La directora general de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Amalia Blanco, y la consejera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, han participado hoy en la entrega de 21 nuevas viviendas del fondo social a un programa de alquiler de la Generalitat destinado a cubrir las necesidades de familias que como consecuencia de la crisis económica han perdido su residencia.
El acto ha contado también con la presencia de los alcaldes de las poblaciones de Valencia donde se encuentran las viviendas. De estos 21 inmuebles, once están situados en Valencia capital, tres en Sagunto, dos en Moncada, y uno en Algemesí, Paterna, Puzol, Torrent y Xirivella, respectivamente.
Esta entrega es fruto del acuerdo de colaboración que se firmó en diciembre de 2012 entre Bankia y la Generalitat Valenciana por el que la entidad financiera cedía 391 viviendas propias en toda la región a un programa de alquiler de la Generalitat que tiene el fin de dar cobertura a las familias que han perdido su inmueble.
El convenio, y tras entregarse estos 21 pisos, ha permitido que un total de 83 familias de la Comunidad Valenciana accedan a una vivienda. De ellas, 61 están ubicadas en la provincia de Valencia; 12, en Castellón, y otras diez, en Alicante. La entidad tiene previsto firmar próximamente nuevas entregas en las otras dos provincias de la región.
Adicionalmente a este acuerdo y como un paso más en el compromiso de aportar soluciones a familias sin hogar, Bankia acordó destinar 200.000 euros para facilitar el alquiler de vivienda en la Comunidad Valenciana, propuesta que se unió al convenio anteriormente mencionado entre la entidad y el Instituto Valenciano de la Vivienda.
La renta del alquiler del fondo de viviendas aportado por el banco estará comprendida entre los 150 y los 400 euros, sin que supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Las condiciones para acceder a este arrendamiento de interés social son: haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o estar en proceso de reclamación judicial. Además, se valora la situación de familias en riesgo de exclusión social y de personas en desempleo con cargas familiares o con ingresos limitados. Se presta también atención a mayores, víctimas de la violencia de género o personas con discapacidad.
