Las deudas son una de las pocas situaciones jurídicas que no tienen prescripción.

Esta característica ofrece ventajas sociales y jurídicas de sobra conocidas y que nadie pone en duda. Sin embargo, si queremos analizar los problemas que, en las circunstancias actuales, plantea la imprescriptibilidad de las deudas.

En primer lugar, la imprescriptibilidad aumenta la aversión al riesgo y reduce el índice de emprendedores. Pensemos, por ejemplo, en un empresario que generalmente ha avalado las deudas de su negocio con su patrimonio y que ha sufrido, sin dolo ni culpa, un fracaso total en su actividad. Su condición de deudor se extenderá durante toda su vida, incluso sus herederos quedarán afectados. ¿Se sentirá motivado este empresario para iniciar una nueva aventura?

  Si, además, esa aventura comienza con una mochila más pesada (la que aportan las deudas de su anterior fracaso), estaremos potenciando la aversión al riesgo, en un país en el que la aversión al riesgo es muy elevada; y creando trabas al mantenimiento de la especie, por eso, entre otras cosas, nuestro índice de empresarios es bajo.

Pero, en segundo lugar, esta situación de deudor vitalicio, provoca que aquel ciudadano, al que su espíritu aventurero le impulsa a seguir arriesgando en negocios, se vea obligado a opacar su actividad, y por lo tanto a trabajar, y generar su actividad dentro de la opacidad. ¡Vamos! Que esta situación de deuda vitalicia fomenta descaradamente la economía sumergida o la existencia de figuras fraudulentas (el uso de testaferros). Se reduce así la recaudación de impuestos para el Estado y la transparencia de las sociedades. Porque en la situación descrita, ¿quién va a poner activos a su nombre?

Los acreedores son, por supuesto, dignos de protección jurídica, su defensa es positiva y justa. No obstante, el Estado, los legisladores, los propios acreedores deben entender que, al igual que ocurre con los países, para pagar las deudas es necesario ganar dinero, es necesario crecer. Las actitudes de colaboración son mejores que las de competición en las que uno pretende cobrar todo y el otro no puede pagar nada.

La colaboración la predicamos para los países acreedores y deudores, para la deuda hipotecaria, y ahora también para los emprendedores que sin dolo ni culpa han fracasado en su actividad.

Es preciso proteger al emprendedor, porque producen un claro beneficio para la economía de todos, dado que, son los que crean mayor número de puestos de trabajo. Una especie que más allá de los discursos oficiales está en peligro de extinción o casi muerto, si ha fracasado una vez en su actividad.

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