La Plataforma del Tercer Sector, tal y como viene haciendo en los últimos meses, reitera su preocupación por la aprobación en el pleno del Senado, del Proyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que, al igual que sucedió en el Congreso en diciembre, ha contado solo con los votos del Grupo Parlamentario del Partido Popular y el veto a la totalidad del resto.

La Plataforma considera que el rechazo de todos los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular es reflejo de la oposición a este Proyecto de Ley por parte de la ciudadanía, entidades sociales, plataformas, operadores jurídicos, organismos de Derechos Humanos de la Unión Europea y, en los últimos días, de relatores de Naciones Unidas.

En dos semanas, el Proyecto volverá al Congreso de los Diputados para su última votación, por lo que la Plataforma del Tercer Sector hace un nuevo llamamiento para que se tengan en cuenta las propuestas y aportaciones del sector.

En esta línea, explica que a las 260 enmiendas que se le hicieron en el Congreso se le suman ahora 225 más y, de las del Senado solo han sido aprobadas las propuestas por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en su Comisión de Interior.

Así, recuerda que aunque han sido modificados parcialmente algunos artículos referidos a los Derechos Humanos de Manifestación y Reunión, no se han tenido en cuenta las aportaciones más relevantes hechas desde el Tercer Sector y recogidas en su documento de propuestas y que tienen, entre otros, el objetivo de evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro entorno europeo está sucediendo.

Entre otras cuestiones, la Plataforma señala que no se incluye la prohibición expresa de llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE).

Del mismo modo, lamenta que no se modifique la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando garantías muy básicas, ni se garantizan las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

La Plataforma rechaza que se siga castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación desinhogarismo.

Asimismo, insiste en que se sigue limitando la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad.

La Plataforma del Tercer Sector sigue mostrando su rechazo frontal al mantenimiento de la Disposición sobre expulsiones sumarias, que, aunque se ha visto modificada en la tramitación en el Senado, sigue manteniendo en el llamado “rechazo en frontera”, consecuencia directa de la pretensión de entrar por un puesto fronterizo habilitado sin cumplir los requisitos de entrada.

En este sentido, recuerda que la Ley Orgánica de Extranjería ya cuenta con procedimientos legales para el caso de entradas irregulares en España por puestos no habilitados, que conllevan una serie de garantías como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete y la posibilidad de solicitar protección internacional, identificar potenciales víctimas de trata y otros perfiles vulnerables.

Según señala la Plataforma, las actuaciones descritas en el Proyecto de Ley vulneran lo dispuesto por los art. 12 y 13 de la Directiva europea 2008/115/CE y el art. 13 del Código de Fronteras Schengen, que establecen como garantías en todo procedimiento de retorno, la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada.

La oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana es compartida por una gran mayoría social y política. Junto a movimientos sociales y la Plataforma NoSomosDelito, hemos sumado esfuerzos para pedir que las personas más vulnerables y excluidas puedan ejercer sus derechos y libertades en plenitud. Con este propósito, recibimos positivamente el pacto ratificado públicamente por la mayoría de partidos políticos en la oposición para derogar o modificar la ley cuando sea posible.