La semana pasada, un tribunal comercial en el Reino Unido dio la razón a una reclamación de la empresa de ingeniería Process and Industrial Developments Ltd (P&ID), que exigía más de USD $ 9 mil millones al gobierno nigeriano por un acuerdo fallido de gas. La decisión sigue a un laudo arbitral de 2017 y lo convierte en un juicio legal, que podría permitir que P&ID embargue los activos comerciales internacionales de Nigeria

La demanda de P&ID se basa en un contrato de 2010 firmado con el gobierno de Nigeria para la construcción y operación de una "planta de procesamiento de gas para refinar gas natural ("gas húmedo") en gas pobre que Nigeria recibiría sin cargo para alimentar su red eléctrica nacional'', dice la página web de la compañía. Según el acuerdo, el gobierno nigeriano debería haber proporcionado la infraestructura y los gaseoductos necesarios para suministrar gas a la planta. P&ID construiría la planta de forma gratuita y luego la operaría y comercializaría la producción durante un período de 20 años.

La compañía sostiene que durante este período habría obtenido USD $ 6,6 mil millones en ganancias, una cifra increíble que se vuelve aún más fantástica a medida que la compañía afirma que el interés anual del 7% que supuestamente está cobrando a este capital se ha acumulado hasta USD $ 2,4 mil millones, a una tasa de USD $ 1.2 millones por día, lo que completa el monto total en aproximadamente USD $ 9 mil millones. Toda la situación es en sí misma extremadamente desconcertante. Además, P&ID, compañía que fue creada específicamente para este proyecto, sostiene que tiene derecho a la cantidad total de lo que habría ganado en un período de 20 años de trabajo, a pesar de que este momento todavía falta más de una década. Además, ya está cobrando intereses sobre el capital que, si el proyecto continuara, todavía estaría a una década de generarlo. Añadido a esto, ha optado por seguir el asunto en un tribunal británico, y tiene una pieza separada en un tribunal estadounidense, cuando el contrato se firmó en Nigeria, de conformidad con la ley nigeriana, y debe llevarse a cabo en un tribunal nigeriano, como el equipo legal nigeriano ha declarado en repetidas ocasiones.

Nigeria tiene intención de presentar apelación a la decisión, pero P&ID no está perdiendo el tiempo y está tratando de apoderarse de los activos nigerianos en el extranjero, y podría lograrlo, al menos en parte.

Además, P&ID nunca llegó a comenzar la construcción de esta central de energía, que según afirma, habría beneficiado a tantos miles de nigerianos. Según los informes, la compañía ha gastado USD $ 40 millones en trabajos preparatorios, aunque es imposible dar fe de en qué ha consistido este trabajo.

Incluso solo mirando la cantidad gastada, el trabajo realizado y la compensación solicitada, las cifras parecen simplemente absurdas. USD $ 9 mil millones corresponden al 20% de las reservas de divisas de Nigeria, sería impensable que un país pagara tanto capital a una pequeña empresa desconocida que invirtió tan solo una pequeña fracción de esa cantidad en el país y no hizo nada del trabajo contratado. Además, es desconcertante que un tribunal británico incluso llegue a considerar tal decisión.

Sin embargo, este tema representa una importante advertencia para los gobiernos africanos. Muy pocas cosas importan más en el esfuerzo por atraer inversiones y construir un clima de negocio favorable que impulse el desarrollo de la economía que la santidad absoluta de los contratos firmados.

Los inversores deben saber que sus inversiones son seguras y que estarán protegidas por la ley en caso de que las otras partes no cumplan con sus obligaciones, como parece haber sucedido con el gobierno nigeriano. No es la primera vez que se da una situación como esta. En marzo, un tribunal internacional ordenó a la República Democrática del Congo que pagara a DIG Oil Ltd de Sudáfrica USD $ 617 millones por no cumplir con dos contratos petroleros. Esta es una pérdida de capital inaceptable e injustificable para la gente de la RDC. Particularmente teniendo en cuenta que la pérdida se produce porque los líderes del país no cumplieron con un contrato que podría haber traído una cantidad considerable de riqueza para el país durante muchos años, tanto en regalías como en impuestos, así como en ayudar a desarrollar su industria petrolera.

El gobierno de Senegal bajo la presidencia de Macky Sall fue muy inteligente para evitar este tipo de litigios cuando se enfrentó con el problema de la Timis Corporation y su propiedad de una extensión que incluía el campo Tortue, que se estima que contiene más de 15 tcf de reservas de gas descubiertas. Si el presidente Macky Sall hubiera procedido a rescindir un contrato válido esa área, Timis Corporation habría acudido a un arbitraje y probablemente habría obtenido un laudo favorable contra Senegal. En el proceso, los campos de gas habrían permanecido inactivos y no habrían producido retornos para Senegal y sus ciudadanos. A veces, los líderes se enfrentan a decisiones difíciles y se necesita un perfil valiente para encontrar soluciones y seguir respetando la santidad de los contratos.

Incluso con las críticas de grupos de la sociedad civil, Guinea Ecuatorial ha cumplido contratos con compañías petroleras estadounidenses que muchos analistas de petróleo consideran que son desfavorables para el país. Este principio ha mantenido estable la industria petrolera de Guinea Ecuatorial y las empresas estadounidenses continúan invirtiendo en nuevos proyectos como el proyecto Backfill EGLNG entre Noble, Atlas Oranto, Glencore Marathon y el estado.

Los líderes y los países africanos no pueden permitirse este tipo de errores nunca más. Si, por un lado, los contratos deben respetarse, protegerse y cumplirse, las personas a cargo de evaluar y firmar esos contratos deben tener la viabilidad del proyecto como el argumento principal detrás de cualquier decisión. ¿Cuál es el propósito de firmar contratos para proyectos fantásticos donde no hay ni el capital ni las condiciones para llevarlo a cabo? Nuestras economías también viven de su reputación. Ningún inversor quiere trabajar en un sistema donde los contratos no se cumplen y sus inversiones no están protegidas.

Si bien la reclamación de P&ID de USD $ 9 mil millones en compensaciones parece absurda, las empresas que ven irrespetados los contratos que firman con los gobiernos africanos, o con cualquier gobierno, deben tener derecho a reclamar una indemnización, de la misma manera que los líderes africanos deben ser responsables de la los contratos que firman y deben asegurarse de que situaciones como esta no se repitan. Se ha desperdiciado ya suficiente dinero en demandas que podrían utilizarse para beneficiar la vida de los africanos. Esto es válido para la industria del petróleo y el gas y para cualquier otra industria.

NJ Ayuk es el CEO of Centurion Law Group, Director Ejecutivo de la African Energy Chamber, y autor del libro que se publicará próximamente, “Billones en juego: El futuro de la energía africana y de cómo hacer negocios.”