ADECES analiza los 100 días de Gobierno

Sí, han pasado algo más de 100 días desde que el nuevo Gobierno tomó posesión, en concreto 112 días desde el primer Consejo de Ministros. Esta extensión del plazo sobre lo que dicta la costumbre, tiene su origen en el reciente anuncio del Ejecutivo sobre la adopción de nuevas medidas, que finalmente se han tomado en el Consejo del viernes 13 de abril. Disculpas de antemano por esta licencia. Lo de las 1500 noches es para dejar constancia de que las consecuencias, las buenas y las malas, derivadas de las medidas tomadas, extenderán sus efectos a lo largo de la legislatura y probablemente "más allá". Una legislatura marcada a fuego por la economía, igual que estos 100 primeros días, por la consolidación fiscal que impone Europa y deja poco margen a los gobiernos nacionales, incluido el de España, a pesar del órdago del Presidente del Gobierno en Bruselas en donde firmó la exigencia de cumplir un déficit y después comunicó en rueda de prensa su incumplimiento. A juzgar por la evolución el órdago se convirtió en salida de pata de banco. Vaya por delante que el éxito del Gobierno será el éxito de todos. Así que cabe esperar y desearle acierto. Comenzaron los 100 días con anuncios de recortes, ajustes o reformas (cada uno les puede llamar como quiera), 17.000 millones del ala; y aunque dolorosos, parecían representar una voluntad inquebrantable de "hacer lo que hay que hacer" para enderezar una situación que se presentaba más difícil de lo previsto, ya que el déficit público, lo mismo se situaba en el 8% que en el 8,5%. Con este baile de cifras y, sobre todo, teniendo en cuenta el origen que se le atribuyó posteriormente (las Comunidades Autónomas aportaban la mayor parte de la desviación sobre el objetivo planteado para 2011), la voluntad inquebrantable que se comentaba anteriormente, quedó barnizada con una capa de interés partidista que en nada ha contribuido a incrementar la confianza en el Reino de España. Tampoco parece mejorar la percepción de España por su alta carga populista, la idea esgrimida por el presidente en el debate de investidura referida al incremento de las pensiones: "Mi único compromiso es con los pensionistas", dijo. Idea, que ahora se reitera con motivo de los nuevos presupuestos. El desacuerdo con esta afirmación es radical. Las pensiones son una renta como cualquier otra y, constituyen una parte fundamental del gasto. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto representan un 3% más que en 2011. Con 600.000 desempleados más según las previsiones del Gobierno, con más de 2 millones de parados que no cobran ningún tipo de ayuda, con trabajadores que ven como su sueldo se recorta, con el Salario Mínimo que se congela, no resulta edificante pedir un esfuerzo a toda la población para aumentar el gasto en pensiones un 3%. Se entendería que las pensiones mínimas aumentasen su poder adquisitivo más de un 3%, sobre todo, teniendo en cuenta los incrementos de tasas y precios públicos que se están registrando. Pero dicho esto, el gasto total en pensiones debe ser contenido para contribuir al esfuerzo general de mitigar el déficit y preparar a la economía para el crecimiento futuro (crecimiento futuro…uhmmmm, crecimiento futuro…uhmmmm), un crecimiento que se va a producir después de que nuestro PIB y nuestra renta per cápita haya caído a lo largo de estos años, es decir, que en el mejor de los casos pasarán años para estar donde estábamos. Por otra parte, tampoco es congruente con la evolución de las empresas y de las rentas salariales, pilares del sistema, que ambas tengan que seguir haciendo el esfuerzo de mantener pensiones más altas y que se verán incrementadas con este proyecto de presupuestos, aunque sea ligeramente. Plausible, por necesaria e imprescindible, es la medida adoptada por el Gobierno para facilitar el pago a proveedores de las administraciones públicas. Con la puesta en circulación de 35.000 millones de euros se salvarán empresas y puestos de trabajo. No obstante, convendría haber evitado penalizaciones como las provocadas