6.000 mayores dependientes atendidos, más de 3.000 puestos de trabajo estables y una inversión de más de 300 millones de euros están en riesgo de desaparición por los impagos

La Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS) reclama a la administración valenciana que cumpla sus compromisos de pagos y salde la deuda que tiene desde el pasado mes de enero con sus 51 centros concertados que forman parte de la red pública de atención a la dependencia. AECAS considera insostenible la situación financiera a la que se ven abocados los centros debido a este continuo retraso en los pagos por parte de la Consellería de Justicia y Bienestar Social. Un retraso en los pagos mucho más incomprensible si se tiene en cuenta que las residencias tienen firmados contratos de servicio con asignación presupuestaria plurianual con la Generalitat Valenciana. En este sentido AECAS apoya otras iniciativas para regularizar la situación, evitar futuros retrasos y establecer un calendario de pagos justo y consensuado  con todas las entidades Hay que recordar que las empresas que conforman AECAS no han cobrado “ni un euro de las facturas presentadas desde el pasado mes de enero” lo que las ha puesto en una situación límite a nivel de tesorería y que está generando impagos en sus obligaciones con su personal, proveedores y entidades financieras. En las diversas reuniones mantenidas con la Consellería de Bienestar Social, AECAS ha puesto sobre la mesa distintas propuestas alternativas para poner fin a esta situación, sin éxito. “Ninguna de las propuestas planteadas ha sido recogida por parte de los representantes públicos a pesar de que la deuda está respaldada por contratos de concierto plurianuales, como los que tienen otras entidades que sí cobran en plazos mucho más razonables”.

Asimismo AECAS no confía en que la prórroga del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) permita saldar la deuda a corto plazo, después de las declaraciones de los responsables políticos de los últimos días. Por ello reclama que se tomen otras medidas urgentes que pongan fin a esta situación actualmente insostenible y que afecta a un sector “estratégico” que genera salud, empleo e inversión. Así como a un gran colectivo vital, como son las personas mayores dependientes, de la sociedad valenciana.