El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento que desarrolla la Ley de 22 de septiembre de 2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. El nuevo texto ha incorporado las principales alegaciones de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo y recoge una ambiciosa regulación cuyos efectos se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1960.

 

APROBADO EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Incorpora las principales alegaciones de diferentes asociaciones de víctimas. Se incrementan las indemnizaciones por daños materiales, se eleva el límite cuantitativo de las ayudas psicológicas y se mejora la regulación de las ayudas educativas y psicopedagógicas. Por primera vez, los amenazados por los terroristas recibirán ayudas y podrán hacerlo con carácter retroactivo, como consecuencia de amenazas sufridas desde 1 de enero de1960. Como "ventanilla única", el Ministerio del Interior será el encargado de gestionar todas las ayudas con el objetivo de facilitar a las víctimas los trámites de solicitud. Se abre el plazo de un año para que las víctimas puedan solicitar la diferencia entre las indemnizaciones inicialmente cobradas por atentados cometidos desde el 1 de enero de 1960 y la cantidad establecida por la ley, para solicitar indemnizaciones a quienes no hayan cobrado ayudas y para aquellos que en un futuro puedan ser víctimas del terrorismo.

Se estima que la mayor parte del colectivo de víctimas del terrorismo será perceptora de alguna de las ayudas y condecoraciones que regula. El Ministerio de Interior será el encargado de gestionar todas las ayudas con la finalidad de facilitar su gestión a las víctimas del terrorismo que, de esta forma, podrán tramitar ante una "única ventanilla" las prestaciones a las que legalmente tienen derecho.

La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y su Reglamento conforman el nuevo sistema normativo que refunde en un único cuerpo el régimen jurídico de los resarcimientos por daños personales, las indemnizaciones derivadas del abono extraordinario de la responsabilidad civil subsidiaria por el Estado, los gastos por daños materiales, así como las ayudas médicas, psicológicas, educativas y condecoraciones y distinciones honoríficas.

El Reglamento afianza el principio de ofrecer a las víctimas del terrorismo una atención integral con una nueva regulación de las ayudas por asistencia psicológica, educativa y psicopedagógica. De hecho, el nuevo texto eleva de 3.000 a 3.600 euros las asignaciones por tratamiento psicológico. Asimismo, se destinarán entre 300 y 1.500 euros a ayudas educativas, y también tendrán cobertura económica los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria que precisen de medidas específicas de apoyo educativo.

Tres situaciones para recibir indemnizaciones

Una importante característica del Reglamento es su efecto retroactivo, con lo que se sigue el mismo criterio que en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. En este sentido, el nuevo articulado contempla tres situaciones:

Permite solicitar en el plazo de un año la diferencia entre las indemnizaciones inicialmente cobradas por atentados cometidos desde el 1 de enero de 1960 y la cantidad establecida por la Ley. También en el plazo de un año, las víctimas que nunca hayan sido reparadas podrán ser indemnizadas en cuanto a daños personales, daños materiales u otro tipo de ayudas (educativas, tratamientos médicos, asistencia psicopedagógica o extraordinarias) no reguladas en la fecha del atentado. Permite solicitar ayudas, en el plazo de un año, a aquellos que pudieran sufrir una acción terrorista cuando ésta hubiese tenido lugar tras la aprobación del Reglamento.

Ayudas por daños materiales

El Reglamento incrementa las ayudas por daños materiales. Así, se elevan hasta los 113.680 euros (antes fijadas en 90.151,82 euros) las indemnizaciones para cubrir daños en la vivienda habitual afectada por un atentado terrorista. Del mismo modo, aumenta la asignación para gastos generados por alojamiento provisional: en el caso de que sea en un establecimiento hotelero, la cantidad será de 90 euros por persona y día (antes eran 60,10 euros) y se mantiene la de 1.500 euros para el alquiler de vivienda. También se eleva a 113.680 euros la indemnización por daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, mientras que la destinada a cubrir los daños en vehículos causados por un atentado terrorista pasa de los 21.035 euros hasta los 30.500 euros.

Indemnizaciones para los amenazados

Además, el Reglamento recoge ayudas extraordinarias para los amenazados por organización terrorista. Con el nuevo texto, los que acrediten la condición de amenazados podrán percibir ayudas que faciliten el traslado de localidad, el abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros que se deriven de la situación de amenazado, como ayudas por tratamiento psicológico y otras dirigidas a la reinserción laboral.

