La Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS) están negociando un acuerdo con la Generalitat Valenciana que garantice el mantenimiento de 4.000 plazas públicas concertadas y de estabilidad a los más de 3.400 puestos de trabajo que ofrecen las 47 residencias miembros de de la asociación.

La Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS) están negociando un acuerdo con la Generalitat Valenciana que garantice que se mantengan las 4.000 plazas públicas concertadas  y que se de estabilidad a los más de 3.400 puestos de trabajo que ofrecen las 47 residencias miembros de de la asociación. En una reciente reunión mantenida entre el presidente de AECAS, Marcos Penadés y el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, se planteó la gravísima situación que supondría para la Comunidad Valenciana la eliminación de la mitad de estas plazas, a las que pueden optar todos los dependientes, incluidos los que perciben rentas bajas. En la reunión, Penadés recordó que la Asociación se ha visto obligada a presentar una serie de alegaciones a las modificaciones que está desarrollando la Generalitat en el borrador de la Orden de la Ley de Dependencia por entender que se estaban reduciendo 2.000 plazas concertadas para personas dependientes en la Comunidad. Marcos Penadés recordó que “una plaza pública o concertada es la única que garantiza el acceso a cualquier persona a la red, independientemente de su situación económica ya que es el único tipo de plaza que no exige ninguna aportación por encima de la pensión". Por otro lado AECAS subrayó en el encuentro la necesidad de que la Administración cumpla sus compromisos de pagos. Las plazas concertadas de Accesibilidad Social están soportadas por un contrato administrativo con sus correspondientes partidas presupuestarias. En este momento la deuda que la Administración tiene contraída con las empresas de AECAS asciende a 34 millones de euros, no habiendo cobrado cantidad algunas en 2012,  al igual que sucede con otras entidades y colectivos de servicios sociales. Este principio de acuerdo, de plasmarse definitivamente,  supondrá no condenar a miles de dependientes a quedarse sin plazas en  las residencia concertadas, ni obligar al cierre de muchos centros de accesibilidad social caracterizados por sus altos estándares de calidad e instalaciones de última generación, y sobre todo garantizar el trabajo estable a más de 3.400 profesionales en su mayoría jóvenes.