Los inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad y Política Social, realizaron durante 2013 casi 10.000 inspecciones en las distintas Áreas de Salud para velar por el correcto cumplimiento de la Ley antitabaco.
El director general de Salud Pública, Francisco García, facilitó hoy estos datos de carácter provisional. Mañana, 1 de enero de 2014, se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley 42/2010 de 30 de diciembre que modifica a Ley 28/2005 de 26 diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
En total, a lo largo de 2013 fueron 9.991 las inspecciones en locales y establecimientos alimentarios frente a las 9.708 del año anterior. Del total de actuaciones, 4.311 tuvieron lugar en establecimientos del sector de la hostelería, lo que refleja un ligero incremento respecto a 2012, en el que se hicieron 4.301.
García señaló que “la finalidad de la Ley es proteger a los no fumadores del humo ambiental del tabaco, a los trabajadores de la hostelería, la restauración y los menores”. Para ello, se pretende evitar que se fume en espacios públicos cerrados y en las áreas o zonas de juego para la infancia de los recintos de los parques, aunque estén al aire libre, así como en recintos hospitalarios, entre otros”.
El número de denuncias formuladas ascendió a 669, mientras que en 2012 fue de 711. Del total de denuncias, 64 procedían de asociaciones y particulares y el resto, 605, de Guardia Civil y Policía Local. En este sentido, el director general explicó que “la mayoría de las denuncias son por fumar dentro de los establecimientos, por cuestiones relativas a los paramentos de los mismos, por la venta de tabaco en establecimientos no autorizados y por la ausencia de carteles”.
El número de expedientes sancionadores propuestos fue de 304 y el de expedientes sancionadores finalizados fue de 240. Estos datos, indicó García, reflejan que este año se han podido concluir 170 expedientes sancionadores más que en 2012 “gracias al esfuerzo de los profesionales del Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis”, dijo.
De este modo, aproximadamente el 60 por ciento de los expedientes sancionadores ha sido por permitir fumar en los establecimientos, el 10 por ciento por fumar en lugares no autorizados y el 30 por ciento por vender tabaco en lugares no autorizados y a menores.
El director general señaló que “es preciso sensibilizar sobre los efectos del tabaco en la salud y sobre la necesidad de informar a los ciudadanos para lograr el máximo grado de cumplimiento de esta normativa”, por lo que recordó que desde el Ejecutivo murciano “siempre se ha apostado por los espacios libres de humos y por promover estilos de vida saludables”.
Balance desde la entrada en vigor
Desde que se comenzó a aplicar la Ley 42/2010 de 30 de diciembre que modifica a Ley 28/2005 de 26 diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco en la Región de Murcia, y hasta final de 2013, se han hecho en la Comunidad Autónoma 28.270 inspecciones de las que 8.678 han sido en establecimientos de hostelería.
Asimismo, en la Dirección General de Salud Pública se han recibido 1.952 denuncias, de las que 382 eran de asociaciones y particulares y 1.570 de los cuerpos de Guardia Civil y Policía Local. Como consecuencia, se han propuesto 736 expedientes sancionadores y se han finalizado 469 de ellos.
Cigarrillo electrónico
El director general aseguró que “es fundamental adaptar la legislación para poder adaptar las normativas a los cambios sociales y conductuales que se han producido en los últimos años”. Por ello, apostó por aportar aclaraciones y recomendaciones a la ciudadanía sobre el uso de los cigarrillos electrónicos.
García reiteró que desde la Consejería de Sanidad y Política Social se mantiene el contacto permanente con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para regular el uso del cigarrillo electrónico en algunos espacios de uso público. En este sentido, puntualizó que “todas las actuaciones desarrolladas en España se enmarcan en las iniciativas emprendidas por diversas autoridades europeas”.
El director general reiteró que “el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en España”, y concluyó que “hasta el momento no se ha probado la eficacia del cigarrillo electrónico para dejar de fumar”.
