A fecha de 24 de mayo del 2013 se ha publicado la Ley 4/2013, de 21 de mayo de Gobierno de Extremadura, cuyo objeto según lo establecido en los artículos 37 y 39 del Estatuto de Autonomía, es la implantación de una nueva relación entre el Gobierno y la Administración Pública con la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento de un gobierno abierto.

La apertura y reutilización de datos son fenómenos indispensables para ampliar, consolidar y fortalecer el concepto de lo público, así como para responder a la demanda de una mayor democratización por parte de la ciudadanía. Este es el desafío al que el Gobierno de Extremadura se enfrentará para crear una cultura mucho más horizontal de colaboración y comunicación entre los ciudadanos y sus representantes en pro de una democracia de mayor calidad. Paralelamente a este anuncio, los servicios tecnológicos del Gobierno extremeño están trabajando en la estrategia de Open Data desde principios del 2013, que será desarrollada e implementada casi en su totatlidad a finales de este año, cumpliéndose así los seis meses de plazo que otorga la ley.

Bajo estas premisas, la estrategia extremeña en Gobierno abierto traslada a la ciudadanía toda la actividad de la comisión, pudiendo el ciudadano establecer una comunicación y aportación directa. De esta manera se contribuye a la mejora de la transparencia y la generación de confianza en la sociedad. Pero no basta con esto, también es necesaria la reutilización de la información administrativa que favorecerá a la creación de productos y servicios de información basados en datos de libre disposición que obren en poder de los entes públicos, así como facilitar el uso de los datos para que empresas privadas ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido. Siendo así, los datos tendrán que ser presentados bajo licencias de propiedad abierta para que puedan ser redistribuidos, reutilizados y aprovechados.

Conforme a esta Ley, el Gobierno de Extremadura asume el compromiso de ejercer la acción del gobierno de forma transparente para compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y dificultades de la gestión e inversiones públicas, así como dar cuenta de la administración de los recursos públicos con el objetivo de construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de política para adaptarlas a las peticiones ciudadanas.

Al igual que la Administración extremeña, otras comunidades también han abogado por políticas de participación ciudadana, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra cuya Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y el Gobierno Abierto recoge estos mismos objetivos de garantizar una libertad e igualdad efectiva, así como una mejora institucional y de gobierno. Paulatinamente se van logrando estos propósitos aprobados no solo a nivel estatal con la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos ; y la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público, si no que también a nivel europeo se ha ido definiendo la mejora de la transparencia.

Legalidad y transparencia, norma básica en las contrataciones de personal

Por otra parte, el Gobierno de Extremadura también está potenciando la transparencia en diferentes líneas de actuación como en el caso de las políticas de gestión de personal y contrataciones que se producen en la empresa.

Dicho compromiso se ha materializado de manera pública en una cuestión fundamental: absoluta trasparencia en cuanto a la contratación de personal, siguiendo los procesos y criterios que para la selección de personal previamente están publicados en la web corporativa y que, necesariamente, son ajustados a la norma.

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