El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid, que preside Jaime Cabrero García, advierte de que si no se mejoran las medidas para proteger a los deudores hipotecarios durante la tramitación parlamentaria del último Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección en este ámbito se producirá, con toda probabilidad, un endurecimiento de las condiciones o requisitos para conceder créditos por parte de las entidades financieras.

Madrid, 12 de Diciembre de 2012.- El Coapi de Madrid valora de forma positiva el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para abordar esta problemática, situada en los umbrales de la alarma social. Buena prueba de ello es que ya a principios de año, en el mes de marzo, impulsó otro Real Decreto Ley en el que se introdujo, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar la figura de la dación en pago en nuestro ordenamiento. Ambas normas tienen un carácter complementario y a partir de ahora deberían correr a la par para paliar las situaciones que se están produciendo a nivel social. Sin embargo, el espíritu claramente delimitador y excepcional que predomina en ambas normas puede provocar que se queden virtualmente desfasadas ante un escenario de crecimiento de la morosidad que se acelera día a día. En este sentido, las medidas introducidas son excesivamente restrictivas.

A modo de ejemplo, y como apunta José Merino Tapia, Asesor Jurídico del Coapi de Madrid, “existe un grupo de desfavorecidos que no son en absoluto contemplados en el último decreto, como son los autónomos que se encuentren en situación extrema y a los que las Administraciones públicas les deben dinero con el que podrían pagar la hipoteca”.

A pesar de que el Gobierno estime sólo en 16.000 las familias que se verán afectadas por ejecuciones hipotecarias de primera vivienda en 2012 y de que la tasa de morosidad hipotecaria de las familias se sitúe en un 3,38%, el escenario económico y social a día de hoy no permite augurar que en 2013 vayan a mejorar o a contenerse tales cifras.

La propia Asociación Española de Banca (AEB) se ha preocupado de recordar al Gobierno de que “el coste económico de las medidas adoptadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito”. Por ejemplo, otras estimaciones sitúan el impacto de los desahucios para el año que viene en 75.000 familias. En este sentido, la normativa impulsada por el Gobierno no incluye otras medidas para que el banco pueda estudiar una casuística específica referida a otros colectivos con más posibilidades económicas pero que igualmente pueden verse afectados por los desahucios. Es decir, que exista más flexibilidad para encontrar soluciones paliativas o preventivas.

De entre los varios puntos que el Gobierno quiere mejorar en la tramitación parlamentaria, el Coapi de Madrid llama la atención sobre dos de ellos, ya que es necesario encontrar soluciones: el freno para que no sigan generándose intereses de demora y la eliminación del mercado de las cláusulas abusivas en la contratación bancaria.

De momento, el Código de Buenas Prácticas para la protección de deudores hipotecarios, que se puso en marcha en marzo, no ha conseguido sus objetivos, primero porque la adhesión de las entidades financieras es de carácter voluntario y segundo, por los restrictivos límites impuestos para que un ciudadano pueda acogerse a él. Así se desprende de las cifras facilitadas por el Ministerio de Economía y Competitividad.

En lo que se refiere a las medidas del Real Decreto Ley recientemente aprobado, y actualmente en sede de tramitación parlamentaria, seguramente provocarán, por parte de las entidades financieras la minoración de la concesión de créditos para financiar la compra de una vivienda y la exigencia de unos requisitos mayores para su concesión.

A todos estos puntos se añade el propósito del Gobierno de constituir un fondo social de viviendas para dar alojamiento a las personas que hayan sido desalojadas por el impago de la hipoteca. El ministro de Economía cifró en 6.000 el número de viviendas que conformarán este parque de “alquiler social”. Todavía es pronto para valorar el alcance de esta medida, si bien hay que recordar que este tipo de iniciativas no han funcionado en el pasado, tal y como sucedió en la anterior legislatura con la Sociedad Pública de Alquiler.

Sobre el Coapi de Madrid y los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).- El Coapi de Madrid tiene colegiación voluntaria y sus colegiados están repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Es una corporación de Derecho Público constituida como órgano de los API de Madrid. Los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria tienen colegiación voluntaria y están distribuidos por toda España. El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España es una corporación de Derecho Público, constituida como órgano soberano de los API y de los colegios en que éstos se hallan inscritos, en total 45 colegios. El Consejo de Coapis representa a todos ellos ante la Administración Central y demás poderes del Estado y las instituciones comunitarias y extranjeras.

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