La futura Ley de Navegación Marítima vendrá a completar, así, lo que ya dispone el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de Marina Mercante y la Ley de protección del medio marino, del 29 de diciembre de 2010.

 

 

Vehículos de navegación

El nuevo texto legal configura todo un estatuto jurídico del buque y de su régimen registral. Prescinde de las distinciones de buque público o privado, civil o militar, mercante o de recreo y deportivo o científico, y establece que se calificará de "embarcación" al que sea menor de veinticuatro metros; las más pequeñas podrán configurarse como "unidades menores".

El Proyecto de Ley no sólo define el buque como principal vehículo de la navegación, sino que lo diferencia de otras figuras. Es el caso de la embarcación, que por su menor tamaño cuenta con un régimen simplificado a determinados efectos, y también de lo que se denomina "artefacto naval", que sería una construcción flotante que queda situada en un punto fijo de las aguas, y la plataforma fija, que sería la instalación que se apoya sobre el lecho del mar y se destina a la explotación de recursos naturales marítimos o se destina a otras actividades. Estas definiciones en la futura Ley servirán para su mejor identificación y control, sujetándose a sus normas.

Por primera vez, se regula el contrato de construcción naval, incorporando importantes innovaciones en el contrato de compraventa de buques, al tiempo que unifica la regulación de los privilegios marítimos, con remisión al Convenio de Ginebra de 1993.

Sujetos de la navegación

Los sujetos de la navegación están constituidos por el armador y el naviero. El primero es quien tiene la posesión del buque o embarcación y lo dedica a la navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad, mientras que el naviero es el que se dedica a la explotación de buques, propios o ajenos.

La determinación del responsable de cualquier hecho que tuviera lugar en el medio marino es uno de los propósitos de la norma y gira en torno a la figura del armador, que es el responsable de los actos u omisiones del capitán y de las demás personas que haya contratado. El armador es quien asume la gestión náutica del buque, es decir, su mantenimiento en condiciones de navegabilidad y la contratación del capitán y del resto de dotación. El Proyecto de Ley requiere la publicidad del armador, que será quien aparezca inscrito en el Registro de Bienes Muebles (Sección de Buques), de tal forma que el propietario que no explote el buque deberá hacer constar quién es el armador para evitar que las posibles responsabilidades recaigan sobre él.

Contratos de utilización del buque

Se regulan los contratos de utilización del buque: de arrendamiento; de fletamento; de pasaje, en el que se presta especial atención a los derechos de los pasajeros; de remolque y, como novedad por la importancia de la navegación de recreo, el contrato de arrendamiento náutico. También se fijan los contratos auxiliares de la navegación, entre los que se introduce el de gestión naval. Esta regulación se basa en el respeto a la libertad de pactos de las partes y, al mismo tiempo, en la determinación clara de su régimen de responsabilidad.

Debe destacarse la nueva regulación del fletamento que, sobre la base de la libertad de pactos, se configura como el genuino contrato de transporte de mercancías (en el que se unifican los fletamentos por viaje y por tiempo, así como en transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque), pero sin descartar otros fines de las partes, como sería la realización de operaciones de tendido de cables o la investigación oceanográfica.

Accidentes

El texto prevé que la herramienta más importante contra la contaminación del mar es la prevención, por lo que en la regulación del tráfico marítimo prevé restricciones por razones de seguridad y protección marítima, así como un mayor control de los buques que presenten graves deficiencias para navegar y la previsión de lugares de abrigo para situaciones de arribada forzosa.

La regulación de los accidentes de la navegación se efectúa mediante una remisión a los Convenios que regulan esta materia, en los casos de abordaje, avería grave, salvamento, bienes naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación.

Contaminación

Respecto a la responsabilidad civil por contaminación, hay que destacar que la misma es suplementaria y adicional a la prevista en el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, de 1992 (CLC), en el Convenio internacional sobre constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos (FUND) y en el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques (BUNKERS 2001). Es decir, que sólo regula los supuestos en que no sean directamente aplicables dichos Convenios.

El reconocimiento a los sujetos de la navegación de la posibilidad de limitar su responsabilidad se remite a los Convenios vigentes en España: Convenio de Londres de 1976 y Protocolo de 1996. También se subsana la laguna existente en cuanto a normas procesales relativas al ejercicio del derecho a limitar la responsabilidad mediante un procedimiento específico.

Asimismo, se garantiza la aplicación de la limitación con independencia del procedimiento judicial (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo) utilizado para exigir la responsabilidad e, incluso, si ésta se exige en vía administrativa.

De esta forma, se asegura la responsabilidad por contaminación. El régimen de responsabilidad que contemplan los Convenios Internacionales se liga en la futura Ley a un proceso judicial específico en el que el sujeto que pretende valerse de ese régimen tiene el deber de constituir con carácter previo un fondo de limitación, que asegure el pago de las indemnizaciones que correspondan.

Debe aclararse que las responsabilidades administrativas se regulan en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante. Mientras que las responsabilidades penales se encuentran recogidas en el artículo 325 del Código Penal, que tipifica los actos de contaminación del mar, incluso cuando se produzcan en alta mar.

Seguro

Se moderniza la regulación del contrato de seguro marítimo y las especialidades procesales que conllevarán las nuevas normas de la futura ley, como el embargo preventivo de buques o la venta forzosa de los mismos. Los viejos expedientes de jurisdicción voluntaria de Derecho marítimo que todavía regula la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se depuran y actualizan, y se convierten en expedientes notariales que se limitan a la protesta de mar e incidencias de viaje, la liquidación de avería gruesa, el depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo, el expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque y la enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados.

Estas normas se coordinan con las contenidas en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria aprobado el pasado 31 de octubre, que pretende la desjudicialización de aquellos expedientes que pueden efectuarse por otros operadores jurídicos distintos de los jueces y los secretarios judiciales, así como la desaparición de aquellos expedientes que han quedado obsoletos, como la apertura de escotillas o la autorización para la descarga de un buque, que todavía se regulan en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.

Empleo y Seguridad Social REGULADA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS

Se trata de ayudas destinadas a paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

Las ayudas reguladas por este Real Decreto son ayudas extraordinarias destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, que permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas.