por la necesidad de renunciar a los intereses de demora o dar prioridad a los proveedores con deudas más antiguas o primar a los que hagan una quita. Lo primero porque resulta falto de equidad respecto a las deudas de los particulares o empresas contraídas con la administración tributaria, a los que se les exigen estos intereses. Lo segundo porque es una discriminación entre proveedores con deudas reconocidas y pendientes de pago. Estas restricciones provocan que los proveedores se auto excluyan del sistema de pago habilitado, aunque el mismo tan sólo se empleó para satisfacer el 54% de los 17.500 millones previstos, es decir, que tenía más capacidad de pago de la realmente empleada. Así ha sido en el caso de los Ayuntamientos y suponemos que las Comunidades tendrán un comportamiento semejante. Desde el lado económico de la evaluación de los 100 días de Gobierno y, todavía en el capítulo presupuestario es preocupante la reducción del 25% en el capítulo de I+D, acompañado de un 22% y 7% en materia de educación y sanidad a los que habrá que sumar los efectos de otros 3.000 y 7.000 millones de ajustes respectivamente, que se discutirán próximamente y deberán aplicar las Comunidades Autónomas. Una vuelta de tuerca a la educación de un país que, en comparación con otros de la UE, está en pañales tanto en inversión como en el tiempo que lleva practicando la universalidad del sistema. Una vuelta de tuerca también a la sanidad que constituye otro pilar de los avances sociales. Por el camino han aparecido las discusiones sobre el pago de medicamentos, ya sea a través de copago (repago para otros) o según la renta o aplicando el euro por receta. Ninguna de estas soluciones nos parece correcta. Estar enfermo no puede representar un sobrecoste. La sanidad, entendiendo por tal los tratamientos, pruebas diagnósticas y los medicamentos debe financiarse con el esfuerzo de todos los ciudadanos en función de su renta, a través del IRPF. Todo ello sin contar con los gastos que supondrá poner en marcha un sistema como el pago de medicamentos en función de la renta. Cosa distinta es que haya que racionalizar los gastos del sistema: abaratando la adquisición de medicamentos, reduciendo las dosis de los envases, racionalizando la expedición de recetas, procurando la rentabilidad de los aparatos clínicos, etc. e incluso si se apura mucho, limitando el número de personas que pueden adquirir los medicamentos de forma gratuita. Por cierto que sobre la reducción de costes de los medicamentos no estaría de más que las instituciones se guardasen la necesaria lealtad y que el Gobierno de la Nación no introdujese elementos de inseguridad jurídica en los concursos (subastas) presionando a las empresas que aceptaron las condiciones de las mismas. La seguridad jurídica que reclamamos desde España a Argentina es transcendental aplicarla también en España, hay que predicar con el ejemplo. Educación y sanidad, aunque presentan una derivada económica, en realidad son ejes de los derechos básicos de los ciudadanos, como también lo es el acceso a la justicia, que el ministerio pretende limitar estableciendo una tasa para las personas físicas de 800 euros para poder apelar en el orden civil y contencioso, coste que hasta ahora sólo tenían que afrontar las empresas con una facturación de más de 8 millones de euros y por importe de 300 euros. De nuevo la recaudación en el centro del sistema de derechos. Justicia nos dejó otro anuncio: un nuevo cambio en la ley del aborto. La seguridad jurídica tan empleada en estos días está del lado de la ley de plazos. Sin embargo, pretende retrotraerse a la anterior legislación sobre el aborto, la de supuestos, que fue la solución de un momento histórico, pero llena de inseguridad y angustia, como demuestran algunos acontecimientos recientes como los de la clínica Isadora. En todo este cambio lo de menos es el consentimiento o la comunicación a los padres por parte de los menores de 16 años. Por más que los ciudadanos crean que la falta de consentimiento o la no comunicación a los padres está mal, hay que indicar