El diputado de IU, Gaspar Llamazares, advierte de que la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno del Partido Popular –conocida como ‘ley mordaza’- “crea una gran inseguridad ciudadana, porque es tal el nivel de ambigüedad y arbitrariedad que deja muy poco margen a la seguridad jurídica”, lo que, a su juicio, “bordea la inconstitucionalidad”. Para el portavoz de IU en la comisión de Justicia, “las leyes tienen que ser claras, y si se retira una cámara hay que hacerlo en condiciones excepcionales y concretas”.
“Lo que más me preocupa –destaca el parlamentario de IU- es que el Gobierno utiliza de manera preventiva la nueva ley de Seguridad Ciudadana”, es decir, “que el Gobierno anticipe la nueva ley y su carácter represivo para un caso concreto como el de La Madreña, una organización social que realizaba actividades sociales en un edificio de propiedad pública”, señala Llamazares en relación con el asunto de su pregunta.
Así se ha pronunciado el diputado de IU tras la escueta contestación del Gobierno a una pregunta parlamentaria por escrito en la que se interesaba por las “directrices del Ministerio del Interior para que la Policía se incaute de cámaras pertenecientes a ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o filmadas por ellos”. Según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, “con carácter general” y “de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, los agentes policiales podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales”.
El diputado de IU por Asturias ha señalado que con esta respuesta “lacónica y displicente”, el Ministerio del Interior “miente”, ya que “la ley de Seguridad Ciudadana actual no le permite a la Policía quitar una cámara o borrar unas fotos si no es dentro de un posible delito”. En este sentido, Llamazares ha explicado que la contestación ofrecida por el Gobierno no se refiere al objeto de su pregunta, en la que aludía a un hecho ocurrido el pasado 21 de mayo, cuando “varios agentes de la Policía entraron en el Centro Social La Madreña (Oviedo) para entregar el requerimiento judicial previo al desalojo del Centro Social okupado”.
Llamazares insiste en que se trataba de una “comunicación previa al desalojo” por parte de la Policía durante la cual “se produjo un incidente cuando los agentes exigieron las cámaras de algunos de los miembros de La Madreña, con las que habían sido fotografiados, y borraron las imágenes y vídeos”.
Respecto a la respuesta del Ejecutivo sobre que “en aquellos casos en los que se procediera a la intervención de este tipo de material, se informará a la autoridad judicial y se pondrán a su disposición los efectos concernidos”, Llamazares ha reclamado que no existen razones para aplicar la ley de Seguridad Ciudadana en el sentido explicado por el Gobierno, ya que en el caso de La Madreña “no hay proceso judicial, porque no hay proceso delictivo”. “Me preocupa la actitud del ministerio que justifica cualquier cosa”, ha sentenciado.
Llamazares advierte de que la Ley de Seguridad Ciudadana crea una "gran inseguridad" debido a su nivel de "ambigüedad y arbitrariedad" que "bordea la inconstitucionalidad"
En respuesta parlamentaria al diputado de IU acerca de las directrices del Ministerio del Interior para la incautación policial a los ciudadanos de cámaras y el borrado de imágenes, el Ejecutivo central admite que, “los agentes policiales podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales”
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