De acuerdo con el Real Decreto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con cargo a los correspondientes programas presupuestarios, podrá conceder en cada ejercicio presupuestario estas ayudas extraordinarias en las modalidades siguientes:

En aquellos casos en los que en el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo se incluya la constitución de un plan de rentas, que podrá consistir en el pago de un subsidio o de una cantidad destinada al pago por el trabajador del convenio especial con la Seguridad Social. En este caso, la aportación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al plan de rentas, no podrá superar en su conjunto el 40 por 100 del importe total del mismo. Las ayudas se podrán conceder directamente a los trabajadores despedidos en el supuesto de que se haya extinguido la relación laboral de los trabajadores conforme a lo previsto en la Ley Concursal, o se haya decretado la insolvencia total o parcial de la empresa y se acredite que no ha pagado las indemnizaciones legales por despido. Dichas ayudas serán compatibles con las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial a que tengan derecho los beneficiarios como consecuencia de la insolvencia de su empresa. También podrán concederse directamente a los trabajadores, en régimen de pago único, ayudas extraordinarias por una cuantía equivalente a la reposición de las prestaciones contributivas por desempleo consumidas durante los períodos de suspensión de los contratos o de reducción de jornada, siempre que siempre que no se tenga derecho a las mismas en virtud de cualquier otra norma.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas extraordinarias los trabajadores despedidos de acuerdo con los artículos 51 y 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como los trabajadores cuyo contrato de trabajo se extinga conforme a lo previsto en la Ley Concursal, y que cumplan los siguientes requisitos:

Una antigüedad mínima en la empresa o grupo de empresas de dos años. En el caso de trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos, la antigüedad se computará de fecha a fecha desde la fecha de ingreso en la empresa, hasta la fecha del despido. Que se encuentren en situación legal de desempleo en el momento de la concesión de la ayuda. A aquellos trabajadores que se encuentren incluidos en un plan de rentas de los previstos en el Real Decreto, y que estén desempeñando una actividad remunerada en el momento de la concesión de la ayuda, también se les podrá reconocer el derecho a la misma, pero su cobro quedará suspendido hasta que el trabajador se encuentre en situación legal de desempleo.

Estas ayudas están reguladas, además de por lo previsto en el Real Decreto, por la Ley General de Subvenciones y por su reglamento aprobado en 2006.

Justicia REFUERZO DE LA PRESENCIA JUDICIAL ESPAÑOLA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Carmona será nombrado magistrado de enlace ante el Reino Unido. Se propone al catedrático Juan Damián Moreno como Juez "ad hoc" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El ministro de Justicia ha informado de los trámites para el nombramiento del magistrado Jorge Carrera como consejero de Justicia en la Embajada de España en Estados Unidos.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos disposiciones con las que se refuerza la presencia judicial española en el ámbito internacional con el nombramiento de un magistrado de enlace en Londres ante las autoridades judiciales del Reino Unido y de un candidato a Juez "ad hoc" para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además del próximo nombramiento de un consejero de Justicia en la Embajada de España en Estados Unidos.

El nombramiento de un magistrado de enlace en Londres, que ya tiene desde hace tiempo un homólogo en España, corresponderá al hasta ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Carmona. Este nombramiento se suma, dentro de las actuaciones encaminadas a reforzar la presencia exterior de España en los organismos jurídicos internacionales, a la propuesta del tercer candidato exigido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ser nombrado juez Ad Hoc. Se trata del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Damián Moreno. Su nombre se une a los dos candidatos ya designados el pasado 19 de julio: el catedrático de la Complutense de Madrid y ex presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, y la profesora de Derecho de la Unión Europea en el Centro de Estudios Financieros, Blanca Lozano Cutanda.

Igualmente el ministro de Justicia ha informado al Consejo de Ministros que el magistrado Jorge Carrera, actualmente consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), será adscrito provisionalmente a la Embajada española en Estados Unidos mientras se cierran los trámites para su nombramiento definitivo como consejero de Justicia en esta embajada.

Jueces de enlace

En la actualidad España ya cuenta con jueces de enlace en Francia y en Italia, así como con un consejero de Cooperación Jurídica en Rabat. Su función consiste en reforzar la cooperación y coordinación jurídica existente entre España y cada uno de esos países, lo que a partir de ahora también sucederá con Reino Unido y Estados Unidos. Si bien las relaciones con ambos países son buenas, el Gobierno considera fundamental reforzar la cooperación jurídica con ambos y dotar de asistencia jurídica específica a las embajadas de uno y otro país, pues en ambos rige el sistema anglosajón de la Common Law y un magistrado de enlace servirá de interlocutor directo y apoyo para la adaptación y confluencia de aquel sistema con el derecho español.

La designación de juez de enlace debe hacerse entre miembros de la carrera judicial o fiscal con al menos cinco años de servicio. En el caso de Miguel Carmona, que ha manifestado su deseo de ejercer en el extranjero, se han tenido en cuenta sus responsabilidades en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, como haber sido presidente de MEDEL (Magistrados europeos para la democracia y la libertad) entre 2005 y 2007 y representante de esta asociación en distintos foros internacionales. Actualmente, es el presidente de la Red Europea de Consejos Judiciales y de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Asuntos Exteriores y de Cooperación DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Gobierno expresa su "rechazo y el de toda la sociedad a cualquier forma de violencia contra las mujeres" y su "compromiso por su erradicación" Hace un llamamiento a "aunar esfuerzos" para dar "una verdadera oportunidad a las mujeres que sufren violencia, acompañándolas en el camino de salida de la violencia de género"

El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración del Gobierno con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".

En diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a organizar en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

A iniciativa de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, han promovido la siguiente Declaración del Gobierno hoy aprobada por el Consejo de Ministros:

"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno español expresa su rechazo y el de toda la sociedad a cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, así como su firme compromiso por su erradicación impulsando para ello, todas las medidas que resulten necesarias.

La violencia que en sus distintas manifestaciones se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo constituye un atentado contra la dignidad personal, la integridad y los derechos más elementales. La violencia en el ámbito de la pareja, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, las agresiones sexuales, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina son formas de esta violencia, respecto de las que debe promoverse también un amplio rechazo social.