Además, el Reglamento permite la aplicación de las ayudas con carácter retroactivo (desde el 1 de enero de 1960). De esta forma, aquellas personas que acrediten que, por ejemplo, tuvieron que abandonar su lugar de residencia por estar amenazadas podrán solicitar a la Administración del Estado que les sufrague los gastos ocasionadas por esta circunstancia. Se trata de una importante novedad porque, hasta ahora, los amenazados no recibían ningún tipo de ayuda de la Administración del Estado.

España lidera a nivel europeo y mundial un sistema de atención integral a víctimas de atentados terroristas. Con este Reglamento se completa el sistema legal, con la finalidad de obtener la reparación integral de las víctimas y su reconocimiento social. Con carácter previo a la aprobación de este texto, en el año 2012 el actual Gobierno dio luz verde a una serie de medidas para incentivar la integración en el mercado laboral de las víctimas del terrorismo y amenazados, así como otras destinadas a facilitar a las víctimas el acceso al Plan de Vivienda 2013-2016.

Reglamento Víctimas Terrorismo

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES

Refuerza la coordinación del Estado con las Comunidades Autónomas para garantizar su correcta conservación y permite la intervención estatal directa ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios Se crea un Comité de Colaboración y Coordinación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas para el conjunto de los Parques Nacionales y una Comisión de Coordinación para cada uno de los Parques situados en varias Comunidades Autónomas.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente sobre el Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales con el que se garantiza su adecuado estado de conservación y se refuerza la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas encargadas de gestionar estos espacios, que cuentan con la máxima protección medioambiental.

En la actualidad existen quince Parques Nacionales que ocupan una superficie de 380.983 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación, las especies más emblemáticas del país. La última incorporación ha sido la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, situado entre Madrid y Castilla y León, tras una tramitación que se ha prolongado durante diez años y que concluyó el pasado mes de junio.

El Anteproyecto de Ley incluye una importante novedad y subsana un vacío legal existente en materia de Parques al introducir la posibilidad de intervención estatal en el caso de catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro su riqueza natural.

En este sentido, el nuevo texto normativo atribuye al Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la potestad de declarar una emergencia, bien por propia iniciativa o de las Comunidades Autónomas.

Esta declaración, que puede producirse por ejemplo en el caso de incendios forestales, supone la obligación de las autoridades competentes de movilizar los medios humanos y materiales que se encuentren bajo su dependencia para restablecer la normalidad.

Preservar la riqueza del patrimonio natural

Con el objetivo de asegurar su estado de conservación, el Estado se reserva la posibilidad de intervenir, con carácter excepcional, cuando disponga de datos que indiquen que un Parque Nacional se encuentra en un estado desfavorable y los mecanismos de coordinación no resultan eficaces para garantizar su conservación.

En este caso, según recoge el texto del Anteproyecto, de forma puntual, singular y concreta se podrán aplicar las medidas y acciones indispensables para evitar daños irreparables en los sistemas naturales del Parque Nacional.

Asimismo, para impulsar la coordinación por parte del Estado y avanzar en una mejor conservación, la futura norma crea dos órganos dedicados específicamente a este objetivo: un Comité de Colaboración y Coordinación, integrado a nivel técnico por representantes de todos los Parques Nacionales junto con los representantes de la Red de Parques, y una Comisión de Coordinación para cada uno de los Parques Nacionales situados en territorios de varias Comunidades Autónomas.

El Anteproyecto recoge también la elaboración de un Plan Director de Parques Nacionales, que incluirá las directrices y los criterios comunes para la gestión de valores cuya conservación ha sido declarada como de interés general. Se incorpora al texto normativo la puesta en marcha de un Comité Científico de Parques Nacionales, que generalizará las funciones de asesoramiento técnico al conjunto de estos espacios.

El Anteproyecto es muy exigente con las características medioambientales y sociales que deben tener los territorios sobre los que se declaren nuevos Parques Nacionales y, en particular, aumenta su superficie mínima requerida de veinte mil a veinticinco mil hectáreas.

Incorpora la posibilidad de ampliar Parques Nacionales ya declarados, con áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, así como la integración de los habitantes del entorno de los Parques y de los titulares de derechos en su interior. Incluye el desarrollo sostenible del entorno de los Parques e introduce como novedad programas piloto que activen la economía sostenible de la zona y potencien el empleo verde.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley contempla la caza deportiva y comercial como una actividad incompatible en los Parques Nacionales, así como la pesca deportiva y recreativa y la tala con fines comerciales.

