La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Plan de regeneración democrática consistente en 40 medidas que se negociarán con los grupos parlamentarios. 

Estas medidas, según ha explicado Sáenz de Santamaría, responden al compromiso del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación y se dirigen a reforzar el control de la actividad económica y financiera de los partidos, a mejorar la regulación del ejercicio de cargos públicos, especialmente en la Administración General del Estado y a implantar medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.

A fin de reformar el control de la actividad de los partidos, el Gobierno propone, entre otras medidas, regular la figura del responsable económico financiero de los partidos que, además, deberá comparecer anualmente en el Parlamento, retener las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas y obligarles a estar al corriente de obligaciones tributarias y de seguridad social para poder recibir subvenciones.

El Plan pretende también, ha señalado la vicepresidenta, que "se sepa de verdad qué derechos y obligaciones tienen los cargos públicos", que sus gastos de representación sean exclusivamente para los usos que fije la ley, prohibir el uso de las tarjetas de crédito y ampliar el número de altos cargos sometidos al control reforzado de sus actividades económicas.

Dar una respuesta penal a la corrupción es otra de las finalidades de medidas presentadas. Para ello se creará un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos, se revisarán distintos tipos penales (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias), se ampliará la prohibición de contratar con las administraciones públicas y se incluirán medidas para agilizar los procedimientos.