URBANISMO
Santander- 07.12.2014
El Gobiernode Cantabria ha aprobado un nuevo procedimiento de responsabilidad patrimonial por el que los propietarios de 21 viviendas de la Unidad de Ejecución L-05 en Liencres, sobre la que pesa una orden de demolición, podrán recibir otra casa de las mismas características y calidades en la zona.
Este procedimiento se suma a los aprobados anteriormente por el Ejecutivo para otras viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, como es el caso de Entrelindes, también en Liencres, y La Arena, en el municipio de Arnuero.
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha lanzado un mensaje de "garantía y tranquilidad" a las familias de las viviendas afectadas por sentencias de derribo y ha insistido en que las medidas impulsadas desde el Gobierno regional "aseguran su patrimonio".
Ha indicado que las familias de las viviendas afectadas tendrán "en una mano" la solución de legalización planteada por el Gobierno, y, en la otra, "una garantía de que obtendrán una vivienda de sustitución de las mismas características o una indemnización económica fijada por un árbitro".
Fernández ha confiado en que prospere el proceso de legalización de las viviendas de la unidad de ejecución L-05 de Liencres, consistente en la autorización provisional de las casas y la posterior obtención de la licencia.
De cualquier forma, ha apuntado, el Gobierno ha iniciado esta nueva vía de indemnización para que las familias tengan "tranquilidad" y cuenten con un "seguro" por si la solución de la legalización de las viviendas "tuviese un problema en el futuro".
