La Plataforma del Tercer Sector se muestra satisfecha porque el Programa Nacional de Reformas 2015 incluya varias de las propuestas presentadas por el sector. Como ya ocurrió en 2014, las aportaciones recogidas en el documento se incorporan de manera casi textual, haciendo en este caso, un reconocimiento expreso a la Plataforma del Tercer Sector, de quien se dice “ha tenido un papel muy activo en la elaboración del PNR 2015”.

De acuerdo con las aportaciones recibidas, se han incorporado en el texto orientaciones clave, tales como la redistribución más justa en el esfuerzo para la salida de la crisis y la recuperación, la no afectación al sistema de bienestar por los ajustes en la inversión social,  la inclusión de un capítulo social y las metas de pobreza de la Estrategia Europa 2020, y la necesidad de dotación de presupuesto y de indicadores específicos de seguimiento y evaluación a los planes sociales aprobados en 2014 y en 2015.

Así, el documento recoge la propuesta de puesta en marcha de un Plan de Choque contra la Pobreza, que incluya, entre otras, medidas concretas para la garantía de ingresos como la implantación del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo; el aumento del número de perceptores de rentas mínimas autonómicas y del presupuesto respecto a 2014; o el aumento del 20% en determinadas pensiones no contributivas y/o asistenciales.

Respecto a las medidas relacionadas con la fiscalidad, el PNR 2015 incorpora medidas para conseguir un sistema tributario más equitativo, con una mayor rebaja de tipos para las rentas medias y bajas, permitiendo a más de 20 millones de contribuyentes contar con más renta disponible, y recoge asimismo acciones para proteger a los colectivos más desfavorecidos, como el aumento de los mínimos personales y familiares o la creación de tres impuestos negativos para familias numerosas, monoparentales o con ascendientes o descendientes con discapacidad.

En cuanto al fomento del empleo, se incorporan en el PNR 2015 medidas para reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo, considerando colectivos prioritarios a aquellos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y con menos recursos económicos, y apoya a los trabajadores autónomos, rebajando las retenciones a aquellos con bajos rendimientos.