Las ONG también hacen entrega de un manifiesto firmado por entidades europeas e internacionales y mâs de 200 activistas y profesionales psicosociales y sanitarios.
Las ONG también hacen entrega de un manifiesto firmado por entidades europeas e internacionales y más de 200 activistas y profesionales psicosociales y sanitarios.
La Alianza de Plataformas del VIH/sida, que representa a más de 300 ONG del Estado, entrega hoy una carta a la Ministra de Sanidad Ana Mato, denunciando que el Gobierno español ha abandonado la respuesta al VIH y al sida tras la suspensión hasta la fecha de la actividad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, haciendo peligrar así los avances conseguidos en la prevención y la atención de la infección y la enfermedad en nuestro país.
La misiva cuenta con el apoyo de más de 40 grandes ONG europeas bajo el paraguas del Foro de la Sociedad Civil (CSF), órgano consultivo de la Comisión Europea en materia de VIH, además de organizaciones globales como la Red Internacional de Personas que viven con VIH (GNP+) y la Asociación Internacional LGBT (ILGA). Todas ellas se unen a las voces de la Alianza ante la ausencia de convocatoria de subvenciones para acciones de atención y prevención del VIH que hasta ahora ha venido realizando la sociedad civil, por los efectos adversos que esto tendrá en la contención de la epidemia y en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas y de aquellas en riesgo de adquirirlo.
Por otra parte, se denuncia, que bajo el pretexto de ahorrar en gasto sanitario y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el cual, entre otras medidas, todas las personas inmigrantes que residen en España en situación administrativa irregular dejarán de tener cobertura sanitaria a partir del 31 de agosto. Ello implica que las personas inmigrantes en situación irregular que padecen afecciones graves -como VIH/sida, hepatitis o cáncer- dejarán de recibir atención y tratamiento para sus enfermedades.
Dicha medida ha sido puesta en entredicho por organismos internacionales como la European Public Health Alliance que ha subrayado que las políticas sanitarias del Gobierno contribuyen a aumentar las desigualdades en salud.
Yusef Azad, del National AIDS Trust y representante por el Reino Unido en el CSF, afirma que “dejar de proporcionar tratamiento para el VIH a ciertas personas migrantes causará graves problemas de salud pública. Negar el tratamiento desmotiva a las personas para hacerse la prueba. El resultado serán tasas más elevadas de personas con una infección por VIH sin diagnosticar, más transmisión del VIH y mayores ingresos en urgencias hospitalarias de personas con graves afecciones de salud por no haber sido diagnosticadas previamente.
Esto significa un aumento de las infecciones por VIH en la población, más morbilidad y mortalidad a causa del VIH y más gasto para el sistema público de salud. Privar a algunos migrantes del tratamiento del VIH es a la vez una pérdida en derechos humanos y un desastre económico para el sistema público de salud”.
Por otra parte, también se hará entrega de un manifiesto elaborado y consensuado por la Alianza de Plataformas que integra a más de 300 organizaciones del VIH y sida del Estado español, y que ha sido respaldado ya por otras 41 ONG estatales y 217 activistas, profesionales psicosociales y sanitarios para denunciar que las medidas del Gobierno ponen en peligro la salud pública. La adhesión al manifiesto se inició en el transcurso del XV Congreso SEISIDA que tuvo lugar en Madrid los pasados 6, 7 y 8 de junio, y continúa abierta.
Según este manifiesto, al negar la cobertura sanitaria o dificultar el acceso y al suspender gran parte de las actividades de prevención y sensibilización, se aumenta el riesgo de generar focos de enfermedades transmisibles como el VIH y, por tanto, de expansión de la epidemia, al tiempo que empeora la salud, la calidad y la esperanza de vida de las personas afectadas.
Siendo conscientes de la coyuntura económica, las organizaciones sociales ponen de relieve que existen alternativas que podrían aunar el ahorro y la protección de los derechos humanos. Pero el Gobierno, en lugar de estudiar las alternativas, está optando por tomar medidas que afectan a las personas más desfavorecidas y desprotegidas.
Desde la Alianza de Plataformas, con el apoyo de las organizaciones estatales e internacionales, se exhorta al Gobierno a mantener los fondos para la actuación de las ONG y a frenar la reforma sanitaria, por las graves consecuencias que tendrá a corto y medio plazo a nivel social y económico.
Artículo publicado en Fundacion Atenea