Marca "Parques Nacionales de España"

Los Parques Nacionales deben ser capaces de ofrecer ciertas formas de aprovechamientos y deben también abrir más su gestión a la sociedad. Para ello, la futura Ley prevé acciones para el desarrollo territorial como ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los parques, dentro de su ámbito de competencia, y conforme a las disponibilidades presupuestarias.

También prevé el desarrollo de la marca "Parques Nacionales de España" como un identificador común de calidad para estos espacios, que constituyen la muestra más representativa del patrimonio natural del país.

Por último, el Anteproyecto subraya que los Parques Nacionales deben constituir un referente no solo en su forma de hacer conservación, sino también en su manera de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus actividades. Así, para asegurar la implicación social en la preservación de estos valores, el Organismo Autónomo Parques Nacionales pondrá en marcha programas de voluntariado en la Red, en colaboración con las organizaciones comprometidas en estos objetivos.

 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

INFORME DE SEGUIMIENTO EN 2012 DEL PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

La mejora en la asistencia a las víctimas de trata durante 2012 culmina con el derecho a asistencia jurídica gratuita sin que deban acreditar insuficiencia de recursos El derecho, incluido en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia, se ha hecho efectivo este mismo año a raíz de una propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad El Informe denota una mejora en los parámetros asistenciales y una evolución positiva de las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado

El Consejo de Ministros ha conocido el IV Informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual correspondiente a 2012. El informe pone de manifiesto la positiva evolución de las actuaciones policiales contra esta lacra, pues se identificaron menos víctimas que en 2011, y revela la mejora en la asistencia a las mujeres que la padecieron, mejora que culmina con el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita con independencia de su nivel de recursos y, por tanto, sin la obligación de acreditar que no tienen medios para costear el proceso.

Ésta es una de las novedades de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita que ha llevado a cabo el Ministerio de Justicia, tras la propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hasta primeros de este año, las víctimas de trata que interponían una denuncia debían acreditar "insuficiencia de recursos" para recibir la asistencia gratuita de un abogado, pero ya no será así. Independientemente del nivel económico, cualquier mujer que sufra la trata con fines de explotación sexual y denuncie la situación no pagará absolutamente nada en ninguno de los tramos del proceso.

El IV informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual recoge información de veintiuna entidades especializadas en la atención a víctimas. Dichas organizaciones poseen 43 centros con 409 plazas y con servicios que discurren desde la asistencia psicológica programas de inserción laboral. El informe se completa con los datos de otras 46 entidades de atención ambulatoria (sin alojamiento) y que, en términos totales, tienen 113 centros con una variada y amplia gama de servicios.

Los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Empleo y Seguridad Social, Justicia e Interior, así como la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, aportan la documentación de la que se nutre un informe que enumera hasta los cursos de formación impartidos en cada departamento. El 89 por 100 de los integrantes de las Unidades contra las redes de inmigración ilegal del Cuerpo Nacional de Policía han recibido cursos específicos o, por citar otros ejemplos, el Ministerio de Justicia ha organizado actividades formativas para unas 1.380 personas y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha especializado a través de distintos cursos a un centenar de profesionales.

Esfuerzo en la prevención y detección temprana

La apuesta por la formación del personal de la Administración y de los profesionales se encamina a fortalecer la detección temprana, aspecto que se ha trasladado a los trabajadores de la sanidad. En diciembre del año pasado, se aprobó el Protocolo para la Actuación Sanitaria en materia de violencia de género, el cual añade un epígrafe con información acerca de la violencia extrema que pueden sufrir mujeres y niñas víctimas de trata, raptadas en muchos casos o seducidas por la promesa de una mejora en su condición de vida en otro país. Son circunstancias que pueden producir graves secuelas. El protocolo, en suma, instruye al personal sanitario y le informa de que casi siempre representan la única vía de salida para estas mujeres.

Además, el Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia sanitaria en España, con fecha del 3 de agosto, establece en su disposición adicional quinta el acceso a la sanidad de las víctimas de trata en situación irregular que ya tengan concedido el periodo de restablecimiento y reflexión.

