En mayo de 2009, en la rueda de prensa para informar sobre la declaración de la renta, el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña ya puso sobre la mesa la propuesta de una amnistía fiscal para aflorar dinero oculto. Finalmente, el Gobierno ha coincidido con la propuesta de los gestores administrativos -en línea con iniciativas muy similares que ya han desarrollado otros países de nuestro entorno- y ha optado por abrir un período de regulación fiscal que permitirá incrementar sus ingresos en más de
En mayo de 2009, en la rueda de prensa para informar sobre la declaración de la renta, el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña ya puso sobre la mesa la propuesta de una amnistía fiscal para aflorar dinero oculto.
Finalmente, el Gobierno ha coincidido con la propuesta de los gestores administrativos -en línea con iniciativas muy similares que ya han desarrollado otros países de nuestro entorno- y ha optado por abrir un período de regulación fiscal que permitirá incrementar sus ingresos en más de 2.500 millones de euros e inyectar al sistema financiero más de 25.000 millones de euros según el cálculo de la Administración.
Las medidas adoptadas son de dos clases. Primeramente, y con carácter temporal hasta 30 de noviembre de este año, se arbitra una tributación atenuada al 10%, de rentas no declaradas, que bien habría podido extender, por razones prácticas y para ampliar el volumen de dinero aflorado e ingresado por Hacienda, a los supuestos que ya están siendo investigados por la Administración. En segundo lugar, un cambio normativo de carácter permanente incentiva el pago voluntario de la deuda tributaria a fin de evitar responsabilidades penales. Estas medidas tendrán, al parecer, su contrapeso normativo con otras dirigidas a combatir el fraude que próximamente se darán a conocer por el Gobierno central.
El ponente de la Comisión Económica, Financiera y Tributaria del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña, el Dr. Jordi Altayó, considera que "tal como ya apuntó el 2009, la medida es acertada ya que es una vía más para intentar salir de la crisis, aunque tiene un carácter discriminatorio que sólo se justifica por la situación extraordinaria que estamos sufriendo".
El Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña, a través de su ponente el Dr. Altayó, defiende que una medida de estas características debe servir para inyectar liquidez al sistema financiero y para disminuir el déficit vía más ingresos fiscales, pero al mismo tiempo pide seguridad jurídica en su aplicación por parte de la Administración.