En Octubre, la ONU criticaba el número de desahucios en España que se habían ejecutado o estaban en proceso de ejecución, producto de los más de 350.000 procedimientos hipotecarios iniciados desde 2007. En 2011 se produjeron aproximadamente 212 ejecuciones y 159 desalojos diarios.

"La vivienda ha pasado a ser un activo financiero y cada vez se regulan más los mercados inmobiliarios para promover los aspectos financieros de la vivienda en vez de sus aspectos sociales". Son palabras de Raquel Rolnik, relatora especial de la ONU.

Hace unos días, los jueces decanos de España expresaron su apoyo "incondicional" al informe para frenar los desahucios que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó estudiar y han reclamado "humanizar" la ley hipotecaria para hacer frente a lo que entienden una auténtica "lacra social".

Pero ha tenido que ser la muerte voluntaria de la ciudadana de Barakaldo Amaya Egaña, poco antes de la entrada de la policía judicial, la que haya provocado por fin una reacción del legislativo que ahora sí se ha dado cuenta de que nuestra sociedad tiene un problema grave, muy grave. Más allá de las cifras de porcentajes de morosidad, más allá de la cuantificación de los rescates, están las vidas de las personas: tres suicidios en un mes y miles de personas expulsadas de sus casas.

Antes de la crisis, los deudores que no podían hacer frente a sus compromisos tenían la opción de gestionar directamente la venta de su inmueble, liquidar la deuda y en el mejor de los casos, disponer de un sobrante como consecuencia de la revaloración del activo. Hoy en día esta opción ha dejado de existir. Las operaciones de compraventa son escasas y los inmuebles deprecian su valor, por lo que forzosamente el bien acaba siendo embargado, subastado y adjudicado por un precio bastante inferior al de compra-venta inicial y probablemente, al de la deuda existente. A este importe hay que añadir los intereses de demora y las costas judiciales. Pensemos en el mercado laboral y en las posibilidades que tiene la familia afectada de tener una vida digna en el corto, el medio y, si me apuran, en el largo plazo.

Esta semana, los bancos han decidido paralizar los desahucios para los casos más “vulnerables” hasta la entrada en vigor de la reforma que el gobierno y la oposición deben pactar para cambiar la regulación actual. Más vale tarde que nunca, pero ese cambio tendría que afectar no únicamente a los procedimientos judiciales, sino que también debería incluir una regulación en los procedimientos de recuperación de las entidades financieras.

No es cierto, como se dice, que los bancos sean insensibles y duros, sino que sus empleados no pueden hacer otra cosa que seguir los procedimientos establecidos en las políticas de riesgos dictadas por la dirección. Éstas, en una primera fase de la crisis, establecían que debían renovarse los préstamos hipotecarios reestructurando la deuda y estableciendo, en muchos casos, períodos de carencia. Esta medida estaba más encaminada a maquillar los balances que a aportar una solución con criterios sociales.

En una segunda fase de la crisis las cuotas impagadas pasaron a ser reclamadas siguiendo el procedimiento operativo habitual en la banca: cartas, llamadas y en la mayoría de los casos externalización de la gestión del impago a agencias de recuperación que trabajan a comisión por cantidades recuperadas. Una vez entrado el expediente contablemente en mora, éste pasa a fase de demanda judicial encargándose el juzgado de seguir el procedimiento hasta la recuperación de la deuda o el desahucio.

Lo que es preciso es que la banca, que hizo buenos dividendos con las hipotecas en los tiempos de bonanza, cambie sus procedimientos pues una vez en los juzgados, el deudor será siempre desahuciado a no ser que pueda conseguir una fuente de ingresos que pare temporalmente el procedimiento judicial. Estamos en una situación de gravedad extrema y de ella no saldremos si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. La banca debe entender que no pueden ser sólo parte del problema, sino que tienen que ser también parte de la solución. No olvidemos que hasta hace poco el deudor era un cliente al que había que fidelizar e incluso arrebatárselo a la competencia.

¿Qué hacer? Pues quizás los bancos deberían tener conectadas las bases de datos de los expedientes en mora con las bases de datos de su cartera de inmuebles, estableciendo metodologías de prevención de embargo, de tal manera que cuando un cliente esté en situación de caída libre, pudiera ofrecérsele una solución: un inmueble cuyo valor estuviera en consonancia con el capital amortizado a la fecha, una vivienda con un alquiler que pudiera asumir, etc. No olvidemos que existen inmuebles que están en cartera desde hace años porque no pueden ser vendidos. Además, estas viviendas no pueden traspasarse al SAREB (“banco malo”) por no superar su valor los 100.000 € una vez deducidas las provisiones.

Es más, si el gobierno quisiera, podría exigir la creación de un banco social en el que incluir todas las viviendas que llevaran cierto tiempo sin ser vendidas, para que la reubicación del cliente no quedara limitada por la falta de stock en la plaza. No debe ser únicamente responsabilidad de los ayuntamientos la recolocación de los desahuciados con alquileres sociales.

Debemos utilizar la imaginación para reducir los efectos de esta grave crisis y el esfuerzo no debe recaer únicamente en la sociedad, sino también en todos aquellos que han ayudado a alimentarla. Entre todos saldremos, pero los ciudadanos tienen que ver que un gobierno que ha decretado los toros como fiesta nacional, sabe cogerlos por los cuernos.

Agustí Amorós Director comercial de AIS para España y Portugal