Mejora asistencial

Los sucesivos informes de seguimiento denotan una mejora de la calidad asistencial a las víctimas de trata, consecuencia, entre otras razones, de la mejora en la recogida de datos. Las actuaciones que se iniciaron en 2009, año del primer Informe de Seguimiento de la lucha contra la trata, han tenido continuidad por todos y cada uno de los ministerios concernidos, y no sólo eso, sino que muchos han podido racionalizar sus recursos para orientarlos a la atención y asistencia de las víctimas.

También es de destacar, según señala el Informe, el impulso de la coordinación territorial, la formación de profesionales y la aceleración en los sistemas de prevención y sensibilización.

Al cabo de 2012, la Administración y las organizaciones sociales contactaron con 34.532 mujeres en situación de riesgo y de ellas recibieron atención 5.898 mujeres. 1.317 de las personas atendidas presentaron signos de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual, lo que se tradujo en la interposición de 192 denuncias. El 57 por 100 de dichas denuncias las ejercieron mujeres de entre dieciocho y veinticinco años. Trece eran menores de edad.

Eficacia policial y de la justicia

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaron el año pasado 2.201 inspecciones de lugares de prostitución, sobre todo en áreas urbanas (un 38 por 100), y 239 atestados policiales. Por otro lado, se detectó a 12.305 personas en coyuntura de riesgo y se identificó a 976 víctimas: 125 de trata con fines de explotación sexual y 851 de explotación sexual. Un total de 377 mujeres del global de víctimas se encontraba en situación irregular. A todas ellas se les ofreció el periodo de restablecimiento y reflexión.

Actuaron los cuerpos de seguridad contra nueve organizaciones criminales y contra 31 grupos, llegando el número de detenidos a 566 personas.

Como novedad, el Ministerio Fiscal ha informado de las dos primeras condenas por el delito de trata de seres humanos, ambas en 2012, y de la apertura de 131 diligencias previas.

En definitiva, y en comparación con 2011, ha bajado el número de organizaciones criminales y de grupos contra los que ha actuado la policía, así como el de detenidos, lo que refleja las dificultades crecientes que las redes mafiosas encuentran en España para implantar su actividad.

Paralelamente, los servicios de la Administración y de las organizaciones pueden asumir la ayuda a cada vez más mujeres, porque a ellos se han orientado la mayoría de los recursos.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MODIFICADO EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN MATERIA DE REGISTRO DE AGUAS Y DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE DAÑOS

Reordenará el funcionamiento del Registro de Aguas, dotará de efectividad a la Base Central del Agua, desarrollará los criterios para valorar el daño en el dominio público-hidráulico y aumentará la eficacia de la Administración, lo que favorece la simplificación administrativa

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por otro Real Decreto del 11 de abril de 1986, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.

Este Real Decreto da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas con el desarrollo normativo de la organización y funcionamiento del Registro de Aguas y de su Base Central de datos, para que cumplan con sus objetivos de ser un instrumento fundamental para la gestión y control del dominio público hidráulico y de la planificación hidrológica.

Con todo ello, haciendo uso de los avances tecnológicos basados en la administración electrónica, se trata de lograr una simplificación administrativa y la disminución de cargas a los ciudadanos garantizando un mejor servicio.

Actualización del registro

El Registro de Aguas se actualizará, lo que permitirá su transformación en un registro electrónico en beneficio de los Organismos de cuenca, manteniendo una actualización continua de la información sobre los derechos de usos de aguas y adaptándolo a los nuevos avances tecnológicos y a los requisitos fijados por la normativa en materia de administración electrónica.

Su contenido, así, se adaptará permitiendo inscribir los aprovechamientos de aguas de fuentes de agua no convencionales, como la desalación o la reutilización de aguas residuales.

Asimismo, se dotará de una mayor efectividad a la Base Central de datos del agua, para conocer y difundir los usos del agua en toda España.

Criterios objetivos

Este Real Decreto que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico incorpora también los criterios objetivos y homogéneos que permitan el cálculo de los daños causados al dominio público hidráulico por los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción en materia de aguas en el ámbito de actuación de la Administración General del Estado. De este modo, se resuelve el vacío legal producido por la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nula parte de la Orden Ministerial de valoración de daños, el único instrumento que hasta ahora se utilizaba para este objetivo.

Se promoverá, así, un entorno de mayor certidumbre y sencillez para los ciudadanos y las empresas en el marco de la actividad sancionadora del Estado en materia de aguas, lo que prevé también aumentar la eficacia gracias a la simplificación de los procedimientos.