que está peor que algunos progenitores, en función de sus creencias obliguen a una menor a vivir con los resultados de una decisión que ellos adoptaron por ella y de la que finalmente tendrá que responsabilizarse la menor más tarde o más temprano. Se completa este anuncio de cambio con otro que incide en el terreno de la sexualidad: pasar de expedir sin receta la píldora del día después a hacerlo con ella, basándose en los supuestos efectos secundarios que según la ministra del ramo unos informes confirman y otros no, es decir, "no son concluyentes". Quizá, por encima de los informes, todos podamos estar de acuerdo en que como efectos secundarios peor los del embarazo no deseado que los que puede provocar, si es que los hay, la píldora del día después. Wert: Más que hablar de sus múltiples anuncios en los inicios de esta etapa hiperactiva que ha protagonizado nos vemos en la obligación de llamar la atención sobre su ignorante, tendenciosa y confusa actuación. Mejor esta etapa de reposo que ojalá sirva para pensar…pensar…pensar y leer. Leer con calma el informe PISA, dice mucho si se le mira sin perjuicios. ¡Ah!, una última recomendación para el ministro y para todos los ciudadanos: cuidado con confundir esfuerzo, con penalizaciones no siempre adecuadas, como obligar a repetir cursos con un número mínimo de suspensos, no vaya a ser que los alumnos mayores acaben contaminando a los más pequeños y generemos situaciones de frustración peores que las que pretendemos solventar. A lo mejor acabamos de una vez por todas entendiendo que todos nuestros males no tienen solución endureciendo las penas; idea recurrente, por cierto, cada vez que algo desagradable sucede o alguien quiere "enseñarnos " lo intransigente que va a ser con el delito o con la prevención del delito, como por ejemplo, acaba de hacer el ministro del interior penalizando a los convocantes de manifestaciones a través de la red que acaben con altercados. Un calco de lo anunciado por Sarkozy. Hay libertades y derechos por encima del marketing. Si por el lado de los gastos se ha hecho hincapié en el recorte de una buena parte de los que conforman los derechos básicos y universales, por el lado de los ingresos sorprende la autorización de incrementos de tasas y precios públicos pero, sobre todo, la amnistía fiscal con la que oficialmente no se sabe lo que se pretende recaudar porque el ministro no hizo ninguna estimación (prueba de la poca confianza que inspira la medida) pero sí se sabe que será un premio a los defraudadores y evasores que verán perdonadas sus delitos por el pago de un 10% sobre las cantidades no declaradas. Otra conducta no ejemplar y últimamente son muchas. Dos últimas referencias de estos primeros días de Gobierno. La primera sobre la reforma laboral: mal tiempo para hacer una reforma tan "agresiva" probablemente la pagaremos con desempleo y empobrecimiento de las familias y por tanto de la economía. Por cierto ampliar el período de prueba a un año habla mal del empresario que ha necesitado todo ese tiempo para saber si un candidato es idóneo. La segunda tiene que ver con la función pública. Sería deseable que el Gobierno, la patronal y algunos medios y comentaristas económicos dejaran de formular tantas recomendaciones sobre los funcionarios: La patronal y las empresas que la integran porque tiene mucho que aprender de eficiencia, aprovechamiento de recursos, valorización de los recursos humanos y acceso a los puestos de trabajo por mérito. Podemos mirar a bastantes grandes empresas. El Gobierno porque no puede estar haciéndose eco, día sí y día también, de las sugerencias que se leen. Los comentaristas económicos porque sería deseable que aparte de saber de economía supieran un poco de Historia. Hay una corriente de opinión tendente a desestabilizar la función pública y sustituirla por un sistema de contratación que nos llevaría directamente a las cesantías y con ellas a la dependencia política y a la falta de rigor de los empleados públicos. Es preciso mejorar la administración pública, sí. Pero no a golpe de despropósitos.