Por ello, resulta imprescindible aunar todos los esfuerzos para hacer frente a este persistente problema social, desde la unidad de todas las fuerzas políticas, y el trabajo conjunto y coordinado de todas las Administraciones Públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad y las asociaciones especializadas de la sociedad civil, para proporcionar una verdadera oportunidad a todas las mujeres que sufren violencia, acompañándolas en el camino de salida de la violencia de género.

Estrategia Nacional

El Gobierno, haciendo propios estos objetivos, está trabajando intensamente. Aprobada el 26 de julio de 2013 la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, y en cumplimiento de los objetivos establecidos en ella, se están promoviendo acciones preventivas y de sensibilización dirigidas a la población en general, considerando específicamente a la población más joven y bajo la premisa de que la salida del maltrato, debe ser el resultado de un compromiso compartido por todos: acompañando y apoyando a las mujeres que sufren violencia de género, contribuyendo a la detección de casos ocultos, y previniendo desde la infancia la aparición de conductas violentas.

Asimismo, se trabaja en la mejora de la respuesta que las instituciones dan a las mujeres que sufren violencia, adaptándola a sus necesidades y las de sus hijos e hijas, a fin de garantizar su seguridad y un proceso recuperatorio personalizado, que facilite su plena integración a la vida económica y social. Para ello, se continuará con la mejora de la formación de profesionales, y de los instrumentos de coordinación y trabajo en red, al servicio de los agentes públicos y privados implicados en su atención y protección.

En este contexto se trabajará para satisfacer de forma específica las necesidades de los grupos especialmente vulnerables: mujeres con discapacidad, mujeres mayores, del medio rural, inmigrantes y los menores, que expuestos a la violencia, se convierten en verdaderas víctimas directas de ella. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para aquellas mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual, constituye un hito destacado en la garantía de una asistencia integral para todas ellas.

Se continuará ampliando la extensión y la calidad de los datos e indicadores estadísticos que reflejen la incidencia de la violencia contra la mujer, así como la investigación y el mayor conocimiento posible del problema, al servicio de la mejora continua de las políticas dirigidas a la erradicación de la violencia contra la mujer y de la sensibilización social sobre el problema.

Compromiso en el ámbito internacional

Junto a lo anterior, el compromiso del Gobierno está presente también en el ámbito internacional, sobre la base de un asentado acervo multilateral, que se manifiesta en el seno de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa, entre otras organizaciones.

En el ámbito de las Naciones Unidas, además del apoyo a las distintas resoluciones relativas a las múltiples formas de violencia contra la mujer, se ha participado intensamente en la 57º Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuyas conclusiones recogen ampliamente aspectos centrales en las políticas llevadas a cabo en el nuestro país por la erradicación de la violencia de género. España ha manifestado, igualmente, su apoyo a las iniciativas que han surgido en este foro relativas a la lucha contra la violencia sexual que sufren las mujeres en los conflictos.

El Gobierno apoya las directrices de la Unión Europea en materia de lucha contra la violencia de género, que incluyen la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación, y la elaboración de estrategias efectivas y coordinadas, la lucha contra la impunidad y el acceso de las víctimas a la justicia.

En el marco del Consejo de Europa, España es parte del Convenio sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos y de la Convención para la lucha y la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, cuya ratificación ad referéndum fue autorizada por el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013.

Además, España ha apoyado la definición por la sociedad civil y las instituciones de Naciones Unidas de diversos protocolos para luchar contra los asesinatos por motivos de género en varios países de Iberoamérica, favoreciendo, por otro lado, la capacitación de profesionales de la región en este ámbito.

El Gobierno de España, considerando que la consecución de una sociedad libre de violencia contra la mujer, se asienta en la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, continuará trabajando para que todas las mujeres, por fin, disfruten plenamente de la dignidad y los derechos que les son inherentes, como corresponde a una sociedad libre y democrática."

Asuntos Exteriores y de Cooperación PLAN DE MEJORA DE LA TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo sobre el plan de mejora del proceso interno de transposición de Directivas de la Unión Europea.

Se trata de establecer un plan de mejora del proceso de transposición con todos los Ministerios, cuyo cumplimiento se seguirá semanalmente en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Con este plan se busca introducir un elemento de ayuda a los Ministerios responsables de la transposición de directivas, en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros a hacer una transposición correcta y completa de las Directivas dentro del plazo máximo que se señala en las mismas.

Incorporación al ordenamiento interno

Cada vez es más numerosa la legislación de los Estados miembros que debe adaptarse en ejecución de Directivas comunitarias, lo que genera la obligación de su incorporación al ordenamiento jurídico interno en un plazo determinado, y deja a las autoridades nacionales competentes la determinación de los medios legislativos para alcanzar dicho objetivo.

El incumplimiento de estas obligaciones tiene para los Estados miembros consecuencias negativas que comprometen su credibilidad política y puede llevar a la imposición de multas pecuniarias, por lo que deben ponerse todos los recursos para evitar un escenario tan desfavorable.

Los últimos datos de España respecto de la calidad y transposición en plazo de las Directivas han permitido constatar una evolución ralentizada, tanto en el número de procedimientos de infracción incoados por la Comisión Europea, como en los resultados que la Comisión Europea hace públicos dos veces al año respecto del control de la transposición de las Directivas del mercado.

En el nuevo escenario diseñado por el Tratado de Lisboa, los supuestos de incumplimiento de la obligación de transponer una Directiva en plazo, puedan dar lugar, como principio general, a que la Comisión solicite del Tribunal de Justicia que imponga al Estado miembro una sanción pecuniaria en la primera sentencia en la que se constate el incumplimiento de la obligación de transponer.

La introducción de este nuevo sistema de elaboración por los Ministerios de los Planes de Transposición de las directivas de la Unión Europea y su control por parte de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios contribuirá, sin duda, a mejorar nuestros resultados en el ámbito de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en España, fortaleciendo nuestra imagen y credibilidad ante las instituciones y socios comunitarios y contribuyendo a una mayor calidad, claridad y seguridad jurídica de nuestras transposiciones permitiendo en el medio plazo una reducción preventiva del número de procedimientos de infracción del Derecho de la Unión Europea abiertos por la Comisión Europea al Reino de España.