Este Real Decreto se aprueba al amparo de la atribución al Estado de la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación, concesión y aprovechamiento de los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una Comunidad Autónoma.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

La mayor parte de la inversión a acometer en los próximos años se destina a mejoras en el saneamiento y la depuración, especialmente a la mejora del saneamiento de la Bahía de Palma Con este son quince los planes de cuenca impulsados por el actual Ejecutivo, once de ellos ya aprobados por el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, del Plan Hidrológico de la demarcación de las Illes Balears.

Con éste ya son quince los planes hidrológicos impulsados por el actual Ejecutivo en poco más de año y medio, once de ellos ya aprobados por Real Decreto (Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas y el aprobado hoy), y tres en su última fase administrativa tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua (Ebro, Ceuta y Melilla), a los que se suma el proyecto del plan del Júcar, desde el pasado mes en información pública.

Amplio programa de medidas

El Plan Hidrológico de las Illes Balears incluye un amplio programa de medidas, con una inversión total prevista, entre todas las Administraciones, de unos 2.700 millones de euros hasta 2027.

Para el primer ciclo temporal, hasta 2015, se prevé una inversión total, entre todas las Administraciones, de más de 145 millones de euros, de los que 133 millones de euros se destinarán a infraestructuras.

En concreto, la mayor parte de la inversión a ejecutar en los próximos años se destina a mejoras en el saneamiento y la depuración (106 millones de euros), especialmente a la mejora del saneamiento de la Bahía de Palma.

Complementariamente, el Plan incluye diecisiete programas de acción específica, dirigidos especialmente a la mejora de la información hidrológica y del censo de aprovechamientos, a mejorar la gestión de las aguas subterráneas con acciones generales de control y concretas de recarga, a la reutilización de aguas regeneradas, a la previsión y defensa frente a inundaciones y sequías y a la integración de nuevos recursos no convencionales. Figura también un programa específico sobre actuaciones e infraestructuras en aguas costeras.

 

Informes favorables

El Plan Hidrológico es el elemento básico de gestión de una demarcación hidrográfica y tiene como objetivos conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Marca las pautas para atender las demandas de agua respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial.

El Plan de las Illes Balears ha sido elaborado y propuesto por la Comunidad Autónoma, competente en materia de planificación hidrológica al tratarse de una cuenca que se desarrolla íntegramente en su territorio (intracomunitaria). Fue informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de julio y la Dirección General del Agua elevó el plan al Consejo de Ministros tras comprobar que se ajustaba a las prescripciones de la Ley de Aguas.

Con la aprobación de este Plan Hidrológico se continúa avanzando en el proceso de planificación hidrológica, impulsando la coordinación de todos los intereses territoriales y garantizando el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de cara a conseguir aprobar los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias) antes de que finalice este año.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE CATALUÑA SOBRE EL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ELECTRÓNICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación con los artículos 12.1.f) y 15.h), y las disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

El Gobierno de la Generalidad entiende que tales preceptos invaden la competencia autonómica sobre los medios materiales de la Administración de Justicia en Cataluña recogida en el artículo 104.c) EAC, los cuales incluyen los medios informáticos.

No obstante, el art. 149.1.5ª de la Constitución Española, conforme a la jurisprudencia constitucional, otorga al Estado competencias sobre coordinación cuando las medidas adoptadas presenten alcance supracomunitario, lo que ocurre en el presente caso atendiendo, entre otros extremos, a la propia naturaleza del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, el cual no es sino un órgano de cooperación en el que están representadas las Comunidades Autónomas con derecho a voto.

Por tanto, en ejercicio de su competencia de coordinación, el Estado ostenta competencia suficiente para dictar la norma cuestionada y rechaza el requerimiento formulado.

 

Fomento

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO CARCHUNA-CASTELL DE FERRO, DE LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7, EN GRANADA

El Consejo de Ministros ha autorizado el Acuerdo para la contratación de obras complementarias en el tramo Carchuna- Castell de Ferro, de la autovía del Mediterráneo A-7, en la provincia de Granada. El importe estimado de las obras asciende a 14.113.602 euros.

Del conjunto de actuaciones incluidas en las obras complementarias destacan los trabajos de mejora de la estabilidad de los taludes, la ejecución de pasos inferiores y la adecuación del túnel del Romeral.

