ninguna respuesta”, ha afirmado Trinidad Herrera, quien además ha añadido que “se trata de un asunto que puede perjudicar la proyección a nivel turístico de la provincia a nivel nacional, dado el alto número de extranjeros que viven en la zona, y esto lleva a tener que aumentar los esfuerzos para solventar todo lo antes posible, ya que la imagen internacional de la zona está en entredicho”.

Tanto los vecinos como los responsables municipales han recordado al Gobierno regional que el debate sobre las competencias es en estos momentos estéril, y han insistido en que es necesario actuar “ahora”, dado que si se sigue esperando los desperfectos serán mayores y las labores de reconstrucción serán aun más difíciles y costosas.

“Desgraciadamente, los movimientos de tierras cada vez son mayores y se repiten a mayor velocidad, por lo que se hace necesario actuar de forma urgente. Se trata de una obra muy costosa, podríamos estar hablando en el entorno de 25 millones de euros, pero es difícil valorar todavía lo que sería necesario para garantizar la vida de las urbanizaciones mientras se tramitan los juicios”, ha afirmado en la rueda de prensa José Manuel Fernández Medina, Delegado Municipal de Urbanismo, Obras Públicas, Actividades y Medio Rural.

Hay que recordar que las administraciones están para atender a los ciudadanos, por eso, Ricardo López, portavoz de los propietarios afectados, ha insistido en que “estamos sufriendo una emergencia real y pedimos a la Junta de Andalucía que ayude a los ciudadanos y que nos proteja. Se trata de un problema que tiene solución técnica y lo que hace falta ahora es voluntad política y deseo para ayudar a las más de 2000 personas afectadas. Es increíble que se haya llegado a esta situación por una mala gestión de las técnicas de construcción, sabiéndose desde un principio que no eran las adecuadas y las correctas, pero que aún así se  ocultaron a los compradores. Exigimos una solución que nos permita vivir con tranquilidad a las más de 400 familias que tenemos nuestros sueños, nuestras hipotecas y nuestros ahorros invertidos en esta urbanización.”

“Los ruidos que cada noche escuchamos en nuestras casas no sabemos si se deben a nuevas grietas o algo peor y los niños no pueden dormir los días de lluvia por un miedo real a una desgracia, por ese motivo, nuestra llamada se convierte en un grito de desesperación. Las administraciones podrán repercutir el coste de las reparaciones a quien dictamine los tribunales, pero nosotros no podemos esperar más”, ha concluido el portavoz de los propietarios afectados en un llamamiento urgente a que la Junta de Andalucía tome medidas en el asunto.

2.000 personas afectadas

Esta situación afecta a más de 2.000 personas, que podrían verse obligadas a abandonar sus viviendas debido al peligro de derrumbe en el que se encuentran. Ante esta situación, que supera con mucho la capacidad de maniobra de la administración local, tanto los vecinos como el consistorio han lanzado un mensaje de SOS a la recientemente investida presidenta de la Junta para que trabaje en una solución.

“No hay que olvidar que fueron las administraciones las que dieron el visto bueno a la tramitación de planeamiento, así como las licencias oportunas, permitieron a la constructora levantar estos pisos y aunque toda esa tramitación contara con informes firmados por técnicos y visado por los oportunos colegios, se ha demostrado que  los métodos usados no fueron los adecuados. La administración debe acudir al auxilio de sus ciudadanos sobre todo en situaciones tan dramáticas como esta”, ha explicado Ricardo López, portavoz de los propietarios afectados, quien ha destacado que el Ayuntamiento haya dado el paso de ponerse al frente de la búsqueda de soluciones.

En 1995, la empresa promotora Cerro Gordo S.A., del grupo empresarial COMAREX -importante empresa de promoción y edificación en Granada-, inició la promoción de un proyecto de urbanización y edificación en el Cerro Gordo de La Herradura (Almuñecar). La Junta de Andalucía dio el visto bueno tanto al planeamiento urbanístico como al posterior incremento en la edificabilidad propuestos por la promotora, y aprobados en primera instancia por el consistorio.

Meses más tarde se puso en marcha la edificación de 416 viviendas distribuidas en seis urbanizaciones. Durante los trabajos, los técnicos ya advirtieron de irregularidades constructivas, sin embargo la promotora, haciendo caso omiso de dichas advertencias, decidió continuar la promoción y vender prácticamente todas las viviendas entre 2001 y 2005.

 

 

 

Primeras Alarmas: “Informe Chacón 2008”

Ya en 2005, se sucedieron las primeras evidencias de deterioro: levantamiento de suelos, desprendimientos, rotura de muros de contención… En 2007, la situación se tornó insostenible y evidente. El Informe del Dr. D. José Chacón Montero, Catedrático de la Universidad de Granada del área de ingeniería del terreno (Dpto de Ingeniería Civil), conocido como “Informe Chacón 2008”, dejó claro que las técnicas utilizadas para construir las viviendas no eran las adecuadas al terreno en el que se pretendía edificar. El informe mostraba la existencia de un movimiento de deslizamiento de ladera preexistente y descrito en manuales de geología antiguos, acreditando que las deficiencias geológicas del terreno no lo hacían apto para este tipo de edificaciones y que, además, no se llevaron a cabo los trabajos previos de geotecnia adecuados para la construcción luego realizada. Es decir, se conocían las especiales características del terreno sobre el que se construía, pero no se hizo nada para evitar los problemas.

Los portavoces de los propietarios consideran que la Junta de Andalucía, que desde el inicio era conocedora de los problemas, ha abandonado a su suerte a más de 400 familias, alegando que no tiene competencia en este asunto a pesar de haber interpuesto varios recursos contencioso-administrativos contra las licencias de construcción dadas en su día por el ayuntamiento de Almuñecar.  “La nueva presidenta ya no puede seguir mirando hacia otro lado y permitiendo que los vecinos sigamos sufriendo esta injusticia”, insistieron los vecinos. La junta de Andalucía tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y si esta no se respeta, tiene medios para conseguirlo,  llegando incluso a la intervención, si lo considera oportuno.

Estamos por lo tanto ante una forma de actuar propia del boom de la construcción, cuando todo era válido para crear una urbanización más, aunque el futuro de sus habitantes estuviera decantado desde el primer momento. Hoy esas prácticas pueden dejar a más de 400 familias sin sus casas. Eso, sin contar con el deterioro para la tan cacareada “marca España” que supone este episodio, que resta credibilidad tanto al turismo residencial de la zona, como al propio sistema de garantías de nuestro país.

Acciones judiciales, muestran la evidencia del pelotazo constructivo

Ante esta situación, los afectados han puesto en marcha toda una serie de iniciativas legales con el fin de defenderse e intentar salvar sus casas. Hasta el momento, estas acciones han puesto en evidencia, por ejemplo, la existencia de informes periciales que desaconsejaban las técnicas constructivas utilizadas en este paraje. Es posible que el proceso judicial se alargue aun otros cinco o seis años, lo que puede provocar que, para cuando haya una sentencia en firme, sea inviable la reparación de algunas zonas, por la desprotección de una clase política y una legislación, que protege al constructor frente a los compradores.

Por tanto, lo que se necesita de la administración es que ayude a subsanar el problema ahora, adelantando los recursos técnicos y económicos, recursos que serán devueltos cuando el procedimiento judicial depure responsabilidades, apuntaban los vecinos, los cuales indican que el ayuntamiento es la única administración dispuesta a echarles una mano, pero que son conscientes que debido a la magnitud del problema se vean impotentes.