Fomento DESCUENTO ADICIONAL DE LOS PEAJES DE DOS TRAMOS DE LAS AUTOPISTAS AP-2 Y AP-68 PARA VEHÍCULOS PESADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos por los que se da luz verde a un descuento adicional de los peajes para vehículos pesados de los tramos entre Alfajarín y Fraga de la autopista AP-2, y entre Zaragoza y Gallur de la autopista AP-68. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Las medidas a instrumentar por el Ministerio de Fomento consisten en la aplicación de un descuento adicional del 25 por 100 al acordado entre ACESA y el Gobierno de Aragón a los vehículos pesados que realicen movimientos internos entre los enlaces de Alfajarín y Fraga de la autopista AP-2, excepto los recorridos entre Alfajarín y Pina, que ya son libres de peaje.

Junto a ello, se autoriza a Fomento a aplicar un descuento adicional del 25 por 100 al acordado entre AVASA y el Gobierno de Aragón a los vehículos pesados que realicen movimientos internos entre los enlaces de Zaragoza y Gallur de la autopista AP-68.

Medidas aprobadas en enero

Estas medidas se suman a las acordadas en enero de 2013 cuando el Ministerio de Fomento autorizó la suscripción de un acuerdo del Gobierno de Aragón con AVASA para ampliar las medidas contempladas en el convenio suscrito en 2009, consistentes en la reducción del 50 por 100 del peaje de los movimientos internos entre Zaragoza y Gallur de los vehículos pesados; así como al acuerdo del Gobierno de Aragón con ACESA para ampliar las medidas contempladas en el convenio suscrito en 2009, consistentes en la reducción del 50 por 100 del peaje de los movimientos internos entre Alfajarín y Fraga de los vehículos pesados, y la implantación de la gratuidad para los movimientos de este tipo de vehículos entre los enlaces consecutivos de Alfajarín y Pina de Ebro de la AP-2.

Todas las bonificaciones vigentes y las que se autorizan en estos trayectos son aplicables a los vehículos pesados que emplean sistema de pago dinámico o telepeaje.

Por último, cabe recordar que estos trayectos también están exentos de peaje para los vehículos ligeros que realizan trayectos de ida y vuelta en el mismo día dentro del tramo comprendido entre los enlaces de Alfajarín y Fraga en la autopista AP-2, y en el tramo entre los enlaces comprendidos de Zaragoza y Gallur de la autopista AP-68, siempre que dispongan, asimismo, de sistema de pago dinámico o telepeaje.

CONVENIO CON LA GENERALITAT

Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña. A través de dicho convenio, se transferirán 20,4 millones de euros a la Generalitat para atender la rebaja de tarifas de peaje correspondiente al ejercicio 2010 establecida por las concesionarias de autopistas en el Real Decreto Ley 6/99.

 

Empleo y Seguridad Social SUBVENCIÓN A CANARIAS PARA APOYO EN LA ATENCIÓN DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión de una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para el traslado y acogida de menores extranjeros no acompañados.

La subvención objeto de este Real Decreto tiene como principal objeto financiar los gastos derivados de la acogida de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias, en el marco de cooperación que se ha venido desarrollando desde el año 2009.

En los últimos dos años se ha producido un cambio de la tendencia en la llegada de estos menores a las costas canarias, cuyo número se ha reducido. No obstante, como consecuencia de la colaboración prestada en respuesta a la solicitud del Gobierno de Canarias en 2008, todavía permanecen bajo su protección 120 menores no acompañados, de los cuales 105 están en Canarias y 11 fueron en su momento trasladados a la península para su atención por otras Comunidades Autónomas, por lo que se requiere el mantenimiento de los dispositivos habilitados en atención a esa demanda.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 11,9 MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA PROGRAMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS

Se destinan 6,8 millones de euros para la prevención y lucha contra plagas y algo más de un millón para el fomento de la industrialización agroalimentaria del Fondo Europeo de Pesca. Los 4,1 millones de euros restantes se asignan para la ordenación y fomento de la mejora ganadera, la calidad de las variedades vegetales y el fomento del asociacionismo agrario.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 11.921.544 euros entre las Comunidades Autónomas, para el desarrollo de distintos programas agrícolas y ganaderos. Así se formalizan los acuerdos adoptados en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado mes de marzo y de finales de julio, parte de cuyos fondos ya recibieron autorización para su reparto en el Consejo de Ministros del pasado 18 de octubre.

De la cantidad aprobada, 6.819.454 euros se destinarán a la prevención y lucha contra plagas y 1.000.090 euros para el fomento de la industrialización agroalimentaria del Fondo Europeo de Pesca, mientras que los restantes 4.102.000 euros se utilizarán para financiar líneas de actuación orientadas a la ordenación y fomento de la mejora ganadera, la calidad de las variedades vegetales y la certificación de los materiales de reproducción, así como para el fomento del asociacionismo agrario.

Sanidad de la producción agraria

En este apartado de Sanidad de la Producción Agraria, el Consejo de Ministros ha aprobado la territorialización de 6.819.454 euros para la prevención y lucha contra plagas, línea que incluye la erradicación de organismos nocivos de cuarentena o nuevos en el territorio nacional, tanto si es objeto de financiación comunitaria a cargo de los Fondos de Solidaridad o como sin posibilidad de financiación comunitaria, y cuya erradicación es obligatoria por la normativa comunitaria o española.

Asimismo, esta partida está destinada al control de la langosta y otros ortópteros, y de organismos nocivos establecidos en el territorio nacional (red de seguimiento de las poblaciones de la mosca de la fruta).

Programas agrícolas y ganaderos

Dentro de los programas agrícolas y ganaderos se ha aprobado la distribución de 1.482.420 euros para el fomento de razas autóctonas. Esta partida tiene como beneficiarios las organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por las Comunidades Autónomas para la llevanza del libro genealógico de razas autóctonas.

Para apoyar al control oficial de rendimiento lechero se ha aprobado un importe de 1.517.580 euros. Este reparto se ha realizado teniendo en cuenta el número de lactaciones finalizadas y válidas, certificadas por las Comunidades Autónomas.

También se han asignado 1.002.000 euros para la línea de actuación de calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción. Las cuantías asignadas a las Comunidades Autónomas van en función del número de ensayos que éstas deben de realizar de las nuevas variedades presentadas a registro, o que están siendo comercializadas en territorio nacional.