En esa línea de actuación son, asimismo, resaltables los trabajos previstos de movimientos de tierras, dada la necesidad de realizar una serie de excavaciones complementarias, la obra de cinco nuevos pasos inferiores, la reposición del Camino del Espinar y la ejecución de estructuras provistas de muros de escollera para la contención de terraplenes.

Todos estos trabajos mejoran y complementan el proyecto original del tramo Carchuna-Castell de Ferro, y se suman a la autorización otorgada en el último Consejo de Ministros, de 30 de agosto, para contratar también obras complementarias, por importe de 30 millones de euros, en el tramo Taramay-Lobres, de la misma autovía del Mediterráneo A-7, a su paso por la provincia de Granada.

Educación, Cultura y Deporte

APROBADOS DOS NUEVOS TÍTULOS DE TÉCNICO DEPORTIVO Y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN ATLETISMO

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos mediante los cuales se regulan otros tantos nuevos títulos de los títulos de Técnico Deportivo Superior en Atletismo y Técnico Deportivo en Atletismo, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

La finalidad de estas enseñanzas es la de preparar a los alumnos y alumnas para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especialidad deportiva, y facilitar la adaptación de los términos formados a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.

Estas enseñanzas deben organizarse tomando como base las modalidades y/o especialidades deportivas, de conformidad con el reconocimiento otorgado por el Consejo Superior de Deportes y de acuerdo con la Ley del Deporte de 1990. Esta organización se debe realizar en colaboración con las Comunidades Autónomas, previa consulta con los correspondientes órganos en materia de enseñanzas deportivas.

Las Enseñanzas Deportivas se estructuran en dos grados: medio y superior. El primero conduce al título de Técnico Deportivo y se inscribe dentro de la enseñanza secundaria postobligatoria. Por su parte, el grado superior se inscribe dentro de la Educación Superior no universitaria y conduce al título de Técnico Deportivo Superior, que permitirá el acceso a los estudios universitarios.

Técnico Deportivo en Atletismo

El proyecto va dirigido a todos aquellos que deseen desarrollar un perfil profesional vinculado a:

Dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva en atletismo; Adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico en la etapa de tecnificación deportiva en atletismo; Organizar, acompañar y tutelar a los atletas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propios de este nivel; Gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo.

El título de Técnico Deportivo en Atletismo permitirá el acceso directo a todas las modalidades de Bachillerato.

Técnico Deportivo Superior en Atletismo

Este proyecto va dirigido a todos aquellos que deseen desarrollar un perfil profesional vinculado a:

La programación y dirección del entrenamiento deportivo orientado hacia la obtención y mantenimiento del rendimiento en atletas y equipos; La organización, tutela y participación en competiciones de alto nivel en la modalidad; La coordinación de técnicos especialistas en alto rendimiento en la modalidad deportiva. La organización de competiciones y eventos propios de la iniciación y tecnificación deportiva; y todo ello de acuerdo con los objetivos establecidos, el nivel óptimo de calidad, y en las condiciones de seguridad;

El título de Técnico Deportivo Superior Atletismo permite el acceso directo a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

 

Justicia

SOLICITADA A PANAMÁ LA EXTRADICIÓN DE FAUSTINO ARISTIMUÑO POR FALSEDAD DOCUMENTAL Y ESTAFA

El Consejo de Ministros ha solicitado a Panamá la extradición del ciudadano español Faustino Aristimuño Zurbano por los delitos de falsedad documental y estafa. Ésta es la cuarta petición de extradición cursada contra Aristimuño por otras tantas causas abiertas en su contra en España.

En esta ocasión le reclama el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza para juzgarle por, supuestamente, haber emitido entre agosto de 2005 y julio de 2006 certificaciones de obra a nombre de la empresa de la que era representante legal por trabajos de reforma y adecuación de un hotel por un importe de unos 600.000 euros. Según la petición de extradición, las certificaciones que realizó no se ajustaban a la realidad.

Esta petición de extradición se suma a las tres solicitudes procedentes de diferentes Juzgados de Zaragoza, dos de ellas para cumplimiento de condena y una para su enjuiciamiento, aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 21 de junio.

Condenas pendientes

Aristimuño tiene pendiente dos condenas de prisión que suman cuatro años y nueve meses por seis delitos contra la Hacienda Pública. El Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza le reclama para el cumplimiento de un año de prisión por un delito fiscal del ejercicio 1999, cuando ocultó las ganancias auténticas de la sociedad limitada que dirigía, mediante la elaboración de facturas falsas con las que habría defraudado un total de 320.282,38 euros.

