Rosa Díez anima al Gobierno a imputar responsabilidad penal a Zapatero por publicar la carta del BCE

Hubo sorpresa al comprobar que la carta más buscada durante todo 2011 aparecía en el libro de José Luis Rodríguez Zapatero, presentado hace pocas semanas. En el mismo incluía la carta original en inglés y su traducción al español que le remitió el 5 de agosto de 2011 el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet. En la misma se establecían durísimas condiciones fiscales y laborales para España que en su mayoría Zapatero rechazó y así comunicó por escrito. De todo ello se ha tenido ahora conocimiento por las confesiones del autor en su libro El Dilema: 600 días de vértigo. UPyD quiere que el Gobierno diga a los españoles si Zapatero ha incurrido en violación de secretos o ha incumplido la labor de custodia de documentos oficiales.

El asunto no se quiere dejar morir, o esa es la intención de UPyD, que pregunta al actual Gobierno si esa carta está depositada en la Presidencia del Gobierno. Si no fuera así, se plantea la hipótesis de que Zapatero hubiera podido incurrir "en responsabilidades administrativas y/o penales". El supuesto delito sería "por retención ilícita y posterior revelación en sus memorias de la carta del presidente del Banco Central Europeo".

No solo el secreto en el que mantuvo ese escrito incumbe a José Luis Rodríguez Zapatero sino que se extiende al actual gobierno, que también fue requerido para que informara sobre la carta por Izquierda Unida a través del diputado Gaspar Llamazares. El Gobierno de Mariano Rajoy no entregó la carta a la oposición y ni siquiera informó con claridad sobre su existencia. En plena promoción del libro, y ante el revuelo creado, el expresidente ha justificado que mantuvo el texto de Trichet en secreto porque su contenido suponía "un riesgo para la propia estabilidad de España". Ha pasado el tiempo y al autor le ha parecido que ya ese riesgo se ha desvanecido, por lo que no perjudicaba a España que ahora sí se conocieran las draconianas condiciones que el BCE sugería para España.

No lo ve así UPyD, que considera del todo inadecuada esta forma de hacer pública un documento de la máxima relevancia. UPYD invoca el artículo 49.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, del que forman parte "los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios".

Se añade más legislación, incluido el artículo 54 de la ley de Patrimonio, que obliga a los altos cargos, al cesar en sus funciones, "a entregar los documentos al que les sustituya o remitirlos al Archivo que corresponda". El incumplimiento lleva consigo sanciones administrativas y penales "por infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos". Las penas implican multas económicas e inhabilitación para cargo público entre tres y seis años, refleja UPyD en su escrito.

Las preguntas al Gobierno son muy concretas: Al cesar en sus funciones ¿entregó el Sr. Rodríguez Zapatero a su sucesor, el Sr. Rajoy, o consta en el archivo pertinente el original o, cuanto menos, una copia de la carta de 5 de agosto de 2011 que el Sr. Trichet le dirigió a aquel en su condición de presidente del Gobierno?. En el caso de que la carta no estuviera en el archivo que corresponde, ¿qué medidas para depurar las correspondientes responsabilidades administrativas, patrimoniales y/o penales si las hubiera va a tomar el Gobierno?.

El País: UPyD pide al Gobierno que investigue si Zapatero "violó" secretos oficiales