Para el fomento del asociacionismo agrario se ha aprobado el reparto de cien mil euros. Para calcular las cantidades a distribuir se han tenido en cuenta las solicitudes de financiación presentadas por las correspondientes Comunidades Autónomas para el pago a las Agrupaciones de Productores, así como los remanentes existentes.

Pesca y acuicultura

También se ha aprobado la asignación de 1.000.090 euros de la línea de actuación denominada "Fomento de la industrialización agroalimentaria (FEP)", para la cofinanciación de la medida de "Transformación y comercialización en destino de los productos de la pesca y de la acuicultura" incluida en el Programa Operativo 2007-2013 del Fondo Europeo de Pesca.

Esa cantidad ha sido destinada a la Comunidad Autónoma de Galicia, ya que el resto de Comunidades Autónomas disponen de remanentes suficientes. Con esta medida se refuerza el impulso y compromiso del Gobierno con el desarrollo y modernización del sector de la industria de trasformación de productos pesqueros en Galicia.

 

Educación, Cultura y Deporte DESESTIMADA LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INTERPUESTA POR ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Consejo de Ministros ha acordado desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (AGEDI, AIE, AISGE, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP), mediante la cual solicitaban una indemnización de 28.859.788 euros, por lo dejado de percibir en concepto de compensación equitativa por copia privada en el año 2011.

Tras el informe y dictamen favorable de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado, respectivamente, el Consejo de Ministros ha fundamentado el desistimiento en dos aspectos: por un lado, no existe incumplimiento suficientemente caracterizado del Derecho comunitario o sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declare el incumplimiento del Estado español en esta materia; por otro, no existe relación de causalidad entre el perjuicio y el daño alegado, al tratarse de una mera hipótesis que carece de prueba alguna. Además, la no revisión de las cuantías previstas en la Orden, argumentada en su reclamación por las entidades de gestión, únicamente podría tener efecto respecto a períodos posteriores.

Este desistimiento se produce tras el acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 18 de octubre en el que también desestimaba la reclamación de indemnización por el perjuicio sufrido en el año 2012, por la supresión del canon digital.

 

Defensa COMPROMISOS DE GASTO PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE LOS SUBMARINOS S-80

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de atender la financiación del programa de los submarinos S-80.

Como continuación a la reprogramación de los Programas Especiales de Armamento, aprobada por un Acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de octubre de 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene prevista una nueva Adenda al Convenio de Colaboración, de fecha 29 de diciembre de 2003, firmado con la empresa NAVANTIA, S.A.

El objeto de esta Adenda es adecuar a las nuevas circunstancias del proyecto, consecuencia de las dificultades técnicas encontradas en la construcción del primer submarino, el alcance del programa de submarinos S-80 y las anualidades de financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Navantia a partir del ejercicio 2014.

El techo del programa se mantiene en los 2.135 millones de euros inicialmente presupuestados y sólo se modifica el plan de financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para alcanzar por anticipado el 100 por 100 del techo de gasto del programa. De acuerdo con la nueva situación, se prevé que las necesidades de financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a partir del año 2014 para el programa del submarino S-80 asciendan a 774.937.432,53 euros.

Defensa ADQUISICIÓN DE CAMIONES MILITARES TODOTERRENO MEDIOS Y PESADOS

El Consejo de Ministros ha autorizado el Acuerdo Marco y los contratos necesarios para la adquisición de camiones todoterreno medios y pesados para las Fuerzas Armadas. El Acuerdo Marco será de seis años, con un valor estimado, IVA excluido, de 127.116.100 euros.

El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen prevista la dotación de camiones todoterreno, no sólo en sus unidades de apoyo logístico, sino también en las de combate y apoyo al combate. Por ello, para conseguir la eficacia de las operaciones conjuntas y combinadas, es preciso que los vehículos logísticos sean interoperables entre los tres ejércitos y con nuestros aliados. También es importante la uniformidad en la adquisición de los diferentes bastidores de camiones, para simplificar tanto la propia adquisición como las labores de mantenimiento y de abastecimiento de piezas de repuesto.

Por ello, se pretende dotar a las Fuerzas Armadas de una familia de camiones todo terreno medios y pesados (4 Tm, 10 Tm y 15 Tm) adecuados a sus misiones, de forma que se unifiquen en lo posible los tipos de vehículos, respetando las necesarias versiones.

El expediente de adquisición se ha incluido en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa para el año 2013 y en él se detallarán las necesidades del Ejército de Tierra junto con las de la Armada, Ejército del Aire y Unidad Militar de Emergencias. Se prevé realizar la adquisición en un periodo de seis años, ya que es el mínimo periodo de tiempo que permite dar una cierta uniformidad al material pesado de las Fuerzas Armadas y facilitará, así, el apoyo logístico durante su ciclo de vida, estimado en unos quince años.

Hacienda y Administraciones Públicas AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para las siguientes finalidades:

49.574.236,76 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinado a compensar a la Seguridad Social el coste de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 9.550.000 euros para un suplemento de crédito destinado al pago de una multa coercitiva derivada de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2012, relativa a la recuperación de las ayudas declaradas ilegales concedidas por el Gobierno español y varias comunidades autónomas a Magefesa, fabricante de artículos de menaje de acero inoxidable y de pequeños electrodomésticos. 3.249.000 euros para un crédito extraordinario en el Ministerio de Economía y Competitividad destinado a cumplir la medida cautelar adoptada por Auto de 2013, y confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, relativa al abono de una subvención concedida en 2010 a la Corporación Tecnológica Tecnalia que tenía que hacerse efectiva en 2011, según el convenio de colaboración de noviembre de 2010 y que finalmente no pudo abonarse. 3.071.357,22 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio de Economía y Competitividad para atender las indemnizaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo de 1997 relacionadas con el síndrome tóxico, consecuencia de la responsabilidad civil del Estado por haber sido declarado responsable civil subsidiario. 316.019,25 euros para un crédito extraordinario en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el pago de las compensaciones económicas a la entidad colaboradora Ente Público Radiotelevisión Española por la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social de mayo a diciembre de 2008, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional de 2013. 105.236,35 euros para la concesión de suplementos de crédito en el Ministerio del Interior con el fin de atender el pago por complemento de productividad y gratificaciones a personal del Cuerpo de la Guardia Civil, contemplados en varias sentencias y autos judiciales, por horas de servicios nocturnos, festivos y prestados en exceso sobre la jornada ordinaria de trabajo.