El Juzgado de lo Penal número 7 de la misma ciudad reclama a Faustino Aristimuño para que cumpla 3 años y 9 meses de prisión por cinco delitos contra la Hacienda Pública por no haber pagado el IVA correspondiente a los ejercicios fiscales 2001 y 2002, de 181.358,24 euros y 336.286,19 euros, respectivamente. Igualmente, cometió un total de tres fraudes en el IRPF durante los ejercicios 2000 (759.084,34 euros), 2001 (517.879,98 euros) y 2002 (846.665,90 euros).

Además, se solicita su entrega para ser juzgado por los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa. En este procedimiento se le acusa de falsificar la firma del representante legal de una sociedad mercantil en una letra de cambio por la que habría cobrado ilícitamente un total de 100.000 euros.

Industria, Energía y Turismo

DESESTIMADOS OTROS DOS RECURSOS CONTRA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS "CRONOS"

El Consejo de Ministros ha acordado desestimar dos recursos administrativos interpuestos contra el permiso de investigación de hidrocarburos 'Cronos', que comprende áreas de las provincias de Soria y Guadalajara, otorgado a la sociedad "Frontera Energy Corporation" mediante un Real Decreto del 26 de abril de 2013, de acuerdo con lo establecido en la ley del sector de Hidrocarburos. El pasado Consejo de Ministros ya aprobó otro Acuerdo en el mismo sentido.

Los recurrentes alegaron indefensión en el procedimiento por no haberlos sometido a participación pública extendida. Además, reclamaron ser parte interesada y solicitaban la suspensión del acto por los supuestos perjuicios medioambientales que se pueden derivar de la explotación.

Por tratarse de recursos de reposición, corresponde resolverlos al mismo órgano que dictó el acto impugnado, es decir, al Consejo de Ministros.

El Acuerdo desestima los recursos sobre la base de los siguientes argumentos:

La condición de interesado debe considerarse circunscrita, a tenor de la Ley del Sector de Hidrocarburos y la jurisprudencia, a quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado por el permiso, lo que no concurre con los recurrentes. Sobre la oposición al inicio de los trabajos y suspensión del permiso por daños medioambientales, el acto administrativo se configura como una concesión demanial, por lo que no puede entrañar por sí ninguna afección al medio ambiente.

No obstante lo anterior, cabe señalar que en el procedimiento de tramitación de todos los permisos de investigación de hidrocarburos y, en particular de este permiso "Cronos", la solicitud del permiso se publica en el Boletín Oficial del Estado y que el otorgamiento de dicho permiso de investigación de hidrocarburos no implica la autorización de los trabajos concretos previstos en su plan de investigación. Estos trabajos requieren una autorización específica y, en esta autorización, la protección del medio ambiente en la realización de proyectos o trabajos que pudieran realizarse está garantizada por medio de un procedimiento que establece las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la seguridad medioambiental.

 

Industria, Turismo y Comercio

SEGREGACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LEÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ASTURIAS Y LEÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para que la delegación de León de Ingenieros Industriales se constituya como Colegio independiente, segregándose del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y León.

Esta segregación no afecta a lo previsto en la nueva Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

 

Interior

PRÓRROGA DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS "Z" PARA LA POLICÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) a adquirir compromisos de gasto con cargo al ejercicio presupuestario 2014 para prorrogar, por un período de seis meses, el contrato relativo al suministro, en régimen de arrendamiento, de vehículos turismo radio patrulla tipo "Z" con sus correspondientes kits policiales y kilometraje limitado, por un importe de 1.262.574,60 euros.

La autorización se deriva de que, unido a otros compromisos de gasto adquiridos con anterioridad con cargo a la anualidad 2014 y a la misma aplicación presupuestaria, se supera el porcentaje máximo de gasto previsto en la legislación presupuestaria.

La prórroga, que abarcará un periodo de seis meses hasta el 30 de junio de 2014, se realizará en las mismas condiciones que el vigente contrato.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para las siguientes finalidades:

39.044,87 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la citada cuantía para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de 5 de marzo de 2013, por reclamación de intereses de demora, relativos a la ejecución de las obras de un depósito regulador para la ciudad de Melilla. 10.778,99 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la citada cuantía para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de 30 de noviembre de 2012, por reclamación de intereses de demora relativos a la obra de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de San Javier (Murcia).