La Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (FEAPS) ha dirigido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una carta con el fin de informar al ejecutivo de su preocupación por el impacto que la transposición de la Directiva Europea de contratación pública (2014/24/UE) puede tener sobre las vidas y los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
FEAPS ha tenido conocimiento de que el borrador de anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público para la transposición de la citada Directiva, no ha tenido en cuenta la inclusión de aspectos concretos que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad y den cumplimiento a la Convención de la ONU sobre derechos de estas personas ratificada por el Estado Español (y a la que se refiere a la propia Directiva en su Considerando 3).
En la carta dirigida a la Vicepresidenta, FEAPS considera que, para dar cumplimiento a la Convención, y respetar de ese modo los derechos de las personas con discapacidad, es preciso “reconocer explícitamente, tal y como hace la propia Directiva, que la prestación de servicios sociales puede realizarse a través de procesos diferentes a la contratación pública, pero que sean compatibles con los principios de transparencia y no discriminación exigidos por la normativa europea”.
La experiencia de las entidades de FEAPS indica que el trabajo de acompañamiento de proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias necesita modelos de concertación con las administraciones públicas que favorezcan su arraigo, su capacidad de elegir y la estabilidad en sus relaciones sociales.
Por todo ello, FEAPS muestra su disposición de trabajar junto al Gobierno para asegurar que ese proceso de transposición de la Directiva pueda seguir avanzando en la plena inclusión del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, formado por casi 140.000 personas y 235.000 familiares.