Defensa CONTRATO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA Y VARIOS DE SUS ORGANISMOS

El Consejo de Ministros ha autorizado el Acuerdo Marco y los contratos necesarios para la contratación del servicio de Telecomunicaciones de Propósito General para el Ministerio de Defensa y determinados Organismos Autónomos, por un plazo de tres años, prorrogable por otro año más, con un valor máximo estimado, IVA excluido, de 84.543.524,14 euros.

En la contratación de este servicio, incluido en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa con el fin de abaratar costes, se prevé un ahorro en torno a 1,2 millones de euros/año, un 5 por 100 respecto a la situación actual.

El objeto del Acuerdo Marco será la contratación de los Servicios de Telecomunicaciones de Propósito General, necesarios para dotar al Ministerio de Defensa de servicios de redes corporativas de comunicaciones fijas de voz y datos, servicios de comunicaciones en movilidad de voz y datos tanto móvil como satélite, y servicio de soporte y atención al usuario TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

Los organismos que formarán parte del contrato son los siguientes: Ministerio de Defensa (Dirección General de Infraestructura), Canal de Experiencias Hidrodinámicas de "El Pardo", Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y el Servicio Militar de Construcciones.

La tramitación del expediente será urgente, por procedimiento abierto, y la adjudicación del Acuerdo Marco se efectuará a través de subasta electrónica. El plazo de vigencia irá desde el 10 de junio de 2014 hasta el 9 de junio de 2017, con posibilidad de prorrogar el contrato por un año adicional.

Industria, Energía y Turismo PRÉSTAMO DE 18,1 MILLONES A MERCEDES BENZ PARA UNA NUEVA LÍNEA DE MONTAJE

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que conceda un préstamo de 18,1 millones de euros a Mercedes-Benz España para la reingeniería y adaptación de procesos industriales e I+D de la furgoneta VS-20, sustituta del modelo Vito a partir de 2014.

Este préstamo, autorizado por el Consejo de Ministros al superar los doce millones de euros, se enmarca dentro del programa de apoyo financiero para favorecer el desarrollo de proyectos estratégicos y estimular las iniciativas industriales innovadoras en el sector de la automoción, programa que se extiende a otros veintiséis planes de mejora. El préstamo, concedido con un tipo de interés anual del 4,925 por 100, tiene un plazo de devolución de diez años, con tres de carencia, con exigencia de constitución de aval previo.

La reingeniería y adaptación de los procesos industriales garantizará la actividad de la planta de Vitoria durante, al menos, diez años, con la creación de cuatrocientos puestos de trabajo.

Asuntos Exteriores y de Cooperación REVOCACIÓN DE UNA SUBVENCIÓN A VIETNAM

El Consejo de Ministros ha autorizado la revocación de una subvención de cooperación internacional en desarrollo de la política exterior del Gobierno, concedida en noviembre de 2011 al Gobierno de la República Socialista de Vietnam, por un importe de 3.500.000 euros, para contribuir a la financiación de la Décima Operación de Apoyo a la Reducción de la Pobreza.

El acuerdo de concesión establecía un plazo de doce meses para la ejecución de las actividades, contado a partir de la recepción de los fondos por parte del Banco Estatal de Vietnam. El importe del pago al beneficiario no se ha realizado.

Los avances de Vietnam en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido más rápidos de lo esperado. El país ha alcanzado varios de los más relevantes y se encuentra en camino de conseguir la mayoría de los restantes, incluso antes de 2015. Paralelamente al crecimiento económico y al avance en los índices de desarrollo humano, las instituciones del Estado han sufrido transformaciones tras dos décadas de reformas y el país está cada vez más vinculado a instituciones globales y regionales, destacando su ingreso a la Organización Mundial del Comercio.

Repercusión en la política de cooperación

Los cambios positivos producidos en la situación de Vietnam están teniendo, como es lógico, una repercusión clara en la política de cooperación de los países donantes. Los Socios para el Desarrollo coinciden en la necesidad de actualizar los enfoques y modalidades de cooperación para adaptarlos a los nuevos retos de la realidad vietnamita y lo están haciendo desde distintas posturas. Suecia y Holanda se han retirado gradualmente, mientras que otros países como Finlandia, Irlanda o Noruega, han adaptado sus estrategias de cooperación para responder adecuadamente a las nuevas condiciones del país.

En este contexto de cambio y como consecuencia de la variación en las circunstancias que aconsejaron la concesión de la citada subvención de 3.500.000 euros, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) comunicó a Vietnam que iba a iniciar el procedimiento para revocar la citada subvención y que la Cooperación Española se concentraría en otras iniciativas que se ajustaran a la nueva fase de desarrollo socio-económico de la República Socialista de Vietnam.

Hacienda y Administraciones Públicas AUTORIZACIÓN A CANTABRIA PARA FORMALIZAR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO POR IMPORTE DE 50,3 MILLONES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 50.319.000 euros.

Esta autorización será atendida con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, creado por el Real Decreto Ley de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, del 13 de julio de 2012.

 

Economía y Competitividad ADENDAS A LOS CONVENIOS CON EXTREMADURA Y GALICIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE INNOVACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se ratifica la autorización provisional para la suscripción de sendas Adendas a los Convenios con la Junta de Extremadura y la Xunta de Galicia para el desarrollo de la Estrategia Española de Innovación en las respectivas Comunidades Autónomas.

En ambos casos se han producido retrasos en la ejecución de actuaciones, por lo que se trata de confeccionar un nuevo calendario de libramientos, que en el caso de Extremadura ascienden a 30 millones de euros en tres anualidades, que ahora concluirán en 2014, mientras que la Adenda en el caso de Galicia permite ajustes en el pago hasta 2015 para un total de 35 millones de euros.

