La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, inauguró hoy la jornada ‘Caminando junt@s’, en la que se trata la erradicación de la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad. El encuentro se ha organizado en colaboración con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Región de Murcia y se enmarca en el programa de actos conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La consejera declaró que “con esta jornada queremos poner el énfasis en el colectivo de mujeres con discapacidad que, por su especial situación de vulnerabilidad, hace que la violencia hacia ellas por motivo de género sea especialmente deplorable”, y adelantó que “se va a poner en marcha un protocolo regional que se inicia con la identificación de los casos en los que una mujer con discapacidad puede estar sufriendo malos tratos”.
Para ello, expuso Violante Tomás, “vamos a formar, en colaboración con la Dirección General de Mujer, a todos los técnicos que trabajan con el colectivo de personas con discapacidad, para que cumplimenten el documento con el que poder recoger información que sirva para identificar cuándo una mujer con discapacidad sufre violencia y de qué tipo”.
Este documento/cuestionario puede ser usado por los profesionales que trabajan directamente en este ámbito o en los servicios sociales para mujeres e instituciones de personas con discapacidad. “Sus objetivos son, fundamentalmente, poner el foco de atención sobre la necesidad de considerar este problema, servir como herramienta de obtención de información cuantitativa y cualitativa, y proporcionar a los profesionales información sobre los recursos disponibles, para que puedan asesorar a estas víctimas, con lo que concluiría el nuevo procedimiento”, explicó la consejera.
Aproximadamente un 60 por ciento del total de personas con discapacidad son mujeres , “y cuanto mayor es su grado de dependencia más vulnerables son a cualquier tipo de violencia”, añadió Violante Tomás. De hecho, “el porcentaje de mujeres con discapacidad que reconoce haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja es del 23,3 por ciento, un 50 por ciento superior al de las mujeres sin discapacidad acreditada”.
En este sentido, la consejera se refirió a las circunstancias agravantes que viven estás mujeres víctimas de maltrato. “Hemos constatado”, manifestó, “que, a mayor grado de discapacidad, menor es la posibilidad de autodefensa. En la mayoría de los casos, son mujeres que se encuentran en situación de dependencia económica que les coacciona para denunciar su situación y, paradójicamente, su asistencia o cuidados, la hacen más dependiente de su agresor. Además, al miedo a perder vínculos afectivos familiares por denunciar a su agresor se añade el miedo a perder cuidados”.
A estas cuestiones hay que sumarle, a menudo, la dificultad que tienen para acceder a recursos que les permitan reconocer que se encuentran en una situación de violencia y lugares a los que puede acudir para recibir la ayuda necesaria que les permita salir de esa situación.
La consejera aseguró que “estas circunstancias propician la dificultad que tenemos las administraciones públicas para poder recabar datos e información que nos ayude a detectar casos de violencia sobre mujeres con discapacidad y nos permitan elaborar protocolos preventivos y de actuación específicos con suficientes garantías de protección, de ahí la importancia que tiene poner en marcha un protocolo específico, como el que hoy presentamos”, concluyó.
