La deuda de 40 millones de euros que les debe la Generalitat deriva de contratos administrativos que cuentan con asignación presupuestaria

La Asociación de Empresas de Accesibilidad Social (AECAS) ha presentado varios escritos, por registro de entrada, en la Generalitat Valenciana, en las Cortes Valencianas y en la Consellería de Bienestar Social, solicitando amparo tanto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al conseller, Jorge Cabré, y al vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, José Císcar, para que subsanen la deuda pendiente de 40 millones de euros que afecta a 51 centros concertados de la red pública de atención a la dependencia. Una solicitud a la que se han sumado algunos municipios de la Comunidad Valenciana por entender la realidad en la que pueden verse inmersos sus vecinos y las personas mayores alojadas en los centros AECAS. Paralelamente la entidad ha hecho partícipe de la situación a 44 municipios valencianos donde cuentan con un centro de accesibilidad social. La asociación recuerda al presidente Fabra que sus centros atienden a más de 6.000 mayores dependientes, da trabajo fijo a más de 3.000 personas y en ellos han invertido más de 300 millones de euros. “Sin embargo los impagos nos están colocando en riesgo de desaparición porque estamos llegando a situaciones límite a nivel de tesorería,  y se está generando impagos en las obligaciones con el personal, proveedores y entidades financieras”, dice Marcos Penades, presidente de AECAS. En la solicitud de amparo se recuerda que las facturas no pagadas derivan de contratos administrativos con asignación presupuestaria. Asimismo AECAS reclama igualdad de trato respecto al cobro. “No entendemos por qué unos colectivos han cobrado y a otros se les adeuda desde el pasado mes de enero”.