ENCUESTA SOBRE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN EL PAÍS VASCO

Igualmente, el Consejo de Ministros ha ratificado la autorización provisional para suscribir un Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Vasco de Estadística para la realización de la encuesta sobre estructura de las explotaciones agrícolas 2013 en el ámbito territorial de esa de Comunidad Autónoma. Este Convenio supone continuar la línea de cooperación entre servicios estadísticos estatales y autonómicos que se vienen desarrollando satisfactoriamente en esta materia, con el objetivo de reducción de costes y esfuerzos. El Instituto Nacional de Estadística aportará a este respecto 83.000 euros al Instituto Vasco de Estadística.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad COMPROMISO DE GASTO DE MÁS DE 100 MILLONES EN PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la prórroga de 76 contratos de programas de termalismo social para su desarrollo y ejecución durante 2014, lo que supone un incremento de la inversión en los proyectos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de 34,9 millones de euros. Por tanto, el compromiso del Gobierno con dichos planes ascenderá al cabo del próximo ejercicio a 100,5 millones de euros.

El proyecto de Presupuestos de 2014 incluye una partida de gasto en los proyectos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de más de 109 millones de euros, y hoy se han autorizado expedientes con cargo a dicha partida porque los contratos vigentes hay que renovarlos antes de fin de año, con el fin de que las estancias en los balnearios acogidos a los programas de termalismo social abarquen todo el año que viene.

Los programas de termalismo social, cuyo objetivo pasa por la apuesta por un envejecimiento activo y prevención de situaciones de dependencia, consisten en turnos de estancia de diez o doce días de duración en los balnearios adscritos, un total de 104 en toda España. Con ello se genera una actividad económica estimada de más de 118 millones de euros, con el consiguiente mantenimiento y creación de puestos de trabajo.

El termalismo social se complementa con los planes de turismo del IMSERSO, dirigidos a personas mayores para su ocio y salud. Éstos suponen una actividad económica de casi 310 millones de euros.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad REGULADO EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el título de Técnico superior en Ortoprótesis y productos de apoyo y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Este Real Decreto actualiza la regulación de la formación y definición del perfil profesional del ortoprotésico (la anterior data del año 1995) en aplicación del Real Decreto por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, del 29 de julio de 2011. El Real Decreto define la estructura de los títulos de Formación Profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. La nueva cualificación incorpora el producto de apoyo en la definición competencial de estos profesionales.

La competencia general de este título consiste en diseñar, elaborar y adaptar órtesis, prótesis, ortoprótesis y productos de apoyo, atendiendo a la prescripción oficial correspondiente y a la evaluación física y psíquica del usuario, efectuar su seguimiento y mantenimiento, y organizar y gestionar el establecimiento ortoprotésico.

La propuesta de este Real Decreto ha sido presentada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido informe favorable del proyecto. La regulación específica del ámbito de la ortoprótesis significa, desde el punto de vista de la estructura formativa y del perfil de los profesionales, una ampliación y profundización en la cualificación profesional en un sector en el que se ha de garantizar la excelencia de la práctica profesional para la mejor atención a la población.

Educación, Cultura y Deporte APROBADOS DOS NUEVOS TÍTULOS DE TÉCNICOS EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

El Consejo de Ministros, ha aprobado dos Reales Decretos mediante los cuales se regulan, en los aspectos y elementos básicos, dos nuevos títulos de Técnico en Emergencias y Protección Civil y Técnico Superior en Coordinador de Emergencias y Protección Civil, además de fijar sus respectivas enseñanzas mínimas.

Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil

La competencia general de este título consiste en coordinar y supervisar la evaluación de riesgos, planificación e intervención en emergencias y acciones de protección civil y logística humanitaria que tienen origen natural, tecnológico y antrópico, garantizando la seguridad de las personas y de los bienes.

Técnico en Emergencias y Protección Civil

Interviene operativamente, cumpliendo con las normas de seguridad, en emergencias provocadas por sucesos o catástrofes originadas por riesgos diversos (naturales, antrópicos y tecnológicos), tanto en entorno rural y forestal como urbano. Realiza las actividades de control, mitigación y extinción de los agentes causantes de dichos sucesos (fuego, avenidas de agua y sustancias NBQ, entre otros), el rescate, el salvamento y la atención como primer interviniente de las personas afectadas y la rehabilitación de emergencia de las zonas o bienes concernidos. Además, mantiene operativos los vehículos, equipos, máquinas y herramientas de intervención, así como organiza los equipos y unidades bajo su responsabilidad, y contribuye a la divulgación y cumplimiento de los principios y normas de protección civil, aplicando la normativa vigente en materia de inspección y planes de autoprotección de edificios e instalaciones industriales.

 

Hacienda y Administraciones Públicas SUPLEMENTOS DE CRÉDITO A MUFACE PARA FINANCIAR SERVICIOS SANITARIOS Y PAGO DE MEDICAMENTOS

El Consejo de Ministros ha autorizado dos suplementos de crédito en el presupuesto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) destinados, por una parte, a financiar la prestación de servicios sanitarios al colectivo de mutualistas y demás beneficiarios y, por otra, al pago de medicamentos de dispensación hospitalaria.

Mediante el Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional y el Concierto de Asistencia Sanitaria en el Exterior, MUFACE reconoce sus obligaciones en la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios que hayan optado por recibirla a través de entidades de seguro. En el presente ejercicio se han producido unas necesidades adicionales por importe de 8.624.000 euros, motivadas por la revisión de precios de los componentes que integran los conciertos sanitarios.

Por otra parte, y como consecuencia de la nueva regulación sobre el establecimiento de medicamentos con reservas singulares establecida en el Real Decreto Ley de 2011, se ha producido un cambio en la dispensación de estos medicamentos que han pasado de ser suministrados por las oficinas de farmacia a ser dispensados por los servicios de las farmacias hospitalarias. Asimismo, se han incluido dentro del sistema nuevos medicamentos destinados a atender patologías complejas de elevado coste. Estos medicamentos tienen como destinatarios pacientes no hospitalizados y su coste es asumido íntegramente por MUFACE, lo que ocasiona unas necesidades adicionales por un importe de doce millones de euros.

Ambos suplementos de crédito se financian con el remanente de tesorería de la propia Mutualidad General de Funcionarios del Estado (MUFACE).

 

Educación, Cultura y Deporte COMPROMISOS DE GASTO PARA ATENDER LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA ENCUESTA DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en la ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a fin de atender los trabajos de campo de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015.

