Los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUIA,CHA, Socialista, UPyD y Mixto denuncian el incumplimiento de las normas reglamentarias y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que supone el comportamiento del Gobierno y del Grupo Popular al tramitar como enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, diversas modificaciones que afectan a otras materias que no tienen ninguna conexión con el Proyecto de Ley, así como el de los miembros de este grupo parlamentario en la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales al admitir su tramitación.
El Grupo Parlamentario Popular pretende modificar, mediante enmiendas a este proyecto de ley, materias tan dispares como:
- la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias,
- la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
- la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
- la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
- la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
- la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía,
- la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
- la Ley de Contratos del Sector Público,
- la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
- la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y
- la integración en el Sistema Nacional de Salud del personal de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.
En la sesión de hoy han aceptado retirar algunas de ellas, pero mantienen su intención de modificar por esta vía leyes tan importante como la del sector eléctrico, aprobada en diciembre, la Ley General de Sanidad, la Ley del Sistema Nacional de Salud o la de Ordenación de las Profesiones Paritarias.
Esta pretensión incumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecida en la Sentencia 119/2011, que recuerda la necesidad de una conexión mínima de homogeneidad entre las enmiendas y el texto enmendado, doctrina mantenida en las Sentencias 136/2011, 176/2011 y 209/2012, y vulnera los derechos del resto de grupos parlamentarios, y así ha sido señalado en el informe jurídico elaborado por los servicios de la Cámara.
Además, demuestra la pésima planificación legislativa de este Gobierno y su inaceptable falta de respeto a las normas reglamentarias, al resto de grupos y, en definitiva, al Parlamento.
