La I Jornada ‘Aspectos jurídicos de la vacunación' ha servido para debatir sobre los problemas éticos y legales derivados de vacunarse o no vacunarse
Santander 28.11.2013
El director general de Salud Pública, José Francisco Díaz, ha apelado a la responsabilidad de los profesionales sanitarios en relación con la vacunación y los efectos sobre la salud individual y colectiva que puede tener la decisión de no participar en los programas y las campañas de vacunación destinados a la población general o a colectivos especiales.
Durante la presentación de la I Jornada ‘Aspectos jurídicos de la vacunación' que ha organizado la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, José Francisco Díaz ha recordado la importancia de que los profesionales sanitarios se vacunen para protegerse a sí mismos y a sus pacientes, pues existe suficiente evidencia científica de que esta medida disminuye el riesgo de infección individual, previene la transmisión a los pacientes más vulnerables, crea inmunidad en el entorno y reduce las probabilidades de enfermar en épocas de epidemia, precisamente cuando más necesaria es su actividad asistencial.
Esta jornada, especialmente dirigida a los profesionales de la salud implicados en la vacunación (enfermeras, médicos de familia, pediatras, preventivistas), ha contado con la presencia del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, Máximo González Jurado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa; el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo; y el presidente de la Asociación de Informadores de la Salud, Alipio Gutiérrez.
La responsabilidad legal de no vacunarse o de promover públicamente la no vacunación, por parte de los profesionales sanitarios, de los usuarios de la sanidad y de los medios de comunicación, ha centrado esta primera jornada, de gran interés en un momento en que, por un lado, cobran fuerza los movimientos antivacunas y, por otro, el cumplimiento de los programas de vacunación dirigidos al personal sanitario es escaso.
En un país como España, donde la vacunación no es una obligación sino una recomendación, el auge de las corrientes que propugnan el rechazo a las vacunas por considerarlas inseguras, ineficaces e innecesarias, pone sobre la mesa cuestiones éticas, legales y jurídicas sobre los límites de la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y profesional, el derecho a la salud de uno mismo y de los demás o la necesidad de que las autoridades sanitarias tomen medidas para garantizar la protección de la salud de toda la población.
José Francisco Díaz se ha referido al hecho de que algunos activistas antivacunas son profesionales de la salud que desaconsejan la vacunación a sus pacientes y ha advertido de que, si se mantienen en el tiempo este tipo de prácticas, está en riesgo las altas tasas de vacunación infantil que existen en España, próximas al cien por cien en menores de 2 años y que han permitido reducir al mínimo la incidencia o el impacto de enfermedades muy graves como la difteria, la poliomielitis, la tos ferina o el sarampión.
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