Esta Encuesta tiene por objeto, por un lado, evaluar la evolución de los principales indicadores relativos a los hábitos culturales de los españoles y, por otra, profundizar en otros aspectos relevantes en el ámbito cultural, especialmente en lo que respecta a los consumos culturales.

Con el fin de realizar dicha encuesta, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene previsto formalizar un contrato de servicios, a través de la Subdirección General de Estadística de la Secretaría General Técnica, al no disponer de medios materiales y personales suficientes para abordar los trabajos de campo que requiere el proyecto.

La Encuesta se dirige a una muestra de 16.000 personas de quince años en adelante, residentes en España, repartida en 1.150 secciones de todo el territorio nacional. El pago del precio se efectuará de forma fraccionada, previa conformidad por el órgano destinatario de la prestación, mediante la presentación de facturas correspondientes a entregas no inferiores a 2.000 cuestionarios, a excepción de la última entrega de cada año. El importe total de los pagos a realizar se estima en 750.000 euros: 400.000 euros en 2014 y 350.000 euros en 2015.

La Encuesta se realiza cada cuatro años y esta será su tercera edición; las anteriores se realizaron en 2006/07 y 2010/11.

 

Asuntos Exteriores y de Cooperación REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y CIENTÍFICA CON MOLDOVA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de Moldova.

El principal objetivo del Acuerdo es impulsar las relaciones entre los dos países en los ámbitos educativo, cultural y científico, dotándolas de un marco jurídico del que se carecía hasta el momento actual, a fin de fortalecer y consolidar los vínculos de amistad y entendimiento recíproco de los dos países.

Con la firma de este Acuerdo se pretende fomentar el conocimiento mutuo de las respectivas culturas, abriendo el cauce para mejorar las relaciones entre los dos países en otros sectores, como el económico y comercial.

El texto enumera detalladamente los diferentes ámbitos objeto de esta cooperación, tanto cultural como educativa y destaca la cooperación entre instituciones y organismos en materia de educación, museos, bibliotecas, archivos, exposiciones, organización de festivales y acontecimientos culturales, cine, conservación y restauración del patrimonio cultural, derecho de autor, juventud y deporte.

En el ámbito científico se contempla la cooperación en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante el establecimiento de contactos entre universidades e instituciones de investigación, profesores e investigadores, así como la transferencia de tecnología e innovación entre entidades, incluyendo empresas, de ambos países.

 

Asuntos Exteriores y de Cooperación PAGO A LA SOCIEDAD DE EXPANSIÓN EXTERIOR POR ACTUACIONES DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución a la Sociedad Estatal España Expansión Exterior S.A., por un importe máximo de 4.607.407,19 euros, IVA incluido, destinados a satisfacer los pagos derivados de encomiendas de gestión de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo.

El Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo permite a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevar a cabo encomiendas de gestión a entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración para cualquier tarea que estimen oportuna para mejorar la gestión del Fondo.

En virtud de ello, la Secretaría de Estado, mediante convenio suscrito el 7 de julio de 2011, realizó una encomienda de gestión a la Sociedad Estatal España Expansión Exterior, S.A. para la prestación de servicios de apoyo técnico en la identificación, el análisis, la formalización y el seguimiento de operaciones de cooperación financiera y ayuda reembolsable, así como en otras actuaciones relacionadas con el Fondo para la Promoción del Desarrollo.

En dicho convenio, que durará hasta el 31 de diciembre de 2014, se prevé que cada año de vigencia de la encomienda se apruebe una adenda con el importe máximo que se pagará a Expansión Exterior en el citado ejercicio. Para el ejercicio 2013 dicho importe máximo asciende a 4.607.407,19 euros, IVA incluido.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE UNA PASARELA EN RIANXO (A CORUÑA)

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia para la sustitución de la pasarela sobre el río Te, en el término municipal de Rianxo (A Coruña), por un importe global de 300.000 euros, IVA incluido.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente construyó, en el ámbito de la regeneración de borde litoral del entorno de Rianxo, 1ª fase playa da Torre-Muelle de Setefogas, la pasarela de madera de 125 metros de longitud que une el casco urbano de Rianxo con la playa de la Torre, próxima al núcleo de Taragoña. La obra supone la conexión entre estas poblaciones, evita un tránsito peatonal más largo y peligroso en el borde de carreteras y recupera la servidumbre peatonal litoral por la zona más poblada de Rianxo. En la pasarela están ubicados los distintos servicios de agua y saneamiento.

Esta pasarela ha sufrido un incendio provocado que la inutilizó para el paseo peatonal y que, en estos momentos, está a punto de sufrir un colapso con el consiguiente riesgo.

Las obras de emergencia consisten en la retirada de la pasarela de madera en todos sus vanos, sustituyéndola por una estructura metálica, con un presupuesto aproximado de las obras de 300.000 euros.

 

BIOGRAFÍAS Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador de España en la República de Honduras.-

D. MIGUEL ALBERO SUÁREZ.

Nacido el 12 de marzo de 1967, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática.

Ha sido segundo jefe en la Embajada de España en Senegal; director del Gabinete del Director del Instituto Cervantes; director del Instituto Cervantes en Roma; cónsul general de España en Mendoza y segundo jefe de la Embajada de España en Costa Rica. Fue jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y actualmente era director de programación en la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española.

Embajador de España en la República de Trinidad y Tobago.-

D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ DE TURISO.

Nacido el 12 de junio de 1963 en Oviedo, es Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación e ingresó en 1991 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Namibia, Túnez, Nicaragua, Cuba e Italia. Fue vocal asesor en la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica; jefe del Departamento de Cooperación con el Mediterráneo y el Mundo Árabe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); director general de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, y director de Cooperación Sectorial de Género y ONGD de la AECID. Actualmente era vocal asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

 

Director general del Servicio Exterior.-

D. ENRIQUE RUIZ MOLERO.

Nacido el 28 de octubre de 1954, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1979 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Panamá, Países Bajos y Brasil. Fue subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales con Países Europeos y Zonas Europeas de Libre Cambio, subdirector general de Relaciones Multilaterales y de Desarrollo, y subdirector general de Personal. En el año 2000 fue nombrado embajador de España en Mauritania y, posteriormente, cónsul general de España en Perpignan y director adjunto de la Escuela Diplomática. Actualmente era cónsul general de España en Los Ángeles.